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Archivo de la categoría: Contraofensiva Montonera

Recordatorio de Elena y Chiche a 36 años de su desaparición

Detenidos desaparecidos 13/10/79

Elena Kristal y Hector R. Fernandez

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Vieja querida!!! hoy hubieses cumplido 76 pirulos, te extraño mas que nunca, tu hija Vero

Presentes ahora y siempre!!!!!

 

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Programas de TV sobre delitos de Lesa Humanidad y la Megacausa de Campo de Mayo

Selección de Programas de TV para el conocimiento de los delitos de Lesa Humanidad que involucran la actividad de la Megacausa de Campo de Mayo

Centro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Ver Más en –> 

https://comisionjuiciocampodemayo.wordpress.com/videos/

 

Como secuestraron en Río de Janeiro a dos militantes montoneros

El coronel brasileño asesinado era un especialista en secuestrar montoneros

Tras confesar sus crímenes, fue asesinado en un presunto asalto. El militar fue una pieza clave del Plán Cóndor.  Sus dichos  pusieron al descubierto detalles desconocidos sobre la alianza de las dictaduras latinoamericanas

Hacía tres décadas que vivía en una chacra de Nova Iguaçu, una localidad de la Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro. A los 76 años, aún destilaba cierta peligrosidad; tanto es así que entre los pobladores hizo correr la versión de que un grupo armado en las sombras velaba por él y su familia. Aquella protección fantasmagórica no impidió que el 25 de abril su cadáver apareciera en el piso del dormitorio, boca abajo y con el rostro pegado a una almohada. De ese modo culminó la irrupción en su casa de tres encapuchados para robar –según la policía carioca– armas de colección. Sin embargo –según su esposa, quien permaneció amarrada en otro cuarto–, los intrusos también se llevaron las computadoras del difunto y documentación, mientras recibían el siguiente mensaje por handy: “¿No lo han matado todavía? ¡Esto se demora demasiado! ¡La orden es matarlo!”

   Se trataba del coronel retirado del Ejército de Brasil, Paulo Malhaes, quien exactamente un mes antes se había convertido en el primer represor de aquel país que admitía su participación en secuestros, torturas y ejecuciones durante la dictadura que gobernó entre 1964 y 1985. Su testimonio ante la Comisión Nacional de la Verdad –volcado en una desgrabación de 232 páginas– abarca desde las tareas cumplidas en la Casa de la Muerte, un centro de exterminio en Petrópolis, a 60 kilómetros de Río de Janeiro, hasta las técnicas que ideó para impedir la identificación de sus víctimas mediante mutilaciones post mortem. Tampoco ocultó su papel en el Plan Cóndor –junto con elementos argentinos del Batallón 601– y las operaciones contra militantes montoneros, durante la llamada Contraofensiva.
   En este punto, no está de más cruzar su relato con otra historia.
EL VENTILADOR PRENDIDO. A fines de 1991, el teniente coronel argentino Eduardo Francisco Stigliano –fallecido poco después– elevó ante la Dirección de Personal del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) un reclamo administrativo por traumas mentales y enfermedades “de guerra”, cuyo expediente –al que Tiempo Argentino tuvo acceso, tal como consta en su edición del 9 de junio de 2013– fue incorporado por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, a la Causa Nº 4012, sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando de Institutos Militares, de Campo de Mayo. Esos papeles ya amarillentos –cuya desclasificación y análisis corrieron por cuenta de equipos del Archivo Nacional de la Memoria  y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa– constituyen  un documento de enorme valor histórico y judicial.
   Stigliano se autoincrimina allí en 53 asesinatos. Confiesa su participación en secuestros y ejecuciones callejeras de jefes montoneros (como los integrantes de la Conducción Nacional, Horacio Mendizábal y Armando Croatto). Revela la existencia  de un grupo de tareas hasta entonces desconocido que actuaba en Campo de Mayo. Describe fusilamientos ante todos los jerarcas  militares del área. Admite –incluso antes que Adolfo Silingo– los vuelos de la muerte. Y, además, narra una visita del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri al centro de exterminio El Campito.
   Al respecto, dijo: “Su propósito era dialogar con el delincuente subversivo ‘Petrus’ (luego ejecutado), que fuera capturado por una sección a mis órdenes.”
   Aquellas 20 palabras le bastaron para echar luz sobre los últimos instantes vividos por Horacio Domingo Campiglia, nada menos que el responsable de la inteligencia montonera, quien fue secuestrado el 12 de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro junto con Mónica Susana Pinus, tras ser bajados a los golpes por una patota de argentinos, con la colaboración y cobertura de efectivos del Ejército local. Ahora se sabe que Stigliano era quien allí llevaba la voz cantante, junto a un jefe militar brasileño.
   A casi 23 años de aquella confesión administrativa, el malogrado coronel Malhaes reveló en su testimonio ante la Comisión Nacional de la Verdad que dicho oficial no era otro que él.
   En tal sentido, sus exactas palabras fueron: “Intervine junto al mayor Enio Pimentel da Silveira en el secuestro de militantes extranjeros; entre ellos, dos argentinos capturados en Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980.
ÉCHALE LA CULPA A RÍO.
Campiglia, de 31 años en el momento de su secuestro, era hijo de un librero con local en la Galería Pacífico. Allí lo solía ayudar durante su adolescencia, mientras cursaba el secundario en el Nacional Buenos Aires. Luego comenzó a estudiar Medicina. En 1970, ese muchacho alto, pelirrojo y con pecas ingresó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), donde descolló como cuadro militar. Cuatro años después, ya en Montoneros, fue puesto al frente de una Unidad de Combate en La Matanza. A fines de 1975 fue a Tucumán para organizar una Columna de Monte, aunque ese proyecto nunca vio la luz. Dos años después –ya durante la dictadura– se hizo cargo del aparato militar de la “orga”, para luego pasar a ser miembro de la Conducción Nacional, con jinetas de oficial superior y cargo de segundo comandante. Por esa época, sufrió un intento de secuestro en la ciudad brasileña de San Pablo. Estaba casado con Pilar Calveiro, con quien tenía dos hijas. Pilar, que estuvo secuestrada por más de un año en la ESMA, había sido liberada y estaba en México con su esposo y las niñas. En 1980, durante la Contraofensiva, fue enviado a la Argentina en su condición de jefe de las Tropas Especiales de Infantería (TEI). En esas circunstancias, abordó un vuelo en el Distrito Federal con escala en Panamá y Río de Janeiro. En ese contexto, llegó al Aeropuerto Internacional de Galeão con Mónica Susana Pinus de Binstock, de 27 años, una ex estudiante de Sociología que había pertenecido a la Columna Oeste de Montoneros, antes de exiliarse en Cuba con su esposo, Edgardo Binstock.
   Horacio y ella ignoraban que en Río de Janeiro –donde pensaban reunirse con otro militante– caerían en una celada meticulosamente preparada en el marco del Plan Cóndor.
EL AMIGO AMERICANO.
Ahora se saben detalles del asunto, por un documento desclasificado que la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires envió el 7 de abril de 1980 al Pentágono. En ese paper, el oficial de seguridad James Blaystone da cuenta de un cónclave mantenido con un miembro del Batallón 601. Ahora también se sabe que este era el agente civil “Contreras” –nombre de cobertura usado por el represor Julio Cirino–, quien oficiaba de enlace entre Inteligencia del Ejército y la CIA.
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   Dicho documento señala: “La fuente (Cirino) informó que el B.601 había capturado a un montonero que confesó tener previsto en Río una reunión con montoneros de México. Estos eran Horacio Campiglia (a) Pedro (número 4 o 5 en la estructura montonera) y Susana Binstock. Campiglia tiene a su cargo la totalidad de las operaciones TEI y maneja esas fuerzas desde México. Al montonero capturado se le dijo que si cooperaba, viviría. Ese montonero sabía que no estaba en posición de negociar, por lo que proveyó la fecha y hora de la reunión en Río. La inteligencia militar argentina contactó a su colega de la inteligencia militar brasileña para capturar a los dos montoneros llegados de México. Los brasileños otorgaron el permiso y un equipo especial de argentinos voló bajo el comando operacional del teniente coronel Román (N. de la R: el alias de Stigliano) a Río en un C130 de la Fuerza Aérea Argentina. Ambos montoneros fueron capturados vivos y volvieron a la Argentina en el C130. Los argentinos, que no querían alertar a los montoneros que habían realizado una operación en Río, utilizaron una mujer y un hombre argentinos para registrarlos en un hotel con documentos falsos obtenidos de los dos montoneros capturados, para hacer creer que, tras alojarse, se marcharon. Estos dos montoneros están actualmente bajo custodia en la cárcel secreta del Ejército, en Campo de Mayo.”
EL LARGO BRAZO DE LA MUERTE.
Lo cierto es que Galtieri acudió a esa mazmorra para conocer a su enemigo en cautiverio. Campiglia sería ejecutado días después.
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Stigliano –como ya se dijo– exhaló su último suspiro al borde de la invalidez y ante la indiferencia de sus superiores.
La ratonera contra Horacio y Mónica fue en el marco de la denominada “Operación Murciélago”, que concluyó con la captura de otros 13 militantes regresados al país para iniciar un foco de resistencia armada contra la dictadura. Por este asunto, un grupo de militares –encabezados por el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides– fue condenado en 2007. Galtieri no pudo ser de la partida, ya que la muerte lo eximió de ocupar el banquillo de los acusados.
   Por su parte, el desafortunado coronel Malhaes aportó la última pieza de este rompecabezas teñido de sangre. Un rompecabezas que, de modo tardío, a él también le costó la vida.  «
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Campo de Mayo: Procesan a torturador

El suboficial mayor retirado del Ejército Mario Rubén Domínguez, a quien se sindica como un conocido torturador que se desempeñó en Campo de Mayo bajo el alias de “Escorpio” durante la última dictadura cívico-militar, se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad y detenido en el penal de Marcos Paz a la espera de que se resuelva la apelación que planteó su abogado.

Por: Tiempo Argentino

 Domínguez fue detenido el viernes 25 de abril en su casa de Córdoba, como informó entonces Tiempo Argentino, en exclusiva. En el allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se le secuestraron varias armas de fuego por lo que también fue imputado por “tenencia de armas de guerra”. Según la investigación, Escorpio integró uno de los grupos de tareas que actuó bajo la dirección del Comando de Institutos Militares. Se le adjudica participación en los secuestros y torturas de Diego Muñiz Barreto (asesinado en marzo de 1977) y Juan José Fernández, de Beatriz Susana Castiglione de Covarrubias, Marilú Obreque Valenzuela e Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda (quien fue secuestrada con su hijo Floreal, de 15, cuyo cadáver fue hallado el 14 de mayo de 1976, en el Río de la Plata). Para profundizar en la actividad de Domínguez, la jueza federal de San Martín que instruye la causa, Alicia Vence, indagó al detenido represor Santiago Omar Riveros. El ex comandante de los Institutos Militares, condenado a perpetua por sus indelegables responsabilidades en los centros clandestinos de Campo de Mayo, no aportó información relevante.  «

Una nueva detención

En el marco de la causa Contraofensiva Montonera, la jueza federal de San Martín Alicia Vence indagó y ordenó la detención domiciliaria de Luis Firpo, ex jefe de la Central de Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 durante el terrorismo de estado. Se trata del noveno militar retirado que es apresado en el caso.
La situación de Firpo fue particular ya que el juzgado no lograba ubicarlo en ningún domicilio fijo donde notificarle la citación. Así fue que el proceso judicial avanzó y el militar adujo no haberse enterado (la ley lo amparaba). Finalmente, lo localizaron en Entre Ríos y el jueves se presentó en los tribunales de San Martín de forma “espontánea”. Fue indagado y en pocas horas pasó a integrar la lista de detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Los investigadores estiman que Firpo se presentó en la justicia a sabiendas de que al igual que el resto de los detenidos –todos mayores de 70 años– iba a recibir la reclusión hogareña, beneficio que fue apelado por la fiscalía. En la misma causa se encuentran prófugos los militares retirados Marcelo Cinto Courtaux, Alberto Sotomayor y Mario Guillermo Ocampo

Fuente: TIEMPO ARGENTINO

 

Directivos de Ford serán los primeros gerentes en ser juzgados por delitos de lesa humanidad

18 de mayo 2013

Directivos de Ford serán los primeros empresarios juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa durante la última dictadura militar, en un nuevo juicio de la megacausa de Campo de Mayo que comenzará el 8 de julio próximo.

“Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos” represivos, dijo a Télam el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.
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El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tramitará desde el 8 de julio los casos de unas 40 víctimas, en su mayoría obreros de la automotriz Ford y otras fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, pero también familiares de los trabajadores perseguidos.El juicio oral y público debatirá sucesivamente cuatro agrupamientos de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, los de la metalúrgica Bopavi y los de Ford.

Los imputados no son los mismos en todos los casos y tres de ellos son ex directivos de Ford, acusados de haber facilitado datos para el secuestro de 24 obreros de la automotriz en 1976 y permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Antes del comienzo del juicio, el Tribunal deberá resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de estos tres acusados en la audiencia preliminar que se realizó el 9 de mayo.

Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, “y no llegó como acusado el entonces presidente del Directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard) porque murió antes”, detalló Llonto.

En otras jurisdicciones, pero con imputaciones similares, también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, causa ya elevada a juicio.

“La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurídicos, por qué se considera a un empresario partícipe o autor, y eso también va a ser interesante: si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría” en los delitos imputados, explicó Llonto.

Y esto “va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios” en que propietarios o gerentes de numerosas empresas sean imputados por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de sus establecimientos.

La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado sólo comenzó a ser investigada en los últimos años, y para marzo último representaban, según el CELS, alrededor del 13 por ciento del total de 2.239 imputados en causas de lesa humanidad.

Dentro del heterogéneo conjunto de los civiles en diversa medida cómplices o incluso integrantes de la dictadura cívico-militar, muchos menos son los dueños o directivos de empresas investigados por participar en la represión clandestina a sus trabajadores.

Además de las causas que implican a Ford, Ledesma y La Veloz del Norte, también el dueño del diario La Nueva Provincia (de Bahía Blanca), Vicente Massot, está siendo investigado en la fase de instrucción por el secuestro y asesinato de dos trabajadores.

Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o más demoradas, como las que involucran a empresarios o directivos de la automotriz Mercedes Benz, la yerbatera Las Marías o la cementera Loma Negra, entre muchas empresas más, tanto de capital privado, nacional o extranjero, como también estatales.

En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados.

 

Procesaron a ocho ex militares

Jueves 8 de Mayo 2014

En la marco de la causa Contraofensiva Montonera, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, dictó el procesamiento y la prisión preventiva de ocho oficiales y suboficiales retirados que revistieron tareas de inteligencia durante el terrorismo de Estado.

Pesan sobre ellos los cargos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, y homicidio agravado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. La magistrada les trabó embargos que oscilan entre los  tres y cinco millones de pesos.
Los procesados –gozaban de prisión domiciliaria desde que prestaron declaración indagatoria meses atrás– son: Jorge Norberto Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Carlos Carpani Costa, Ricardo Pianta, Carlos Blas Casuccio, Jorge Eligio Bano y Eduardo Ascheri. Tanto el fiscal del caso, Miguel Blanco García Ordas, como la querella están estudiando la resolución y no descartan una apelación.
En la causa aún están prófugos los militares retirados Marcelo Cinto Courtaux, Alberto Sotomayor y Mario Guillermo Ocampo. Mientras que Luis Firpo, ex jefe de la Central de Contrainteligencia y del Batallón de Inteligencia 601, no pudo ser notificado ni imputado. «

Fuente: Tiempo Argentino

Militantes desaparecidos en la causa contraofensiva montonera.

Militantes desaparecidos en la causa contraofensiva montonera.

 

Se negó a declarar “Escorpio”, un represor de Campo de Mayo

Martes 29 de Abril de 2014
Ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín
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El suboficial retirado Mario Rubén Domínguez fue detenido el último viernes en su casa de Córdoba por crímenes de lesa humanidad. Fue identificado luego de una investigación del Programa Verdad y Justicia, que presentó un informe a la jueza federal Alicia Vence.

  • Familiares de desaparecidos en uno de los juicios por los crímenes de Campo de Mayo.Télam
  • Fami

Por: Laureano Barrera

Mario Rubén Domínguez, el suboficial mayor retirado que fue detenido el último viernes en su casa de Córdoba por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, se negó a declarar. La jueza federal Alicia Vence se disponía a indagarlo por su presunta participación como miembro de la patota, secuestrando e interrogando a militantes en el centro clandestino que se conoció como El Campito. Domínguez, que muchos sobrevivientes habían mencionado siempre con el nombre de guerra de “Escorpio”, fue identificado luego de una investigación del Programa Verdad y Justicia, que presentó un informe minucioso ante la jueza el 5 de julio de 2013.

Escorpio llegó al Juzgado Federal N° 2 de San Martín con un abogado particular ya designado. Sin embargo, el letrado no asumió la defensa por cuestiones de competencia –se especializaba en contencioso administrativo- y tuvo que apelar al defensor oficial. Patricio García Graham, el elegido, pidió unos días de gracias para interiorizarse en la causa.

Domínguez no respondió, en consecuencia, sobre una de las pruebas más fuertes en su contra: su pase “en comisión” al Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 2 de abril de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1977. “Por casos de otros represores de Campo de Mayo, sabemos que el Ejército estilaba consignar en gran parte en sus legajos ‘en comisión al comando de instituto militares’ cuando los destinaban a la llamada ‘lucha antisubversiva, que no era otra cosa que integrar la patota que secuestraba e interrogaba en ese centro clandestino”, explicó el abogado querellante de víctimas, Pablo Llonto.

En la investigación del mencionado Programa, que conduce Luciano Hazán y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se relevaron los testimonios de sobrevivientes de “El Campito” que figuraban, en parte, en la causa 2441 “Ricchiuti Luis y otros s/inf art 146 del CP”. En su declaración del 30 de septiembre de 2009 ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, el ex suboficial Víctor Ibáñez afirmó que a un torturador (de Campo de Mayo) “le decían Escorpio”, “de apellido Domínguez” y señaló que “era ingeniero, suboficial”.

A partir de entonces, los investigadores rastrearon boletines públicos, confidenciales y reservados del Ejército y el Libro Histórico de la Escuela de Ingenieros (años 1976 a 1983), y encontraron que en la Escuela había prestado servicio un suboficial de apellido Domínguez.

Sus fojas de servicio dieron otras claves: los sobrevivientes decían que era alto, y la foja decía que medía 1,80. Además, el 2 de abril de 1976, con el cargo de Jefe de Grupo de la Compañía Comando, fue destinado “en comisión” al Comando de Institutos Militares. Ese año, lo calificaban el mayor Pascual Oscar Guerrieri –Jefe del Equipo Especial Mayor del Departamento de Inteligencia de Institutos Militares- y el coronel Fernando Verplaetsen -Jefe Departamento II de Inteligencia del Comando II de Institutos Militares.

En 1977, ese coronel lo destacaba como “uno de los pocos sobresalientes para su grado” y decía que no convenía que continúe en el destino “por cuanto a pesar de su sobresaliente desempeño, en opinión del suscripto, el causante debe reintegrarse a una unidad de su arma”.

Los testimonios sobrevivientes –piedra fundamental del informe- ubican a “Escorpio” en esa fecha y los calificadores actuaban en Campo de Mayo. Uno de los secuestrados recordaba que el propio represor le había dicho que su apodo se debía a su signo en el zodíaco: nació el 28 de octubre.

Fuente: INFOJUS

 
 
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