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Archivo de la categoría: dictadura civico militar

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A 40 años del asesinato del “Negrito” Avellaneda

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A 40 años del genocida Golpe Cívico-Militar

Afiche Campo de Mayo

 

Continúan los despidos de trabajadores en Derechos Humanos de la Nación

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2016

Carta de SOL GILES

SOY UNA DE LOS 70.000 TRABAJADORxS DESPEDIDxS

Esma-rejas

Me despidieron. Me despidieron como a un perro. Como a un “ñoqui”, nuestra peor pesadilla.
Me despidieron del lugar menos pensado, de la Secretaría de D e r e c h o s H u m a n o s de la Nación.
Me despidieron después de que el funcionario a cargo, Claudio Avruj, dijera delante de mí y de otros compañeros en sucesivas oportunidades que jamás despediría a un trabajador.
Me despidieron del lugar más emblemático del terrorismo de Estado: la tenebrosa “ESMA”, convertida en el domicilio de los derechos humanos durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Me despidieron de forma gradual: primero cambiándome de lugar y aislándome en el extremo más extremo de la oficina; después quitándome funciones; luego negándome la posibilidad de reunirme con la autoridad a cargo de mi área, el Director de Prensa.
Me despidieron sin siquiera evaluar mi capacidad, mi experiencia, mi formación académica, mi conocimiento en la materia, mi trabajo efectivo durante años en esa área del Estado.
Me despidieron oyendo, en ese mismo momento y por primera vez, el tono de mi voz.
Me despidieron ayer, 1° de Marzo de 2016, el mismo día que nos habían preguntado: “¿Alguien sabe quién fue Julio Morresi?”. La misma secuencia había sucedido unos días antes, tras conocer la partida de Juanita de Pargament. Pasaban la noticia de su muerte por los medios y los nuevos funcionarios querían “hacer prensa” con la dolorosa noticia. Cinismo puro.
Me despidieron luego de que manifestara la necesidad de continuar difundiendo en los medios de comunicación la agenda y el diario sobre los juicios de lesa humanidad que desde hace años realizamos como Estado nacional junto a los cientos de abogados querellantes, los organismos de derechos humanos y el Poder Judicial. Con un rostro de odio y revanchismo respondieron que “el pasado era pasado” y que ese tema “ya no vendía” en los medios.
No exagero: en casi dos meses, sólo una función me dieron. Una: que escriba una columna editorial -para que firme el Secretario Avruj- justificando la salida de prisión de todos los represores que están cumpliendo condena por cometer delitos de lesa humanidad, aduciendo que merecen la prisión domiciliaria debido a causales que yo debía inventar. Por ejemplo, que sufren violencia institucional o tienen riñas con quienes comparten celda y también secuestraron, torturaron, asesinaron, violaron, vejaron, robaron y se apropiaron de bebés durante la dictadura cívico-militar.
Me despidieron luego de que me negara a hacerlo porque, en ese caso, estaría faltando a la ética y a la verdad histórica, manchando las conquistas y la lucha de todo un pueblo por casi 40 años, y pasando por alto convenciones de derechos humanos, tratados internacionales, leyes y hasta la propia Constitución.
Me despidieron después de pasar un mes y medio solicitando que me den funciones ya que no concibo cobrar un sueldo y no cumplir tareas. Y después de que les pregunten a otros trabajadores quién era yo, qué hacía, cómo era.
Me despidieron después de constatar que el día del paro nacional de los trabajadores del Estado había faltado por adherirme en solidaridad con los despedidos.
Me despidieron sabiendo que me despierto todos los días a las 5 (cinco) de la mañana para poder llegar dos horas después y cumplir así mi horario laboral de 8 (ocho) horas diarias.
Me despidieron con una siniestra y falsa sonrisa, mientras repetían: “¿Sabes lo que pasa? Sobra gente para lo que debemos hacer” y yo veía de reojo, tras el vidrio, a siete personas que contrataron recientemente porque “vienen de Ciudad y tienen el mismo estilo”. Ése es el estilo macrista.
Así me despidieron. Igualito que a Celeste Rotella, la compañera diseñadora que se sentaba al lado mío y padeció las mismas injusticias.
Igualito que a los trabajadores del CCK, Ministerio de Cultura, Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Seguridad, Secretaría de Comercio, Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete, Fabricaciones Militares, Banco Central, Casa Rosada, INDEC, INAI, INADI, UIF, Nación Seguros, Vialidad Nacional, AFSCA, ORSNA, Aerolíneas Argentinas, Atucha, ARSAT, IGJ, INTI, Correo Argentino, SEDRONAR, Astillero Tandanor, PROMEBA, DeporTV, Infojus, Radio Nacional, CN23, Universidad de La Matanza, Superintendencia de riesgos del trabajo, la Cámara de Diputados y Senadores, los reprimidos de La Plata y etcétera, etcétera, etcétera.
Nos despidieron, y no hay lugar para las casualidades. Perdimos el trabajo. Pero jamás la dignidad. Jamás el amor a la Patria. Jamás las ganas de seguir luchando. Jamás nuestra conciencia de trabajadores por construir un Estado más justo, inclusivo y federal.
Nos despidieron del trabajo, pero no podrán despedirnos de la memoria.
Estamos enteros porque sabemos que no somos sólo nosotros, los despedidos, los que sobramos. En este modelo de país injusto, lo que sobra es la política de Estado que construyó la sociedad argentina en los últimos trece años y que el gobierno anterior y los organismos de Derechos Humanos bautizaron con el nombre de: Memoria, Verdad y Justicia.

Sol Giles

Periodista. Trabajadora de la Dirección de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

El Ajuste en el Banco Central y el desmantelamiento del área de Derechos Humanos

31 de Enero de 2015

LOS DESPIDOS FUERON SALVAJES

Trabajadores despedidos del Central relataron que fueron cesanteados sin contemplaciones y que se desarmó la estructura que sostenía los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Preocupación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades.

Por Alejandra Dandan
mauricio-macri-presidente-1780151w620Antes de la materialización de los últimos despidos, la cabeza del Banco Central empezó a mandar señales de lo que ahora se confirma como el desmantelamiento de áreas y políticas vinculadas al sostenimiento de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El 11 de enero una circular sorprendió a quienes trabajaban en el área de Derechos Humanos. Estaba dirigida al sistema financiero para que informe sobre antecedentes patrimoniales de cuatro detenidos en causas de crímenes de lesa humanidad. No hubiese llamado la atención de no haber sido por dos cambios: lo que hasta diciembre se hacía de modo “confidencial” hacia el interior del sistema bancario salió con una emisión pública y hasta quedó publicada en la web. Además, la orden no pasó por la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del BCRA como sucedía hasta diciembre. El jueves el área que estaba a punto de ser renombrada como de Etica y Cumplimiento quedó completamente desmantelada entre los 47 despidos ordenados por Federico Sturzenegger. Un comunicado firmado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades manifiesta la preocupación.

La comunicación es sólo un ejemplo de los últimos cambios, pero muestra lo que viene. Hasta diciembre, los juzgados a cargo de las causas de lesa humanidad enviaban una comunicación a la gerencia del Banco Central encargada de la asistencia al Poder Judicial. A continuación, la gerencia distribuía los pedidos al circuito financiero con una comunicación calificada como confidencial que antes pasaba por la Subgerencia de Derechos Humanos. La Subgerencia creada por Alejandro Vanoli en diciembre de 2014 coordinaba respuestas con el área jurídica.

La circular del 11 de enero rompió todos esos mecanismos. Y salió emitida de modo público para pedir información de cuatro detenidos en la causa de la Base Naval IV de Mar del Plata, que está en etapa de instrucción a cargo del juez federal Santiago Inchausti. Los nombres de los imputados son Horacio Roque Vargas, Rodolfo Ludueña, Osvaldo Gaspar Siepe y Oscar Ayedez, procesados como “jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos agravados en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado”. De acuerdo a la orden judicial, el Central pidió informar sobre números de cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos o moneda extranjera, como también extractos con los movimientos desde la apertura de las cuentas hasta el presente, plazos fijos, créditos, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y compras. La difusión pública del pedido pareció, así, más un aviso amigable destinado al mundo de los perpetradores que a una colaboración efectiva en los procesos de investigación.

paro_ate_1El cambio se leyó rápidamente como parte de las políticas de vaciamiento por goteo que viene impulsando el gobierno sobre organismos del Estado abocados a colaborar con los procesos de lesa humanidad. La creación del área de Derechos Humanos en el corazón del Banco Central fue uno de los avances importantes de los últimos años para el proceso de justicia y crímenes de Estado. En línea con lo que sucedió en la Comisión Nacional de Valores, la subgerencia investigó y elaboró un fondo documental único sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema financiero. Tal como lo recuerda la solicitada firmada por las organizaciones sociales, “esa documentación fue relevada por primera vez desde el retorno de la democracia y sigue siendo un insumo central para las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.

Un informe interno hoy señala que “se desclasificaron las actas secretas del directorio pertenecientes al período 1980-1983. El material refiere a la exportación de material bélico secreto por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares a diferentes países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales (S6), al estado de las reservas en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina –discrepancia en los números al cual ascienden– (S7, S11), Guerra de Malvinas –posible traslado de las reservas depositadas en Nueva York– (S3, S4, S5), deuda externa (S14), créditos negociados por el BCRA para la Argentina (S9, S10, S12) y en un solo caso, acta S13, refiere a la empresa Nobleza Piccardo”.

También destaca que “a través del relevamiento, análisis y sistematización de la información del BCRA se aportó documentación para las siguientes causas de lesa humanidad: Iaccarino, Papel Prensa, Mackentor, Banco de Hurlingham y Acindar y al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)”.
En diciembre, las nuevas autoridades auditaron el área a través de la Consultora PSM, asesora de comunicación durante la campaña de Macri y que cuenta entre sus clientes a la Fundación Fortabat. Como devolución de la entrevista, comenzaron los cambios. Celeste Perosino era hasta esta semana subgerente del área. “Primero cambiamos el plan de trabajo –dice–: pasamos de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar y de promover derechos humanos a través de capacitaciones internas a solicitarnos que nos aboquemos a generar un plan de trabajo que finalmente quedó establecido en los siguientes dos ejes: Ética Pública, construcción de un Código de Ética del organismo e Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.”

El á227991_imgrea tenía cuatro personas. El primer despido ocurrió el 28 de diciembre. Mientras estaba de vacaciones, el jefe de la Subgerencia, Eduardo Codianni, recibió una llamada del área de Recursos Humanos con el anuncio. Hizo 400 kilómetros para volver a Buenos Aires y cuando llegó su huella digital de acceso al Banco Central había sido bloqueada. El último jueves echaron a dos, entre ellas a Perosino que trabajó hasta el último minuto del día sin saber que desde hacía una semana estaba desvinculada. Cuando ajustaba los últimos puntos de la nueva propuesta del Código de Ética que le habían pedido, recibió una llamada de Recursos Humanos. Le dijeron que la echaban sin causa y que tenía diez minutos para irse del banco.

“En diciembre nos tomaron a todos entrevistas individuales –explica–, nos preguntaron a todos cual era nuestro recorrido de trabajo; cómo habíamos entrado; qué expectativas teníamos para la nueva gestión. Siempre en un clima sumamente cordial porque son la revolución de la alegría y de alguna manera entendimos que el área seguía porque elogiaron el currículum. Decían ‘¡qué bien preparado que estás!’. Después vino una devolución. Me llamó la dueña de la Consultora (Patricia Santamaría) para decirme que quería charlar cambios en el área. Les parecía que el tema de los derechos humanos era ‘muy chiquitito’, un puntito, en el mundo de los derechos y quería ir por algo más amplio como ética, ética y compliance, una cosa así.”

–¿Qué es compliance?

–Hay una movida en el mundo de los empresarios y de los CEO en el que es muy común hacer cursos de ética y cumplimiento, que tiene que ver con cumplimientos normativos de organismos internacionales, transparencia. Ella me dijo que le iba a hacer la propuesta a Sturzenegger con los cambios en el área. Y que probablemente se iba a renombrar el sector.

–¿Sucedió finalmente?

–Al día de hoy, el nombre no lo cambiaron formalmente pero sí el plan de trabajo. Pasamos de investigar los archivos del Banco Central en dictadura y hacer promoción, de trabajar sobre género, discriminación y sobre el aspecto económico de la dictadura en capacitaciones internas, a un área que tiene como eje rector el de hacer un Código de Etica y medir indicadores de bloqueantes al sistema financiero de colectivos vulnerados. Es decir, ver en los sectores más empobrecidos del país, colectivos trasngénero o personas discapacitadas cuáles son las dificultades de acceso de acceso al sistema bancario. Fue ese el plan de trabajo del último tiempo. Si bien no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo, estábamos encontrando una vuelta para hacer algo que nos parecía interesante. Sin embargo, ayer vino la noticia de los despidos masivos y el área no existe más. Pero me parece importante decir que hasta último momento a mi jefe le estuvieron pidiendo por mail retoques de la propuesta del plan de trabajo que habíamos hecho. Así que estuve reunida mirando estos mails. Es decir que estábamos trabajando mientras estábamos despedidos desde hacía una semana. De hecho, tuve una reunión a la tarde con el gerente del Santander Río para coordinar un trabajo de campo en La Juanita donde tienen una sucursal bancaria. Los despidos en ese sentido fueron salvajes. Iban llamando uno a uno. La gente hacía fila sin miramientos, esperando para recibir la misma noticia. Una compañera echada le agarró un ataque de llanto, se descompuso. Lo hicieron sin contemplación. Super salvaje.

Fuente- PÁGINA.12

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Quinientos despedidos en el Ministerio de Justicia

27 de Enero de 2016

EL AJUSTE CONTINÚA

Cincuenta y cinco trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se quedaron sin trabajo. También fueron echados diez periodistas de la agencia de noticias judiciales Infojus.

El Ministerio de Justicia despidió a 500 trabajadores, entre ellos a 55 que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos y que trabajaban en el predio de la ex ESMA. Además, el gobierno de Mauricio Macri echó a diez periodistas de Infojus Noticias, la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: se trata del 25 por ciento de su planta. En el ministerio justificaron los despidos: “Habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos”, aseguraron. En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que los despidos en el Estado y en el sector privado se deben a que “son sectores sobredimensionados”.

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Unas 498 personas recibieron telegramas de despido en esa cartera. Había trabajadores de la dirección nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que trabaja con las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado; había empleados el Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado, también del Archivo Nacional de la Memoria –del que recientemente despidieron a su titular, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, pese a las protestas de organismos de derechos humanos–, y también del sitio histórico del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Hay un denominador común: todos se ocupaban de políticas de la memoria y de derechos humanos.

Desde el Ministerio de Justicia intentaron justificar la decisión afirmando que muchas eran personas que nunca se presentaron a trabajar, algo que fue desmentido por ATE. “Todos los desplazados asistían a trabajar. Eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ex ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética”, indicó la delegada de ATE Romina Chiesa. El gremio buscará revertir los despidos en una reunión con el ministro de Justicia.

despidos ex-esmaEntre los trabajadores despedidos hay diez periodistas del sitio Infojus Noticias. En un comunicado, los trabajadores de prensa indicaron que se encuentran en “estado de alerta por los despidos de diez compañeros (editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y redactores del área de redes sociales). Los despidos fueron comunicados informalmente luego de que cada uno de los trabajadores se encontrara con sus usuarios y cuentas bloqueadas en sus puestos de trabajo”. Desde que asumió Garavano, se suspendió la cobertura que hacía esa agencia de noticias de casos de violencia institucional y derechos humanos. La directora designada por Garavano, Sabrina Santopinto, se comprometió el primer día a que no habría despidos. Ayer indicó que intentará revertir la situación.

Entrevistado por el diario El País de España, el ministro de Trabajo se refirió a los despidos en el gobierno de Macri: “Hemos detectado que en los últimos tiempos se ha tomado el Estado como un botín, se puso gente en distintos cargos sin una función específica”, justificó. Sobre el sector privado, indicó que “pasa en algunos sectores que estaban en otro tipo de economía, subsidiada por Estado, sobredimensionada. Ese sobredimensionamiento se notó en cuanto acabaron los subsidios o cuando se cortó el vínculo de negocios con Venezuela”. Y puso como ejemplo el caso de la empresa Cresta Roja, cuyos trabajadores fueron reprimidos.

Fuente: PAGINA.12

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Pedido de Juicio Político a Ricardo Lorenzetti

Compañeros:

dadas las últimas novedades sobre el nombramiento de dos  jueces para la Corte Suprema de Justicia, desde el grupo organizador de las Jornadas nacionales de abogados y abogadas  de lesa humanidad,  se han iniciado varias medidas judiciales. Mientras abogados de todo el país están presentando amparos con pedido de cautelares, estamos pidiendo que todxs lxs ciudadanxs que puedan y quieran se sumen a la presentación de pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. 

Pedido de Juicio Político Titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Pedido de Juicio Político Titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Les adjuntamos un  modelo del escrito para que puedan completar, si asi lo  desean. 

Este escrito se debe presentar en la Cámara de Diputados  en Capital. Se puede  hacer en cualquier momento y  es a título personal. La idea es inundar el Congreso de pedidos de  juicio político 
Lxs compañerxs del interior que  quieran  hacer la presentación  pueden enviarlo con  alguien, el trámite no es personal, pero debe hacerse en Buenos Aires. También se  pueden enviar por correo. Espero que se haya entendido, sino por favor consulten
Los pedidos dan inicio a expedientes, Cuando en febrero el Congreso forme sus comisiones, se sabrá quienes están en la de juicio político. Allí tendrá que dar curso a cada expediente.
En estos primeros días está previsto que se presenten cerca de 300 pedidos y necesitamos que sean muchos más.
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COMPAÑEROS/AS
– TODO CIUDADANO/A PUEDE HACER PEDIDO DE JUICIO POLITICO, es nuestro derecho y  los derechos sólo se tienen cuando se los ejerce
 
– LA EFECTIVIDAD DE ESTA MEDIDA ESTÁ EN QUE LOGREMOS HACERLA MASIVA.
 
– DIFUNDAMOS ESTA INICIATIVA POR  TODO EL PAIS PARA LOGRAR QUE A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO LA CONOZCAN Y  SE SUMEN
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  • INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION

  • a.- Complete sus datos personales e imprima el escrito  y saque una copia (puede presentarlo una persona o varias)

  • b.- Fírmelo

  • c.- Entréguelo en la MESA DE ENTRADAS DE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION o mandelo por correo a 

  • Mesa de Entradas de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Av. Rivadavia 1864 C.A.B.A. (C1033AAV).

  • de 10 a 15. Esto es en lo que resta de diciembre  y en adelante

  • d.- Hágase sellar la copia como recibida. (quienes manden por correo no tendrán copia sellada ni garantía de recepción, pero se puede mandar igual, al menos que sea con aviso de retorno)

descargue-ok1-pequehttps://comisionjuiciocampodemayo.files.wordpress.com/2015/12/juicio-politico-lorenzetti-decreto-83-2.doc

Descargar-DOCUMENTO TEXTO-> JUICIO POLITICO A LORENZETTI

 

 

Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción de Campo de Mayo

Domingo 16 de Agosto de 2015

SAN MARTÍN

Un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, comenzará en los Tribunales de San Martín. Se juzgará, entre otros, al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a otros dos imputados.

El proceso oral y público a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 1, Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain comenzará a las 9.30 en la sede tribunalicia ubicada en Pueyrredón 3734, San Martín.

Los imputados, además de Riveros, son Rodolfo Emilio Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Carlos Daniel Caimi, comisario a cargo de la Comisaría de Villa Ballester entre 1975 y 1977.

El juicio comprendido en la denominada megacausa Campo de Mayo abarca los casos de 14 víctimas que fueron privadas de la libertad en lugares y en domicilios emplazados dentro de la denominada zona Defensa IV, y todos ellos estuvieron y/o fueron vistos y/o escuchados, dentro de la Comisaría de San Martín Segunda de Villa Ballester.

De las 14 víctimas cuyos casos serán debatidos, 11 son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro (1976), José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri, permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Angel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en la calle Mitre 1350, del Partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral el 16 de agosto de 1976 por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

Los represores ingresaron con dos camiones a la firma preguntando por los delegados gremiales y una vez individualizados, fueron encapuchados y trasladados a la Comisaría de Villa Ballester, alojados en calabozos, sometidos a interrogatorios, golpes y torturas con picana eléctrica durante ocho días hasta que fueron liberados en una ruta de la localidad de Bancalari.

Entre los sobrevivientes que brindarán su testimonio, se encuentran Elio Julio Barroso, secuestrado el día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, en su domicilio de la localidad de José León Suárez y trasladado a la comisaría de Villa Ballester.

Al momento de su secuestro, Barroso integraba el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Luis Fernando Sacomani fue privado de la libertad dos días después, en su domicilio de localidad de Villa Ballester, por un grupo de cuatro o cinco personas armadas y vestidas de civil y trasladado a la misma comisaría a cargo de Caimi, donde fue torturado en varias oportunidades e interrogado acerca de su condición de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica.

A fines de mayo de 1976 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, trasladado a la Unidad de Devoto y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció alojado hasta octubre de 1977, en que recuperó su libertad.

Las víctimas restantes que brindarán su testimonio son Beatriz Ramona Castro de Villareal, María Cecilia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Enrique René Íbalo y Amelia Noemí González.

Según el cronograma judicial, las audiencias continuarán el 25 de agosto y todos los martes de septiembre.

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Fuente: TELAM
 
 
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