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Archivo de la categoría: Juicio genocidas argentina

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A 40 años del genocida Golpe Cívico-Militar

Afiche Campo de Mayo

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Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción de Campo de Mayo

Domingo 16 de Agosto de 2015

SAN MARTÍN

Un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, comenzará en los Tribunales de San Martín. Se juzgará, entre otros, al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a otros dos imputados.

El proceso oral y público a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 1, Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain comenzará a las 9.30 en la sede tribunalicia ubicada en Pueyrredón 3734, San Martín.

Los imputados, además de Riveros, son Rodolfo Emilio Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Carlos Daniel Caimi, comisario a cargo de la Comisaría de Villa Ballester entre 1975 y 1977.

El juicio comprendido en la denominada megacausa Campo de Mayo abarca los casos de 14 víctimas que fueron privadas de la libertad en lugares y en domicilios emplazados dentro de la denominada zona Defensa IV, y todos ellos estuvieron y/o fueron vistos y/o escuchados, dentro de la Comisaría de San Martín Segunda de Villa Ballester.

De las 14 víctimas cuyos casos serán debatidos, 11 son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro (1976), José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri, permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Angel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en la calle Mitre 1350, del Partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral el 16 de agosto de 1976 por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

Los represores ingresaron con dos camiones a la firma preguntando por los delegados gremiales y una vez individualizados, fueron encapuchados y trasladados a la Comisaría de Villa Ballester, alojados en calabozos, sometidos a interrogatorios, golpes y torturas con picana eléctrica durante ocho días hasta que fueron liberados en una ruta de la localidad de Bancalari.

Entre los sobrevivientes que brindarán su testimonio, se encuentran Elio Julio Barroso, secuestrado el día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, en su domicilio de la localidad de José León Suárez y trasladado a la comisaría de Villa Ballester.

Al momento de su secuestro, Barroso integraba el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Luis Fernando Sacomani fue privado de la libertad dos días después, en su domicilio de localidad de Villa Ballester, por un grupo de cuatro o cinco personas armadas y vestidas de civil y trasladado a la misma comisaría a cargo de Caimi, donde fue torturado en varias oportunidades e interrogado acerca de su condición de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica.

A fines de mayo de 1976 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, trasladado a la Unidad de Devoto y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció alojado hasta octubre de 1977, en que recuperó su libertad.

Las víctimas restantes que brindarán su testimonio son Beatriz Ramona Castro de Villareal, María Cecilia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Enrique René Íbalo y Amelia Noemí González.

Según el cronograma judicial, las audiencias continuarán el 25 de agosto y todos los martes de septiembre.

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Fuente: TELAM
 

Derechos Humanos participó del homenaje a obreros navales desaparecidos durante la dictadura

25 de Marzo de 2015

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, participó del acto en el que se homenajeó a los obreros navales desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

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La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, participó el 21 de marzo del acto organizado por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, ex trabajadores de Astarsa y familiares de detenidos-desaparecidos de astilleros, en homenaje a los obreros navales desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

Por primera vez, el acto pudo realizarse en el interior del predio de los ex Astilleros Astarsa (hoy propiedad de una empresa privada), en Tigre, en la propia plataforma de hormigón conocida como “La Anguilera”, que era el lugar donde se construían los barcos y un verdadero símbolo del trabajo y la militancia sindical de los obreros navales de los Astilleros Astarsa.

Ello fue posible a partir de la reciente declaratoria de “Lugar Histórico Nacional” por parte de la Presidencia de la Nación de este lugar emblemático de las luchas de los trabajadores navales perseguidos por la dictadura cívico-militar, mediante el decreto N° 1762/2014. En ese marco, la propietaria (que proyecta un emprendimiento náutico e inmobiliario para la zona), autorizó la realización del acto en el sitio ahora protegido.

Según detalló la Secretaría en un comunicado “esta preservación surge del trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura, a partir de un proyecto presentado por la Comisión por la Memoria de Zona Norte, y se enmarca en la declaratoria de lugares históricos de sitios emblemáticos relacionados con el terrorismo de Estado (entre ellos, todos los ex centros clandestinos de detención hoy recuperados como espacios de memoria; ya fueron declarados la ex ESMA, “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, en la Ciudad de Buenos Aires, y la ex D-2 de Córdoba, la Brigada de Investigaciones de Chaco; o el Museo de la Memoria de Rosario, en la ex sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército), como así también lugares vinculados con la militancia política y sindical que fueron fuertemente perseguidos por el terrorismo de Estado, como “La Anguilera” de Astarsa o la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”, en Munro, entre otras”.

La persecución a los obreros navales, crímenes imprescriptibles

Al menos 30 trabajadores navales fueron desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires. Dieciocho de ellos pertenecían a Astarsa (otros a los astilleros Mestrina y Forte, entre otros), según datos oficiales obrantes en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer los fundamentos de la sentencia dictada el 7 de octubre de 2014 en uno de los tramos del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de Campo de Mayo, en el que se investigaron los secuestros y desapariciones de obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las cerámicas Lozadur y Cattáneo.

El juicio no incluyó toda la causa sino una primera parte relacionada con algunos obreros que no son parte del grupo que secuestraron en el ingreso a la fábrica el mismo día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino que en su mayoría fueron secuestrados días después. El juicio no permitió avanzar sobre uno de los factores sobre los que sí se espera poder ir adelante en la segunda parte, que es la responsabilidad de la burocracia sindical y de los empresarios sospechados de haber entregado los listados de la comisión interna y de los obreros más combativos.

El Tribunal condenó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Santiago Omar Riveros, a quien halló culpable de 14 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 33 secuestros y por los homicidios agravados de 3 trabajadores de ASTARSA: Mario Bonorino Marras, Livio Osvaldo Garay y Mauricio Juan Villalba.

En tanto, impuso la pena de 23 años de prisión a Reynaldo Bignone por ser responsable de 9 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 13 secuestros y torturas; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a Eugenio GuañabensPerelló y 9 años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. En todos los casos el tribunal fijó además la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.Fueron absueltos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado.

“La Anguilera” de Astarsa: hoy Sitio de Memoria del terrorismo de Estado y Lugar Histórico Nacional

“La Anguilera” constituye un símbolo de la historia de los obreros navales y sus luchas. Era el lugar del astillero donde se armaban los barcos, pero al mismo tiempo, un espacio de reunión y sociabilidad donde se desplegaba buena parte de la vida cotidiana de los trabajadores. Era, además, un ámbito de discusión y debate, donde se llevaban a cabo asambleas y actividades que estructuraron una sólida organización sindical de base, sobre la cual se focalizó la represión criminal del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Es por ello que “La Anguilera” es considerada un “Sitio de Memoria” en el marco de la ley N° 26.691, que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983, tales como la persecución, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de trabajadores con militancia sindical de los Astilleros Astarsa.

La ley N° 26.691 determina la preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales. Su autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, también tiene previsto concretar la señalización del sitio.

Como parte de esta articulación de políticas entre distintos organismo del Estado Nacional, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos declaró “Lugar Histórico Nacional” a la plataforma denominada “La Anguilera”, sita en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires (Datos catastrales: Circunscripción: 1, Sección: E, Qt: 4, Parcelas: 14 y 13B), a través del decreto N° 1762/2014, de la Presidencia de la Nación.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública

 

San Fernando: Multitudinario homenaje a los obreros navales asesinados por la dictadura

Miercoles 25 de Marzo de 2015

Hay 26 obreros desaparecidos de Astarsa, Mestrina, Acuamarine, Forte y Tarrab

ASTARSALa histórica marcha por el Canal de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, que se realiza cada aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reivindicó hoy frente a los portones de lo que fue el astillero Astarsa la lucha de los obreros navales desaparecidos por la dictadura, a pocos días de comenzar “el juicio de los obreros” en la Causa Campo de Mayo. Con los caracterí­sticos cascos amarillos, gran cantidad de vecinos y de jóvenes de distintas organizaciones políticas partieron desde la plaza del Canal de San Fernando y por la avenida Cazón se dirigieron hasta el lugar donde hace 38 años irrumpió el primer operativo represivo en el Astillero.

La intervención militar causó la desaparición de 11 obreros del astillero Astarsa la madrugada del 24 de marzo, apenas asumida la junta militar encabezada por el ex dictador Jorge Rafael Videla. “Hoy, a 38 años del 24 de marzo de 1976, reivindicamos a los obreros de los astilleros y a todos los demás trabajadores y militantes territoriales, gremiales y estudiantiles que se jugaron la vida en tiempos de dictadura”, dijo a Télam Luis César “Gallego” Prieto, histórico militante y actual integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la Zona Norte.

Este año, el homenaje se hizo a pocos días del inicio de una nueva etapa de la Causa Campo de Mayo, que incluye a trabajadores de Astarsa y otros astilleros de la zona, del gremio ceramista, de metalúrgicos del partido bonaerense de San Martí­n y de obreros de la fábrica de automóviles Ford de Pacheco, que fueron asesinados y desaparecidos en esos años. Son 18 los juicios de lesa humanidad realizados, con 400 condenados y más de 1000 procesados a la actualidad.

La Plaza del Canal, que separa a los partidos bonaerenses de San Fernando y Tigre, se fue convirtiendo en el emblemático espacio donde se recupera la memoria de los obreros navales, extendiéndose con el tiempo a todos los militantes desaparecidos de zona norte.

Prieto dijo que “los obreros navales se convirtieron en un símbolo de la militancia en la zona norte, porque la comisión interna y la agrupación Alesio supieron dar un salto organizativo inédito en materia gremial, lo que hizo que fueran inmediatamente desarticuladas por la junta militar ni bien tomó el poder”.

“Es que los navales habían conseguido un alto grado de participación en las decisiones de la empresa relacionadas con la higiene y la salubridad, y a partir de ese momento no se lamentaron más accidentes”, precisó Prieto, quien recordó la historia de la agrupación Alesio.

Al frente de esa lucha, la Alesio, que habí­a tomado el apellido de un obrero naval muerto en 1973 por las precarias condiciones de seguridad del Astillero, “demostró además que la cantidad de horas de trabajo no incidí­an con la productividad”, explicó el integrante de la comisión de Memoria.

Desde ese momento y en los dí­as sucesivos, la dictadura militar “secuestró a un total de 60 obreros navales de los astilleros Astarsa, Mestrina, Acuamarine, Forte, y Tarrab, de los cuales 26 continúan hoy desaparecidos”, precisó Prieto.

La jornada por la memoria de los obreros navales y los militantes de la zona norte -de Vicente López a Escobar- comenzó esta tarde con una radio abierta, una obra de teatro de la comunidad educativa de la Escuela 8 de General Pacheco y expresiones artísticas de agrupaciones, y culminó con la marcha de cascos amarillos al Astillero, donde se hizo un homenaje.

Desde su nacimiento, la marcha  se realizó dos o tres días antes del 24 de marzo para no coincidir con la gran marcha organizada por las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires.

La marcha culmina en el predio donde funcionaba Astarsa, pero ahora en ese predio, que se intentó preservar como lugar de memoria, el intendente de Tigre, Sergio Massa, planea levantar una ciudad navegable o parque náutico privado, de nombre Venice.

Otra militante histórica, María Rufina Gastón, dijo a Télam que “es inminente el juicio que tiene como víctimas a los obreros navales y a otros trabajadores y sus familias de la zona”. “En el marco de la mega causa de Campo de Mayo, `el juicio de los obreros` empieza a fines de abril`”, dijo Rufina en el discurso.

Como compañera de un obrero naval desaparecido, la integrante de la Comisión de Memoria de zona norte, invitó a participar del “siluetazo” que se desarrollará mañana.

El “siluetazo” es el nombre de una actividad que hoy llevan adelante agrupaciones juveniles en las avenidas de la zona, y que hace que la madrugada del lunes 24 las paredes amanezcan tapizadas con las siluetas dibujadas de los desaparecidos. Cada una de ellas, con el nombre de la persona y la fecha de la desaparición, fue posible a partir de un trabajo de recopilación de información y la memoria de los compañeros, cuyos testimonios mantuvieron vivo el recuerdo de esos años, entre ellos, Anselmo
Gayo, hermano del obrero naval Daniel Gayo.

Fuente: TELAM

 

Marcha a Campo de Mayo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

Lunes 23 de marzo de 2015

Por décima vez, organizaciones sociales, políticas y gremiales del noroeste bonaerense marcharon por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia a Campo de Mayo, en la localidad de Bella Vista

A través de un documento, la Comisión de la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo criticó a un sector del Poder Judicial al que calificó de “cómplice”, porque demora el juicio a los responsables civiles y funcionarios judiciales que fueron parte del entramado del Terrorismo de Estado.

El documento destacó la cantidad de 1128 represores imputados, 300 procesados, 559 condenados y 15 juicios en desarrollo, pero exigió la necesidad de que la Cámara Federal de Casación Penal se expida en contra o a favor de las sentencias, para que queden firmes.

También mencionó la paralización de las causas Papel Prensa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, y de los secuestros de los trabajadores de la automotriz Ford, cuya fecha de juicio es incierta. También se recordó la denuncia del abogado Pablo Llonto contra el juez federal del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, Diego Barroetaveña, por mal desempeño.

La Comisión de la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo le dio una mención al diputado Juan Carlos Junio, de Nuevo Encuentro, que el año pasado presentó un proyecto para que Campo de Mayo –que pertenece al Ministerio de Defensa- sea declarado “sitio de memoria”.

“Este lugar tiene que ser un sitio de memoria para recordar el horror que se vivió aquí y que nunca más vuelva a pasar”, dijo Junio en el acto.

Por su parte el abogado Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en los juicios de Campo de Mayo, contó que hoy también participó de otro acto en la zona de Tigre, donde “por primera vez entramos a la ex sede del astillero Astarsa. Días después del Golpe, camiones del Ejército entraron y secuestraron a compañeros. Hoy estaban sus familiares y fue muy emocionante”, manifestó.

La Comisión también entregó menciones a Iris Avellaneda, que fue secuestrada junto a su hijo Floreal “Negrito” Avellaneda, de 14 años, en abril de 1976 en su casa de la localidad de Vicente López.

También recibieron menciones especiales María Ángela Lezcano Colayago, que busca a su nieto que nació en Campo de Mayo; la rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), Gabriela Diker y el ex rector de esa institución, Eduardo Rinesi; las hijas de la histórica docente de CTERA, la fallecida Stella Maldonado; José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el grupo de danza de la UNGS, que está presente todos los años en la movilización.

El cierre del acto estuvo a cargo del artista Ignacio Copani, que entre otras canciones interpretó “Solo le pido a Dios” y “La memoria”.
“Hay artistas que asumimos nuestra vocación más profunda, que es ser soporte del pueblo”, expresó Copani en diálogo con Télam. Alrededor de las 19 el acto terminó con la promesa de volver en 2016.

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Los secuestros en la fábrica Ford

Miércoles 14 de Enero de 2015

DOS EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA DECLARARON EN UNA AUDIENCIA ANTICIPADA

Jorge Constanzo y Carlos Gareis son dos de los 24 obreros de la automotriz norteamericana secuestrados durante la última dictadura. Aunque el juicio oral no tiene fecha de inicio, fueron convocados porque están enfermos.

Por Alejandra Dandan

El quincho de la planta de Pacheco funcionó como centro ilegal y transitorio de detención. Imagen: Télam

Jorge Constanzo y Carlos Gareis son ex trabajadores de la planta de Pacheco de Ford Motors Argentina. En 1976, Constanzo era delegado del sector del Comedor. Gareis había sido delegado de Estampados. A ambos los detuvieron ilegalmente en la planta y son parte de los 24 obreros de la automotriz norteamericana secuestrados durante la dictadura. Ambos están ahora afectados por problemas de salud. Antes del cierre del año, la Justicia federal de San Martín habilitó una audiencia especial para tomarles testimonio. Sus relatos se sumarán al muy esperado juicio oral. El día de la audiencia se acercaron a la puerta del tribunal muchos de sus antiguos compañeros con sus esposas y familias, con clima de celebración, pero a la espera de eso que desde hace demasiado tiempo debe empezar y todavía no tiene fecha de inicio.

Carlos Gareis es uno de los ex trabajadores menos conocido de la Ford. Entró en la automotriz en 1962 y fue delegado de estampados durante cuatro o cinco años, hasta alrededor de 1972. Esta fue la primera vez que declaró ante la Justicia. Tiene un enfisema pulmonar del que habló al evocar los años en la empresa. Gareis era delegado cuando la producción del estampado se hacía con estaño. Esa era la manera de hacerlo hasta que las cosas lograron ser mejoradas con los reclamos y la organización. Hasta ese momento, el procedimiento provocaba enfisema pulmonar entre los trabajadores como el que él mismo padece porque no usaban máscaras y el estaño entraba por todos lados.

Gareis continuó en estampados luego de dejar el mandato. Días después del golpe, el 12 de abril, fue secuestrado en su sector de trabajo. Mientras se lo llevaban, contó, sus compañeros empezaron a canturrear y a pedirles a los militares que lo suelten. ¡“Sueltenlo! ¡Lárguenlo!”, decían. Pero los militares le dijeron a Gareis:

–Acá tenés dos opciones: o les decís que sigan trabajando o sos hombre muerto. Gareis les dijo a los muchachos entonces que “sigan, que yo ya vuelvo, pero en realidad, nunca más volví”, les dijo a los jueces.

Una de las recurrencias en las causas sobre la complicidad de las empresas con la dictadura es el componente gremial de los secuestrados. Se sabe, a la hora del golpe muchos eran integrantes de las comisiones internas de las plantas. O estaban muy cerca de esas comisiones. La mayor parte eran comisiones combativas, con participación de trabajadores de organizaciones políticas o sin esa participación orgánica, pero en general enfrentadas a la burocracia sindical. La historia de Gareis dentro de la planta volvió a poner a los secuestros en esa lógica.

Dentro de la fábrica, él cumplía turno tarde noche. El 12 de abril se le acercó un capataz del que Gareis no recuerda el nombre. Le dijo que tenía que ir a la oficina que manejaba el área de estampado. Gareis fue mientras sus compañeros pedían por él y luego lo llevaron hasta el quincho. Ese fue otro aporte en su relato. El quincho de la planta de Pacheco funcionó como centro ilegal y transitorio de detención, pero costó años que la Justicia lo entendiera de esa manera. Los secuestrados permanecieron ahí antes de ser derivados a otros lugares. Gareis fue uno de los que más horas pasó en ese espacio. Estuvo desde las seis o siete de la tarde hasta cuando “clareaba”, describió. Durante la noche le pegaron patadas, dijo, le pusieron alambres y capucha. Al día siguiente, lo llevaron a la comisaría de Tigre, donde también lo golpearon. Ahí vio gente de Astarsa y también, en ese diálogo que habla de modo invisible con otras causas, estuvo con gente de Terrabusi.

Todos al Tigre

Los secuestros en la Ford se produjeron por “oleadas”, dice Tomás Ojea Quintana, abogado y representante de los trabajadores en esta causa. Comenzaron el 24 de marzo y se extendieron durante unos dos meses. Al comienzo fueron “levantando” a los delegados gremiales, luego a otros como Gareis. El circuito incluía el quincho, luego la comisaría de Tigre, Devoto y La Plata.

En el Tigre, a Gareis lo sacaron del calabozo para interrogarlo, pero el militar a cargo le dijo algo que aún hoy es raro para quienes trabajan con la causa. Le preguntó por qué ellos estaban ahí, señaló en su testimonio. Puede ser que efectivamente los militares del Tigre no hayan sabido que los trabajadores estaban “presos”. O por qué. Es una opción. Para los investigadores esto es posible: podría ser que ellos hayan sido un “objetivo” apetecido no tanto por los militares sino por los empresarios.

El siguiente testimonio aportó un dato sobre la relación entre la Ford y sectores del Ejército. En este caso fue el testimonio de Constanzo, para entonces delegado del comedor.

El comedor de la Ford era enorme. Antes del golpe varios integrantes del Ejército comían en las instalaciones de la fábrica. Llegaban con tickets de comedor provistos por la empresa como el resto de los empleados.

Los dos testigos aseguraron que nunca más volvieron a la Ford porque estaban aterrorizados. Gareis vivía en Lanús. Cuando lo liberaron se fue de su casa. No volvió a pisar la empresa. No hizo reclamos.

“Los llevaron al quincho, de ahí a la comisaría del Tigre, estuvo como 30 o 40 días incomunicado, no estaba legalizado. Las familias se enteraron de que estaban ahí. Después los llevaban a Devoto. Y después a la U9 de La Plata y los largan a mediados del otro año, aterrorizados, porque, además, no tenían inserción orgánica en ninguna organización ni nada”, explica en este caso Ojea Quintana. “Por eso mismo ninguno de los dos volvió a la empresa. Y nunca más pudieron conseguir trabajo de lo que hacían porque cuando les pedían antecedentes se enteraban que habían sido ‘detenidos’ en Ford y lo que les había pasado. Quedaron marcados, no pudieron volver a trabajar.”

Gareis y Constanzo están grandes y enfermos y por eso fueron citados antes del inicio formal del juicio oral. Ninguno había declarado en instrucción. Y ahora lo hicieron por primera vez ante un tribunal. Constanzo les hizo un pedido a los jueces en ese momento: “Quiero que se sepa que esto para nada es sed de revancha ni de venganza, pero quiero que Ford tenga que acercarse a nosotros y reconocer que se equivocó”.

Los acusados del juicio son tres: Pedro Müller, ex gerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de relaciones laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quien se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército. Sibilla escaló posiciones luego de los secuestros y fue contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló, en 2004.

Entre las querellas está la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, representada por Ciro Annicchiarico y el fiscal federal Marcelo García Berro. El Tribunal Federal es el Nº1 de San Martín, que contó en esa audiencia con sólo dos de los tres jueces: Diego Barroetaveña y Marta Isabel Milloc. No estuvo Héctor Sagretti. Los que estuvieron presentes dicen que los abogados de los acusados no preguntaron por sus defendidos sino por las responsabilidad de la empresa.

“Nos interesa que este clima de juicio que provocaron las declaraciones anticipadas hace unas semanas produzca en realidad la certeza de una fecha cierta del comienzo lo antes posible”, dice Ojea Quintana sobre esta preocupación de las partes. A la espera de Justicia, murieron ya otras víctimas de esta causa: Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni y Hugo Adolfo Núñez..

Fuente PÁGINA.12

trabajadores

 

Recordatorio de Elena y Chiche a 36 años de su desaparición

Detenidos desaparecidos 13/10/79

Elena Kristal y Hector R. Fernandez

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Vieja querida!!! hoy hubieses cumplido 76 pirulos, te extraño mas que nunca, tu hija Vero

Presentes ahora y siempre!!!!!

 

 
 
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