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Denuncia de la persecución de defensores de los derechos humanos en Jujuy

COMUNICADO

Argentina, 22 de mayo de 2016

 Los integrantes del colectivo nacional de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad expresamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ataque por parte del poder judicial de la Provincia de Jujuy hacia quien ejerce la defensa técnica de la dirigente social Milagro Sala, presa política del régimen jujeño desde el mes de Enero de este año. El mes pasado fue contra el Dr. Luis Paz, en este caso contra la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta.

Desde nuestro colectivo vemos con mucha preocupación la violación de los derechos humanos y el  avasallamiento a lo prescripto en nuestra Constitución Nacional que se está produciendo en esa provincia argentina desde que asumiera el nuevo gobernador Gerardo Morales.

Molestar, denunciar y hostigar a las abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión y en el marco de la causa en la cual están ejerciendo la defensa técnica de una persona es una clara obstrucción al derecho de acceso a la justicia.

La CIDH en su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de Justicia del 5 de diciembre de 2013, precisa en el párr. 147. “La CIDH reitera que corresponde a cada Estado proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.” a propósito de observar entre otros, el caso argentino.

Exigimos el inmediato retiro de la denuncia hacia la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y alertamos a los colegios de abogados sobre la grave situación institucional que se está viviendo en Jujuy ante la persecución de defensores de los derechos humanos que oportunamente ya hemos presentado ante la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Colectivo nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad

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Persecución política y judicial a la abogada de Milagro Sala en Jujuy

MIENTRAS MANTIENEN ILEGALMENTE PRESA A MILAGRO SALA PERSIGUEN CON DENUNCIAS A SUS ABOGADOS.

EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL FORMULO DENUNCIA CONTRA SU DEFENSORA, LA ABOGADA ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA.

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Elizabeth Gomez Alcorta

Los jueces de Gerardo Morales, los mismos que mantienen presa a Milagro Sala desde hace más de cuatro meses sin pruebas, con imputaciones vagas y sin condena alguna, ahora persiguen a los abogados que la defienden. No les alcanza con tener presos políticos en Jujuy, tampoco con intentar destruir a la Tupac Amaru, ahora denuncian a los abogados de Milagro Sala demostrando que en Jujuy se vive un Estado de Sitio no declarado formalmente.

Hace más de un mes atrás se iniciaron actuaciones en contra de Luis Paz, defensor de Milagro Sala, en una actuación cuanto menos vidriosa y llena de intrigas, en la que el letrado fue convocado a prestar declaración indagatoria. Ese hecho generó un sinfín de comunicados de solidaridad con el abogado, por entender que no era otra cosa que un acto más de hostigamiento contra la dirigente ilegalmente detenida.

Esta semana, le tocó el turno a  Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, luego de que se presentara ante el Tribunal Oral Federal para asumir la defensa de la líder de la Tupac en una de las tantas causas que le ha plantado el régimen de Morales junto a su obediente partido judicial.

Dos jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, la Dra. María Alejandra Cataldi y el Dr. Mario Héctor Juárez Almaraz, elevaron una denuncia ante el fiscal federal en turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de usurpación de títulos y honores previsto en el art. 247 del Código Penal, dando muestras de una gravísima persecución a una abogada y violando, de esa manera, el derecho de defensa en juicio de Milagro Sala quien la había propuesto como su defensora para que intervenga en un juicio oral que se encuentra próximo a su inicio.

Al momento de presentarse a aceptar el cargo ante el Tribunal Oral Federal la   abogada Elizabeth Gómez Alcorta hizo saber expresamente por escrito y con el certificado correspondiente que el 13 de junio tenía fecha de juramento para obtener la matricula federal para intervenir en el interior, en la Cámara Federal de San Martín; el que explícitamente refería que hasta esa fecha podía actuar en cualquier jurisdicción . Los jueces que deberán juzgar a Milagro Sala no sólo rechazaron le posibilidad de que sea defensora sino que la denunciaron porque dicen que quiso ejercer la abogacía en Jujuy sin estar habilitada para hacerlo.

Está claro que presentar escritos ante la justicia jujeña para defender a Milagro Sala es un riesgo frente a un poder político y judicial que se lleva todo por delante, incluso la libertad y el derecho de defensa en juicio. Van por todo, de la forma que sea…

Frente a tamaña arbitrariedad y ejercicio de abuso de autoridad sólo resta imaginar cuál será la intervención de estos mismos jueces cuando se lleve adelante el debate oral y público que tiene a Milagro Sala como imputada de la instigación del delito de daños, resultando esta actitud un anticipo de la animosidad y falta de independencia de estos magistrados.

Así se vive hoy en la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales, aliado político de Mauricio Macri.

Publicado en EspacioPopular

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A 40 años del asesinato del “Negrito” Avellaneda

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A 40 años del genocida Golpe Cívico-Militar

Afiche Campo de Mayo

 

Continúan los despidos de trabajadores en Derechos Humanos de la Nación

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2016

Carta de SOL GILES

SOY UNA DE LOS 70.000 TRABAJADORxS DESPEDIDxS

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Me despidieron. Me despidieron como a un perro. Como a un “ñoqui”, nuestra peor pesadilla.
Me despidieron del lugar menos pensado, de la Secretaría de D e r e c h o s H u m a n o s de la Nación.
Me despidieron después de que el funcionario a cargo, Claudio Avruj, dijera delante de mí y de otros compañeros en sucesivas oportunidades que jamás despediría a un trabajador.
Me despidieron del lugar más emblemático del terrorismo de Estado: la tenebrosa “ESMA”, convertida en el domicilio de los derechos humanos durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Me despidieron de forma gradual: primero cambiándome de lugar y aislándome en el extremo más extremo de la oficina; después quitándome funciones; luego negándome la posibilidad de reunirme con la autoridad a cargo de mi área, el Director de Prensa.
Me despidieron sin siquiera evaluar mi capacidad, mi experiencia, mi formación académica, mi conocimiento en la materia, mi trabajo efectivo durante años en esa área del Estado.
Me despidieron oyendo, en ese mismo momento y por primera vez, el tono de mi voz.
Me despidieron ayer, 1° de Marzo de 2016, el mismo día que nos habían preguntado: “¿Alguien sabe quién fue Julio Morresi?”. La misma secuencia había sucedido unos días antes, tras conocer la partida de Juanita de Pargament. Pasaban la noticia de su muerte por los medios y los nuevos funcionarios querían “hacer prensa” con la dolorosa noticia. Cinismo puro.
Me despidieron luego de que manifestara la necesidad de continuar difundiendo en los medios de comunicación la agenda y el diario sobre los juicios de lesa humanidad que desde hace años realizamos como Estado nacional junto a los cientos de abogados querellantes, los organismos de derechos humanos y el Poder Judicial. Con un rostro de odio y revanchismo respondieron que “el pasado era pasado” y que ese tema “ya no vendía” en los medios.
No exagero: en casi dos meses, sólo una función me dieron. Una: que escriba una columna editorial -para que firme el Secretario Avruj- justificando la salida de prisión de todos los represores que están cumpliendo condena por cometer delitos de lesa humanidad, aduciendo que merecen la prisión domiciliaria debido a causales que yo debía inventar. Por ejemplo, que sufren violencia institucional o tienen riñas con quienes comparten celda y también secuestraron, torturaron, asesinaron, violaron, vejaron, robaron y se apropiaron de bebés durante la dictadura cívico-militar.
Me despidieron luego de que me negara a hacerlo porque, en ese caso, estaría faltando a la ética y a la verdad histórica, manchando las conquistas y la lucha de todo un pueblo por casi 40 años, y pasando por alto convenciones de derechos humanos, tratados internacionales, leyes y hasta la propia Constitución.
Me despidieron después de pasar un mes y medio solicitando que me den funciones ya que no concibo cobrar un sueldo y no cumplir tareas. Y después de que les pregunten a otros trabajadores quién era yo, qué hacía, cómo era.
Me despidieron después de constatar que el día del paro nacional de los trabajadores del Estado había faltado por adherirme en solidaridad con los despedidos.
Me despidieron sabiendo que me despierto todos los días a las 5 (cinco) de la mañana para poder llegar dos horas después y cumplir así mi horario laboral de 8 (ocho) horas diarias.
Me despidieron con una siniestra y falsa sonrisa, mientras repetían: “¿Sabes lo que pasa? Sobra gente para lo que debemos hacer” y yo veía de reojo, tras el vidrio, a siete personas que contrataron recientemente porque “vienen de Ciudad y tienen el mismo estilo”. Ése es el estilo macrista.
Así me despidieron. Igualito que a Celeste Rotella, la compañera diseñadora que se sentaba al lado mío y padeció las mismas injusticias.
Igualito que a los trabajadores del CCK, Ministerio de Cultura, Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Seguridad, Secretaría de Comercio, Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete, Fabricaciones Militares, Banco Central, Casa Rosada, INDEC, INAI, INADI, UIF, Nación Seguros, Vialidad Nacional, AFSCA, ORSNA, Aerolíneas Argentinas, Atucha, ARSAT, IGJ, INTI, Correo Argentino, SEDRONAR, Astillero Tandanor, PROMEBA, DeporTV, Infojus, Radio Nacional, CN23, Universidad de La Matanza, Superintendencia de riesgos del trabajo, la Cámara de Diputados y Senadores, los reprimidos de La Plata y etcétera, etcétera, etcétera.
Nos despidieron, y no hay lugar para las casualidades. Perdimos el trabajo. Pero jamás la dignidad. Jamás el amor a la Patria. Jamás las ganas de seguir luchando. Jamás nuestra conciencia de trabajadores por construir un Estado más justo, inclusivo y federal.
Nos despidieron del trabajo, pero no podrán despedirnos de la memoria.
Estamos enteros porque sabemos que no somos sólo nosotros, los despedidos, los que sobramos. En este modelo de país injusto, lo que sobra es la política de Estado que construyó la sociedad argentina en los últimos trece años y que el gobierno anterior y los organismos de Derechos Humanos bautizaron con el nombre de: Memoria, Verdad y Justicia.

Sol Giles

Periodista. Trabajadora de la Dirección de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

Despidos en áreas de Derechos Humanos: Informe de Situación al 29.01.16

Lunes 1ero de febrero de 2016

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MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Dirección Nacional de Derechos Humanos:

Coordina los requerimientos judiciales en el marco de las causas de lesa humanidad y de la sustracción y sustitución de identidad durante el Terrorismo de Estado.

Despidieron  parte del  equipo incluido el que trabajó en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga y a la coordinadora del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ).

El GEAJ (representa una instancia de control político) interviene en la coordinación con la justicia y con las fuerzas policiales y de seguridad, en aquellas medidas judiciales donde se investigan la apropiación y sustracción de niños durante la última dictadura cívico – militar.

También se despidió a trabajadores que desarrollaban tareas vinculadas a las políticas de género y las capacitaciones en Derechos Humanos a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad (FF.SS.).

Los despidos afectan:

  • Relevamiento y análisis de archivos pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Hubo más de 3.500 documentos presentados en causas judiciales de lesa humanidad.
  • Supervisión y seguimiento de los requerimientos judiciales realizados en el marco de causas de lesa humanidad. Hubo más de 2.300 requerimientos tramitados.
  • Seguimiento y análisis de las investigaciones realizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad para dar con el paradero de los prófugos en causas de lesa humanidad.
  • Desarrollo de políticas para la capacitación del personal de las Fuerzas en materia de derechos humanos.
  • Coordinación de los requerimientos en el marco de causas judiciales en las que se investiga la apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado. Hubo más de 460 medidas tramitadas.

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MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

Se ocupaba de desarrollar una política institucional compatible con las exigencias republicanas en materia de acceso a la información pública, colaborando activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del Terrorismo de Estado, y respecto de cualquier otro hecho en el que estuviera involucrado el desempeño de las instituciones del sector, por un lado, y colaboraba activamente en la consolidación de las políticas del Gobierno Nacional de lucha contra la impunidad, por la memoria y la verdad.

Al día de la fecha la situación es la siguiente:

  • Han extendido por tres meses los contratos de todos los equipos de investigación que desarrollan su tarea en los archivos (vencen en marzo). Están revisando los contratos y no les han dado ninguna directiva desde el cambio de gestión, razón por la cual están sin tarea desde mediados de diciembre.
  • La Secretario de Derechos Humanos ya no está consultando al área por los antecedentes ante la designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están ocupando cargos en la administración pública.

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MINISTERIO DE JUSTICIA.

Secretaria de Derechos Humanos

Los despidos al día de la fecha, sólo en el área de la SDH, son varias decenas

1.- Archivo Nacional de la Memoria. Despidieron  3 trabajadores de la Dirección de Gestión de Información- En esta área se digitaliza material de archivo referido a causas de delitos de Lesa Humanidad, como los legajos CONADEP.

2.- Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. El Centro presta asistencia desde una perspectiva integral y realiza acompañamiento a víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el marco de los procesos judiciales, tanto por delitos de Lesa Humanidad como por violaciones de Derechos Humanos en contextos democráticos.

  • Despidieron 3 psicólogas y una trabajadora social
  • Una de las psicólogas es del Chaco y articulaba todas las demandas de esa zona en asistencia y acompañamiento en juicios de lesa humanidad y en violencia institucional.
  • Queda afectado también el trabajo clínico y de acompañamiento en la provincia de La Rioja, por otro de los despidos de psicología.
  • La trabajadora social recibía las demandas de distintas áreas en temas de lesa humanidad, violencia institucional y Cromagnon

3.- Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Despidieron a las coordinadoras del ex “ESIM” – “Las Flores” – “Escuelita de Famaillá”, quienes eran las únicas trabajadoras de los Sitios, quedando los mismos en una situación de vaciamiento institucional. Estos CCDT y E actualmente son Espacios para la Memoria y Promoción de los DD.HH.

Programa Verdad y Justicia.

El programa se  creó en 2007 con el fin de fortalecer el proceso de Verdad y Justicia, con la intención de centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo intervinientes en las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como así también garantizar la protección integral de las víctimas, testigos, querellantes y funcionarios involucrados en el proceso de juzgamiento por aquellos hechos. Además de realizar investigaciones, evalúa los riesgos de todos los testigos que son convocados a prestar declaración en los debates orales en todo el país y contacta y notifica a las víctimas testigos de su citación a prestar declaración, reemplazando de ese modo las notificaciones que usualmente realizan las fuerzas de seguridad y que revictimizaban a aquellos testigos.

  • Despidieron 10 trabajadores, todos profesionales, que eran parte de los 3 equipos del Programa. Son 3 Abogados (hacen de nexo entre los tribunales y víctimas-testigos. Una de ellas es de Salta y por lo tanto en esa provincia el contacto con los testigos lo volverían a realizar las fuerzas de seguridad) , 1 Antropólogos, 1 Socióloga (del equipo de evaluación de riesgo), 2 Comunicadores Sociales y 2 Docentes. Cinco de los profesionales estaban vinculados a distintas investigaciones, una de ellas relacionados con Abuelas de Plaza de Mayo.
  • El Programa pasaría a depender de la SDH, saliendo de la órbita de unidad ministro, como era hasta ahora. Esta situación implica en la práctica que el PV y J   estaría interviniendo en la misma área donde lo hace la SDH, quien además en querellante en las causas de lesa. Aunque el Programa anticipó esta dificultad, Garavano avanzó con la reestructuración.

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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos: 

Fue creada en el 2014 como  un área dedicada a la investigación de delitos económicos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Llegó a conformar un acervo documental único sobre el Terrorismo de Estado en el sistema financiero durante la última dictadura cívico-militar. Esa documentación, que desde el retorno de la democracia nunca antes había salido a la luz, es un insumo central para las causas judiciales.

La Subgerencia fue auditada en diciembre por parte de la Consultora PSM, quien llevó adelante entrevistas con todas las personas del área.

Como resultado del proceso de auditoría se produjo:

  • El cambio en el plan de trabajo de la Subgerencia: se pasó de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico militar y la promoción de DDHH mediante capacitaciones internas, a generar un nuevo plan de trabajo. Este fijó dos ejes: a.-Ética Pública, construcción de un código de ética del organismo, y b.-Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.
  • El nombre del área por el momento había permanecido igual, si bien, se comunicó informalmente que podía cambiar.
  • Se despidió el 28 de diciembre al Jefe de la Subgerencia, Eduardo Coddiani.
  • Al día 28 de enero han despedido a todos los trabajadores y trabajadoras del área de DDHH (junto a otros 33 compañeros del banco)

Fuente: Organismos de Derechos Humanos
y Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte

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El Ajuste en el Banco Central y el desmantelamiento del área de Derechos Humanos

31 de Enero de 2015

LOS DESPIDOS FUERON SALVAJES

Trabajadores despedidos del Central relataron que fueron cesanteados sin contemplaciones y que se desarmó la estructura que sostenía los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Preocupación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades.

Por Alejandra Dandan
mauricio-macri-presidente-1780151w620Antes de la materialización de los últimos despidos, la cabeza del Banco Central empezó a mandar señales de lo que ahora se confirma como el desmantelamiento de áreas y políticas vinculadas al sostenimiento de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El 11 de enero una circular sorprendió a quienes trabajaban en el área de Derechos Humanos. Estaba dirigida al sistema financiero para que informe sobre antecedentes patrimoniales de cuatro detenidos en causas de crímenes de lesa humanidad. No hubiese llamado la atención de no haber sido por dos cambios: lo que hasta diciembre se hacía de modo “confidencial” hacia el interior del sistema bancario salió con una emisión pública y hasta quedó publicada en la web. Además, la orden no pasó por la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del BCRA como sucedía hasta diciembre. El jueves el área que estaba a punto de ser renombrada como de Etica y Cumplimiento quedó completamente desmantelada entre los 47 despidos ordenados por Federico Sturzenegger. Un comunicado firmado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades manifiesta la preocupación.

La comunicación es sólo un ejemplo de los últimos cambios, pero muestra lo que viene. Hasta diciembre, los juzgados a cargo de las causas de lesa humanidad enviaban una comunicación a la gerencia del Banco Central encargada de la asistencia al Poder Judicial. A continuación, la gerencia distribuía los pedidos al circuito financiero con una comunicación calificada como confidencial que antes pasaba por la Subgerencia de Derechos Humanos. La Subgerencia creada por Alejandro Vanoli en diciembre de 2014 coordinaba respuestas con el área jurídica.

La circular del 11 de enero rompió todos esos mecanismos. Y salió emitida de modo público para pedir información de cuatro detenidos en la causa de la Base Naval IV de Mar del Plata, que está en etapa de instrucción a cargo del juez federal Santiago Inchausti. Los nombres de los imputados son Horacio Roque Vargas, Rodolfo Ludueña, Osvaldo Gaspar Siepe y Oscar Ayedez, procesados como “jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos agravados en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado”. De acuerdo a la orden judicial, el Central pidió informar sobre números de cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos o moneda extranjera, como también extractos con los movimientos desde la apertura de las cuentas hasta el presente, plazos fijos, créditos, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y compras. La difusión pública del pedido pareció, así, más un aviso amigable destinado al mundo de los perpetradores que a una colaboración efectiva en los procesos de investigación.

paro_ate_1El cambio se leyó rápidamente como parte de las políticas de vaciamiento por goteo que viene impulsando el gobierno sobre organismos del Estado abocados a colaborar con los procesos de lesa humanidad. La creación del área de Derechos Humanos en el corazón del Banco Central fue uno de los avances importantes de los últimos años para el proceso de justicia y crímenes de Estado. En línea con lo que sucedió en la Comisión Nacional de Valores, la subgerencia investigó y elaboró un fondo documental único sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema financiero. Tal como lo recuerda la solicitada firmada por las organizaciones sociales, “esa documentación fue relevada por primera vez desde el retorno de la democracia y sigue siendo un insumo central para las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.

Un informe interno hoy señala que “se desclasificaron las actas secretas del directorio pertenecientes al período 1980-1983. El material refiere a la exportación de material bélico secreto por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares a diferentes países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales (S6), al estado de las reservas en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina –discrepancia en los números al cual ascienden– (S7, S11), Guerra de Malvinas –posible traslado de las reservas depositadas en Nueva York– (S3, S4, S5), deuda externa (S14), créditos negociados por el BCRA para la Argentina (S9, S10, S12) y en un solo caso, acta S13, refiere a la empresa Nobleza Piccardo”.

También destaca que “a través del relevamiento, análisis y sistematización de la información del BCRA se aportó documentación para las siguientes causas de lesa humanidad: Iaccarino, Papel Prensa, Mackentor, Banco de Hurlingham y Acindar y al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)”.
En diciembre, las nuevas autoridades auditaron el área a través de la Consultora PSM, asesora de comunicación durante la campaña de Macri y que cuenta entre sus clientes a la Fundación Fortabat. Como devolución de la entrevista, comenzaron los cambios. Celeste Perosino era hasta esta semana subgerente del área. “Primero cambiamos el plan de trabajo –dice–: pasamos de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar y de promover derechos humanos a través de capacitaciones internas a solicitarnos que nos aboquemos a generar un plan de trabajo que finalmente quedó establecido en los siguientes dos ejes: Ética Pública, construcción de un Código de Ética del organismo e Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.”

El á227991_imgrea tenía cuatro personas. El primer despido ocurrió el 28 de diciembre. Mientras estaba de vacaciones, el jefe de la Subgerencia, Eduardo Codianni, recibió una llamada del área de Recursos Humanos con el anuncio. Hizo 400 kilómetros para volver a Buenos Aires y cuando llegó su huella digital de acceso al Banco Central había sido bloqueada. El último jueves echaron a dos, entre ellas a Perosino que trabajó hasta el último minuto del día sin saber que desde hacía una semana estaba desvinculada. Cuando ajustaba los últimos puntos de la nueva propuesta del Código de Ética que le habían pedido, recibió una llamada de Recursos Humanos. Le dijeron que la echaban sin causa y que tenía diez minutos para irse del banco.

“En diciembre nos tomaron a todos entrevistas individuales –explica–, nos preguntaron a todos cual era nuestro recorrido de trabajo; cómo habíamos entrado; qué expectativas teníamos para la nueva gestión. Siempre en un clima sumamente cordial porque son la revolución de la alegría y de alguna manera entendimos que el área seguía porque elogiaron el currículum. Decían ‘¡qué bien preparado que estás!’. Después vino una devolución. Me llamó la dueña de la Consultora (Patricia Santamaría) para decirme que quería charlar cambios en el área. Les parecía que el tema de los derechos humanos era ‘muy chiquitito’, un puntito, en el mundo de los derechos y quería ir por algo más amplio como ética, ética y compliance, una cosa así.”

–¿Qué es compliance?

–Hay una movida en el mundo de los empresarios y de los CEO en el que es muy común hacer cursos de ética y cumplimiento, que tiene que ver con cumplimientos normativos de organismos internacionales, transparencia. Ella me dijo que le iba a hacer la propuesta a Sturzenegger con los cambios en el área. Y que probablemente se iba a renombrar el sector.

–¿Sucedió finalmente?

–Al día de hoy, el nombre no lo cambiaron formalmente pero sí el plan de trabajo. Pasamos de investigar los archivos del Banco Central en dictadura y hacer promoción, de trabajar sobre género, discriminación y sobre el aspecto económico de la dictadura en capacitaciones internas, a un área que tiene como eje rector el de hacer un Código de Etica y medir indicadores de bloqueantes al sistema financiero de colectivos vulnerados. Es decir, ver en los sectores más empobrecidos del país, colectivos trasngénero o personas discapacitadas cuáles son las dificultades de acceso de acceso al sistema bancario. Fue ese el plan de trabajo del último tiempo. Si bien no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo, estábamos encontrando una vuelta para hacer algo que nos parecía interesante. Sin embargo, ayer vino la noticia de los despidos masivos y el área no existe más. Pero me parece importante decir que hasta último momento a mi jefe le estuvieron pidiendo por mail retoques de la propuesta del plan de trabajo que habíamos hecho. Así que estuve reunida mirando estos mails. Es decir que estábamos trabajando mientras estábamos despedidos desde hacía una semana. De hecho, tuve una reunión a la tarde con el gerente del Santander Río para coordinar un trabajo de campo en La Juanita donde tienen una sucursal bancaria. Los despidos en ese sentido fueron salvajes. Iban llamando uno a uno. La gente hacía fila sin miramientos, esperando para recibir la misma noticia. Una compañera echada le agarró un ataque de llanto, se descompuso. Lo hicieron sin contemplación. Super salvaje.

Fuente- PÁGINA.12

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Llegó el fin de las Políticas Reparatorias en la Provincia de Buenos Aires

28 enero, 2016

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El gobierno provincial a cargo de María Eugenia Vidal, y la Secretaria de Derechos Humanos, con la reciente asunción de Santiago Cantón, resolvieron disolver la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, que se puso en funcionamiento fines de noviembre del año 2012, a partir de la modificación de la Estructura de la Secretaria.

El objetivo fundamental estuvo puesto sobre la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado, reparación simbólica que buscó restituirlos como sujeto de derecho. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron políticas públicas para que el Estado de Derecho cumpla con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado Terrorista sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia.

En un comunicado, los integrantes de la Dirección detallaron que “estos tres años de gestión, trabajamos sobre acciones reparadoras concretas sobre el territorio provincial: relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura; se obtuvieron 2066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de la campaña de la `iniciativa latinoarmericana´ de forma conjunta con el EAAF; se realizaron más de 40 señalizaciones de lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se trabajo en la construcción de cinco Espacios de Memoria; se participó como querellante en más de 18 juicios de Lesa Humanidad; se resolvieron y tramitaron 3905 pensiones de la Ley 14.042; se consolidó un equipo de Acompañamiento psicológico en Lesa Humanidad; se trabajó en la visibilización de los delitos sexuales; se formó un equipo para investigar y publicar sobre las complicidades civiles de la dictadura; sólo para mencionar algunas de las líneas de trabajo que nos dimos en este tiempo”.

Asimismo, agregaron: “En el día de hoy nos comunican que la Secretaria va a ser sometida a una modificación de su estructura y esta Dirección Provincial como tal deja de existir, repudiamos enérgicamente esta decisión política tomada por el gobierno. Implica un retroceso para el Estado como garante de los procesos de memoria”.

“Nos preocupa la situación en la que quedan las víctimas y familiares, donde son desprovistos del acompañamiento y la presencia del Estado en tanto intervención de Ley que consolidaba la restitución de sus derechos vulnerados en dictadura y también en los primeros años de democracia. Es una vuelta atrás, de todas las políticas de memoria verdad y justicia construidas en estos últimos años, que ubicaron a la Argentina en el lugar del reconocimiento mundial en materia de derechos humanos”, continúa el documento.

Además, “quienes hemos tenido la enorme responsabilidad de estar a cargo de esta gestión, somos militante del campo popular y hemos sostenido nuestra función desde la más pura convicción por la defensa de la verdad histórica, la resignificacion del pasado de horror, y la construcción de un presente donde la justicia marque el camino de la no repetición. Por este motivo es que compartimos con ustedes la incertidumbre y la desazón que nos genera esta decisión tomada por Vidal y su equipo. Dejando sin efecto las funciones de la Dirección, se pone en riesgo por parte gobierno provincial la cobertura y presencia del estado como querellante en los juicios de lesa humanidad, los trabajo de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria, la posibilidad de profundizar sobre las complicidades civiles empresariales, de los medios de comunicación, eclesiásticas y de la justicia”.

“Pero como sabemos que `Patria es Memoria´, vamos a redoblar los esfuerzos y la lucha en defensa del camino construido en estos años por la memoria la verdad y la justicia. Y en ese camino somos muchos los que nos estrechamos en el abrazo fraternal y el grito colectivo por: `ni un paso atrás´”, concluyen los directores del organismo.

Firman el comunicado

Marina Vega – Directora Provincial de Politicas Reparatorias
Ramon Baibiene – Director de Politicas Reparatorias
Victor Hugo Diaz – Director de Investigacion y Memoria

FUENTE: INFOPLATENSE

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