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Archivo de la categoría: Lesa humanidad

Despidos en áreas de Derechos Humanos: Informe de Situación al 29.01.16

Lunes 1ero de febrero de 2016

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MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Dirección Nacional de Derechos Humanos:

Coordina los requerimientos judiciales en el marco de las causas de lesa humanidad y de la sustracción y sustitución de identidad durante el Terrorismo de Estado.

Despidieron  parte del  equipo incluido el que trabajó en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga y a la coordinadora del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ).

El GEAJ (representa una instancia de control político) interviene en la coordinación con la justicia y con las fuerzas policiales y de seguridad, en aquellas medidas judiciales donde se investigan la apropiación y sustracción de niños durante la última dictadura cívico – militar.

También se despidió a trabajadores que desarrollaban tareas vinculadas a las políticas de género y las capacitaciones en Derechos Humanos a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad (FF.SS.).

Los despidos afectan:

  • Relevamiento y análisis de archivos pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Hubo más de 3.500 documentos presentados en causas judiciales de lesa humanidad.
  • Supervisión y seguimiento de los requerimientos judiciales realizados en el marco de causas de lesa humanidad. Hubo más de 2.300 requerimientos tramitados.
  • Seguimiento y análisis de las investigaciones realizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad para dar con el paradero de los prófugos en causas de lesa humanidad.
  • Desarrollo de políticas para la capacitación del personal de las Fuerzas en materia de derechos humanos.
  • Coordinación de los requerimientos en el marco de causas judiciales en las que se investiga la apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado. Hubo más de 460 medidas tramitadas.

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MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:

Se ocupaba de desarrollar una política institucional compatible con las exigencias republicanas en materia de acceso a la información pública, colaborando activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del Terrorismo de Estado, y respecto de cualquier otro hecho en el que estuviera involucrado el desempeño de las instituciones del sector, por un lado, y colaboraba activamente en la consolidación de las políticas del Gobierno Nacional de lucha contra la impunidad, por la memoria y la verdad.

Al día de la fecha la situación es la siguiente:

  • Han extendido por tres meses los contratos de todos los equipos de investigación que desarrollan su tarea en los archivos (vencen en marzo). Están revisando los contratos y no les han dado ninguna directiva desde el cambio de gestión, razón por la cual están sin tarea desde mediados de diciembre.
  • La Secretario de Derechos Humanos ya no está consultando al área por los antecedentes ante la designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están ocupando cargos en la administración pública.

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MINISTERIO DE JUSTICIA.

Secretaria de Derechos Humanos

Los despidos al día de la fecha, sólo en el área de la SDH, son varias decenas

1.- Archivo Nacional de la Memoria. Despidieron  3 trabajadores de la Dirección de Gestión de Información- En esta área se digitaliza material de archivo referido a causas de delitos de Lesa Humanidad, como los legajos CONADEP.

2.- Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. El Centro presta asistencia desde una perspectiva integral y realiza acompañamiento a víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el marco de los procesos judiciales, tanto por delitos de Lesa Humanidad como por violaciones de Derechos Humanos en contextos democráticos.

  • Despidieron 3 psicólogas y una trabajadora social
  • Una de las psicólogas es del Chaco y articulaba todas las demandas de esa zona en asistencia y acompañamiento en juicios de lesa humanidad y en violencia institucional.
  • Queda afectado también el trabajo clínico y de acompañamiento en la provincia de La Rioja, por otro de los despidos de psicología.
  • La trabajadora social recibía las demandas de distintas áreas en temas de lesa humanidad, violencia institucional y Cromagnon

3.- Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Despidieron a las coordinadoras del ex “ESIM” – “Las Flores” – “Escuelita de Famaillá”, quienes eran las únicas trabajadoras de los Sitios, quedando los mismos en una situación de vaciamiento institucional. Estos CCDT y E actualmente son Espacios para la Memoria y Promoción de los DD.HH.

Programa Verdad y Justicia.

El programa se  creó en 2007 con el fin de fortalecer el proceso de Verdad y Justicia, con la intención de centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo intervinientes en las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, como así también garantizar la protección integral de las víctimas, testigos, querellantes y funcionarios involucrados en el proceso de juzgamiento por aquellos hechos. Además de realizar investigaciones, evalúa los riesgos de todos los testigos que son convocados a prestar declaración en los debates orales en todo el país y contacta y notifica a las víctimas testigos de su citación a prestar declaración, reemplazando de ese modo las notificaciones que usualmente realizan las fuerzas de seguridad y que revictimizaban a aquellos testigos.

  • Despidieron 10 trabajadores, todos profesionales, que eran parte de los 3 equipos del Programa. Son 3 Abogados (hacen de nexo entre los tribunales y víctimas-testigos. Una de ellas es de Salta y por lo tanto en esa provincia el contacto con los testigos lo volverían a realizar las fuerzas de seguridad) , 1 Antropólogos, 1 Socióloga (del equipo de evaluación de riesgo), 2 Comunicadores Sociales y 2 Docentes. Cinco de los profesionales estaban vinculados a distintas investigaciones, una de ellas relacionados con Abuelas de Plaza de Mayo.
  • El Programa pasaría a depender de la SDH, saliendo de la órbita de unidad ministro, como era hasta ahora. Esta situación implica en la práctica que el PV y J   estaría interviniendo en la misma área donde lo hace la SDH, quien además en querellante en las causas de lesa. Aunque el Programa anticipó esta dificultad, Garavano avanzó con la reestructuración.

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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos: 

Fue creada en el 2014 como  un área dedicada a la investigación de delitos económicos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Llegó a conformar un acervo documental único sobre el Terrorismo de Estado en el sistema financiero durante la última dictadura cívico-militar. Esa documentación, que desde el retorno de la democracia nunca antes había salido a la luz, es un insumo central para las causas judiciales.

La Subgerencia fue auditada en diciembre por parte de la Consultora PSM, quien llevó adelante entrevistas con todas las personas del área.

Como resultado del proceso de auditoría se produjo:

  • El cambio en el plan de trabajo de la Subgerencia: se pasó de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico militar y la promoción de DDHH mediante capacitaciones internas, a generar un nuevo plan de trabajo. Este fijó dos ejes: a.-Ética Pública, construcción de un código de ética del organismo, y b.-Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.
  • El nombre del área por el momento había permanecido igual, si bien, se comunicó informalmente que podía cambiar.
  • Se despidió el 28 de diciembre al Jefe de la Subgerencia, Eduardo Coddiani.
  • Al día 28 de enero han despedido a todos los trabajadores y trabajadoras del área de DDHH (junto a otros 33 compañeros del banco)

Fuente: Organismos de Derechos Humanos
y Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte

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El Ajuste en el Banco Central y el desmantelamiento del área de Derechos Humanos

31 de Enero de 2015

LOS DESPIDOS FUERON SALVAJES

Trabajadores despedidos del Central relataron que fueron cesanteados sin contemplaciones y que se desarmó la estructura que sostenía los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Preocupación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades.

Por Alejandra Dandan
mauricio-macri-presidente-1780151w620Antes de la materialización de los últimos despidos, la cabeza del Banco Central empezó a mandar señales de lo que ahora se confirma como el desmantelamiento de áreas y políticas vinculadas al sostenimiento de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El 11 de enero una circular sorprendió a quienes trabajaban en el área de Derechos Humanos. Estaba dirigida al sistema financiero para que informe sobre antecedentes patrimoniales de cuatro detenidos en causas de crímenes de lesa humanidad. No hubiese llamado la atención de no haber sido por dos cambios: lo que hasta diciembre se hacía de modo “confidencial” hacia el interior del sistema bancario salió con una emisión pública y hasta quedó publicada en la web. Además, la orden no pasó por la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del BCRA como sucedía hasta diciembre. El jueves el área que estaba a punto de ser renombrada como de Etica y Cumplimiento quedó completamente desmantelada entre los 47 despidos ordenados por Federico Sturzenegger. Un comunicado firmado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y universidades manifiesta la preocupación.

La comunicación es sólo un ejemplo de los últimos cambios, pero muestra lo que viene. Hasta diciembre, los juzgados a cargo de las causas de lesa humanidad enviaban una comunicación a la gerencia del Banco Central encargada de la asistencia al Poder Judicial. A continuación, la gerencia distribuía los pedidos al circuito financiero con una comunicación calificada como confidencial que antes pasaba por la Subgerencia de Derechos Humanos. La Subgerencia creada por Alejandro Vanoli en diciembre de 2014 coordinaba respuestas con el área jurídica.

La circular del 11 de enero rompió todos esos mecanismos. Y salió emitida de modo público para pedir información de cuatro detenidos en la causa de la Base Naval IV de Mar del Plata, que está en etapa de instrucción a cargo del juez federal Santiago Inchausti. Los nombres de los imputados son Horacio Roque Vargas, Rodolfo Ludueña, Osvaldo Gaspar Siepe y Oscar Ayedez, procesados como “jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, y por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos agravados en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado”. De acuerdo a la orden judicial, el Central pidió informar sobre números de cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos o moneda extranjera, como también extractos con los movimientos desde la apertura de las cuentas hasta el presente, plazos fijos, créditos, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y compras. La difusión pública del pedido pareció, así, más un aviso amigable destinado al mundo de los perpetradores que a una colaboración efectiva en los procesos de investigación.

paro_ate_1El cambio se leyó rápidamente como parte de las políticas de vaciamiento por goteo que viene impulsando el gobierno sobre organismos del Estado abocados a colaborar con los procesos de lesa humanidad. La creación del área de Derechos Humanos en el corazón del Banco Central fue uno de los avances importantes de los últimos años para el proceso de justicia y crímenes de Estado. En línea con lo que sucedió en la Comisión Nacional de Valores, la subgerencia investigó y elaboró un fondo documental único sobre el impacto del terrorismo de Estado en el sistema financiero. Tal como lo recuerda la solicitada firmada por las organizaciones sociales, “esa documentación fue relevada por primera vez desde el retorno de la democracia y sigue siendo un insumo central para las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.

Un informe interno hoy señala que “se desclasificaron las actas secretas del directorio pertenecientes al período 1980-1983. El material refiere a la exportación de material bélico secreto por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares a diferentes países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales (S6), al estado de las reservas en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina –discrepancia en los números al cual ascienden– (S7, S11), Guerra de Malvinas –posible traslado de las reservas depositadas en Nueva York– (S3, S4, S5), deuda externa (S14), créditos negociados por el BCRA para la Argentina (S9, S10, S12) y en un solo caso, acta S13, refiere a la empresa Nobleza Piccardo”.

También destaca que “a través del relevamiento, análisis y sistematización de la información del BCRA se aportó documentación para las siguientes causas de lesa humanidad: Iaccarino, Papel Prensa, Mackentor, Banco de Hurlingham y Acindar y al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)”.
En diciembre, las nuevas autoridades auditaron el área a través de la Consultora PSM, asesora de comunicación durante la campaña de Macri y que cuenta entre sus clientes a la Fundación Fortabat. Como devolución de la entrevista, comenzaron los cambios. Celeste Perosino era hasta esta semana subgerente del área. “Primero cambiamos el plan de trabajo –dice–: pasamos de investigar delitos económicos durante la última dictadura cívico-militar y de promover derechos humanos a través de capacitaciones internas a solicitarnos que nos aboquemos a generar un plan de trabajo que finalmente quedó establecido en los siguientes dos ejes: Ética Pública, construcción de un Código de Ética del organismo e Investigación de bloqueantes de acceso al sistema financiero en sectores vulnerados.”

El á227991_imgrea tenía cuatro personas. El primer despido ocurrió el 28 de diciembre. Mientras estaba de vacaciones, el jefe de la Subgerencia, Eduardo Codianni, recibió una llamada del área de Recursos Humanos con el anuncio. Hizo 400 kilómetros para volver a Buenos Aires y cuando llegó su huella digital de acceso al Banco Central había sido bloqueada. El último jueves echaron a dos, entre ellas a Perosino que trabajó hasta el último minuto del día sin saber que desde hacía una semana estaba desvinculada. Cuando ajustaba los últimos puntos de la nueva propuesta del Código de Ética que le habían pedido, recibió una llamada de Recursos Humanos. Le dijeron que la echaban sin causa y que tenía diez minutos para irse del banco.

“En diciembre nos tomaron a todos entrevistas individuales –explica–, nos preguntaron a todos cual era nuestro recorrido de trabajo; cómo habíamos entrado; qué expectativas teníamos para la nueva gestión. Siempre en un clima sumamente cordial porque son la revolución de la alegría y de alguna manera entendimos que el área seguía porque elogiaron el currículum. Decían ‘¡qué bien preparado que estás!’. Después vino una devolución. Me llamó la dueña de la Consultora (Patricia Santamaría) para decirme que quería charlar cambios en el área. Les parecía que el tema de los derechos humanos era ‘muy chiquitito’, un puntito, en el mundo de los derechos y quería ir por algo más amplio como ética, ética y compliance, una cosa así.”

–¿Qué es compliance?

–Hay una movida en el mundo de los empresarios y de los CEO en el que es muy común hacer cursos de ética y cumplimiento, que tiene que ver con cumplimientos normativos de organismos internacionales, transparencia. Ella me dijo que le iba a hacer la propuesta a Sturzenegger con los cambios en el área. Y que probablemente se iba a renombrar el sector.

–¿Sucedió finalmente?

–Al día de hoy, el nombre no lo cambiaron formalmente pero sí el plan de trabajo. Pasamos de investigar los archivos del Banco Central en dictadura y hacer promoción, de trabajar sobre género, discriminación y sobre el aspecto económico de la dictadura en capacitaciones internas, a un área que tiene como eje rector el de hacer un Código de Etica y medir indicadores de bloqueantes al sistema financiero de colectivos vulnerados. Es decir, ver en los sectores más empobrecidos del país, colectivos trasngénero o personas discapacitadas cuáles son las dificultades de acceso de acceso al sistema bancario. Fue ese el plan de trabajo del último tiempo. Si bien no tenía nada que ver con lo que veníamos haciendo, estábamos encontrando una vuelta para hacer algo que nos parecía interesante. Sin embargo, ayer vino la noticia de los despidos masivos y el área no existe más. Pero me parece importante decir que hasta último momento a mi jefe le estuvieron pidiendo por mail retoques de la propuesta del plan de trabajo que habíamos hecho. Así que estuve reunida mirando estos mails. Es decir que estábamos trabajando mientras estábamos despedidos desde hacía una semana. De hecho, tuve una reunión a la tarde con el gerente del Santander Río para coordinar un trabajo de campo en La Juanita donde tienen una sucursal bancaria. Los despidos en ese sentido fueron salvajes. Iban llamando uno a uno. La gente hacía fila sin miramientos, esperando para recibir la misma noticia. Una compañera echada le agarró un ataque de llanto, se descompuso. Lo hicieron sin contemplación. Super salvaje.

Fuente- PÁGINA.12

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Llegó el fin de las Políticas Reparatorias en la Provincia de Buenos Aires

28 enero, 2016

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El gobierno provincial a cargo de María Eugenia Vidal, y la Secretaria de Derechos Humanos, con la reciente asunción de Santiago Cantón, resolvieron disolver la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, que se puso en funcionamiento fines de noviembre del año 2012, a partir de la modificación de la Estructura de la Secretaria.

El objetivo fundamental estuvo puesto sobre la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado, reparación simbólica que buscó restituirlos como sujeto de derecho. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron políticas públicas para que el Estado de Derecho cumpla con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado Terrorista sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia.

En un comunicado, los integrantes de la Dirección detallaron que “estos tres años de gestión, trabajamos sobre acciones reparadoras concretas sobre el territorio provincial: relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura; se obtuvieron 2066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de la campaña de la `iniciativa latinoarmericana´ de forma conjunta con el EAAF; se realizaron más de 40 señalizaciones de lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se trabajo en la construcción de cinco Espacios de Memoria; se participó como querellante en más de 18 juicios de Lesa Humanidad; se resolvieron y tramitaron 3905 pensiones de la Ley 14.042; se consolidó un equipo de Acompañamiento psicológico en Lesa Humanidad; se trabajó en la visibilización de los delitos sexuales; se formó un equipo para investigar y publicar sobre las complicidades civiles de la dictadura; sólo para mencionar algunas de las líneas de trabajo que nos dimos en este tiempo”.

Asimismo, agregaron: “En el día de hoy nos comunican que la Secretaria va a ser sometida a una modificación de su estructura y esta Dirección Provincial como tal deja de existir, repudiamos enérgicamente esta decisión política tomada por el gobierno. Implica un retroceso para el Estado como garante de los procesos de memoria”.

“Nos preocupa la situación en la que quedan las víctimas y familiares, donde son desprovistos del acompañamiento y la presencia del Estado en tanto intervención de Ley que consolidaba la restitución de sus derechos vulnerados en dictadura y también en los primeros años de democracia. Es una vuelta atrás, de todas las políticas de memoria verdad y justicia construidas en estos últimos años, que ubicaron a la Argentina en el lugar del reconocimiento mundial en materia de derechos humanos”, continúa el documento.

Además, “quienes hemos tenido la enorme responsabilidad de estar a cargo de esta gestión, somos militante del campo popular y hemos sostenido nuestra función desde la más pura convicción por la defensa de la verdad histórica, la resignificacion del pasado de horror, y la construcción de un presente donde la justicia marque el camino de la no repetición. Por este motivo es que compartimos con ustedes la incertidumbre y la desazón que nos genera esta decisión tomada por Vidal y su equipo. Dejando sin efecto las funciones de la Dirección, se pone en riesgo por parte gobierno provincial la cobertura y presencia del estado como querellante en los juicios de lesa humanidad, los trabajo de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria, la posibilidad de profundizar sobre las complicidades civiles empresariales, de los medios de comunicación, eclesiásticas y de la justicia”.

“Pero como sabemos que `Patria es Memoria´, vamos a redoblar los esfuerzos y la lucha en defensa del camino construido en estos años por la memoria la verdad y la justicia. Y en ese camino somos muchos los que nos estrechamos en el abrazo fraternal y el grito colectivo por: `ni un paso atrás´”, concluyen los directores del organismo.

Firman el comunicado

Marina Vega – Directora Provincial de Politicas Reparatorias
Ramon Baibiene – Director de Politicas Reparatorias
Victor Hugo Diaz – Director de Investigacion y Memoria

FUENTE: INFOPLATENSE

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Quinientos despedidos en el Ministerio de Justicia

27 de Enero de 2016

EL AJUSTE CONTINÚA

Cincuenta y cinco trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se quedaron sin trabajo. También fueron echados diez periodistas de la agencia de noticias judiciales Infojus.

El Ministerio de Justicia despidió a 500 trabajadores, entre ellos a 55 que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos y que trabajaban en el predio de la ex ESMA. Además, el gobierno de Mauricio Macri echó a diez periodistas de Infojus Noticias, la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: se trata del 25 por ciento de su planta. En el ministerio justificaron los despidos: “Habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos”, aseguraron. En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que los despidos en el Estado y en el sector privado se deben a que “son sectores sobredimensionados”.

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Unas 498 personas recibieron telegramas de despido en esa cartera. Había trabajadores de la dirección nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que trabaja con las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado; había empleados el Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado, también del Archivo Nacional de la Memoria –del que recientemente despidieron a su titular, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, pese a las protestas de organismos de derechos humanos–, y también del sitio histórico del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Hay un denominador común: todos se ocupaban de políticas de la memoria y de derechos humanos.

Desde el Ministerio de Justicia intentaron justificar la decisión afirmando que muchas eran personas que nunca se presentaron a trabajar, algo que fue desmentido por ATE. “Todos los desplazados asistían a trabajar. Eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ex ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética”, indicó la delegada de ATE Romina Chiesa. El gremio buscará revertir los despidos en una reunión con el ministro de Justicia.

despidos ex-esmaEntre los trabajadores despedidos hay diez periodistas del sitio Infojus Noticias. En un comunicado, los trabajadores de prensa indicaron que se encuentran en “estado de alerta por los despidos de diez compañeros (editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y redactores del área de redes sociales). Los despidos fueron comunicados informalmente luego de que cada uno de los trabajadores se encontrara con sus usuarios y cuentas bloqueadas en sus puestos de trabajo”. Desde que asumió Garavano, se suspendió la cobertura que hacía esa agencia de noticias de casos de violencia institucional y derechos humanos. La directora designada por Garavano, Sabrina Santopinto, se comprometió el primer día a que no habría despidos. Ayer indicó que intentará revertir la situación.

Entrevistado por el diario El País de España, el ministro de Trabajo se refirió a los despidos en el gobierno de Macri: “Hemos detectado que en los últimos tiempos se ha tomado el Estado como un botín, se puso gente en distintos cargos sin una función específica”, justificó. Sobre el sector privado, indicó que “pasa en algunos sectores que estaban en otro tipo de economía, subsidiada por Estado, sobredimensionada. Ese sobredimensionamiento se notó en cuanto acabaron los subsidios o cuando se cortó el vínculo de negocios con Venezuela”. Y puso como ejemplo el caso de la empresa Cresta Roja, cuyos trabajadores fueron reprimidos.

Fuente: PAGINA.12

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Segunda iniciativa: IMPUGNACIÓN de las postulaciones a la Corte Suprema de Justicia de Rosatti y Rosenkrantz

Tal y como se sostuvo en el fallo del pasado lunes 21 de diciembre dictado por el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, en el que se señala que la Constitución Nacional no es solamente un texto a interpretar por el jurista de acuerdo a la conveniencia de cada uno, sino que ella es la historia de nuestra República, de nuestros derechos, de nuestras garantías como ciudadanos, y que quien desconoce a sabiendas su avasallamiento, en beneficio propio, no merece ni puede representar al Poder Judicial, menos en su órgano máximo.

Sumamos contrareloj una nueva acción de ejercicio de derechos como ciudadanos/as:  adjuntamos un escrito para presentar en mesa de entradas del Ministerio de Justicia de la Nación, Sarmiento  329 de CABA. Este escrito es para impugnar las postulaciones a la Corte suprema de Justicia de Rosatti y Rosenkrantzcorte_suprema-Rosatti y Rosenkrantz-OKEY

El texto de la impugnación ha sido elaborado por nuestrxs abogadoxs. Allí podrán ver los fundamentos por los cuales consideramos que en ambos casos hay razones éticas para oponernos a que estos sujetos sean parte de la Corte Suprema.

En primer lugar el solo hecho de haber aceptado ser nombrados por decreto, evitando el camino establecido por la Constitución Nacional, ya constituye un gravísimo problema. Por otro lado surgen motivos  de sus propias producciones teóricas y opiniones publicadas:

Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz
En cuanto al Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, debe reprochársele haber cuestionado en un artículo de su autoría: “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)”, dos decisiones de suma relevancia dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como fueron los fallos “Simón” –que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”- y “Mazzeo” –que declaró la inconstitucionalidad de los indultos-. Estos fallos habilitaron el juzgamiento y condena a los responsables de la última dictadura cívico-militar.
El Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, además, integra como titular el Estudio Jurídico BOUZAT, ROSENKRANTZ & ASOCIADOS, cuya página web informaba -hasta hace pocos días- un listado de sus clientes, listado que -con posterioridad al decreto 83/15- fue reformulado y luego retirado, y ya no se encuentra disponible al público. Entre esos clientes figuraban el Grupo Clarín, Cablevisión SA, el GP Investment y el diario La Nación. Este obrar pone de manifiesto, cuanto menos, una ostensible falta de transparencia de quien pretende ocupar tan alto cargo, evidenciando la intención de ocultar vínculos incomodantes que colocan al postulado en franco conflicto de intereses con el rol público al que aspira.

Dr. Horacio Daniel Rosatti
En el caso del Dr. Horacio Daniel Rosatti, además de lo señalado en el punto I.-, cabe destacar que en su Tratado de Derecho Constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2010, tomo I, págs. 140, 674 y 675, participa de un criterio constitucional receptor de una línea interpretativa harto conservadora y largamente superada, en donde el doctrinario postulado distingue las cláusulas constitucionales entre operativas y programáticas, y sostiene, por caso, que el derecho a la vivienda constituye una cláusula de esta última especie, de suerte tal que (lo que sigue es textual): “El acceso a una vivienda digna no expresa un deber reclamable judicialmente al Estado”, con cita del constitucionalista Gregorio Badeni, uno de los juristas más rancios del derecho constitucional, en clara pugna con el bloque federal de constitucionalidad (Constitución Nacional e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos). Pero más aún, Horacio Daniel Rosatti, se opuso en su Tratado de Derecho Constitucional, al método de designación de jueces “en comisión” el mismo que el Gobierno aplicó la semana pasada para con él y que Rosatti decidió aceptar. Justamente en las páginas 431 y 432 de esa obra, editada en 2011, se lee que ese mecanismo de nombramiento -que proviene de la Constitución de 1853- “se mantiene como inciso 19 del artículo 99” y “tiene sus complicaciones”. ¿Cuáles son? Según explica el propio Rosatti, genera problemas de “seguridad jurídica” por la “provisoriedad” de la función, deja la duda de si el Poder Ejecutivo mientras dura el interinato puede nombrar a otra persona para el mismo cargo, y especifica que pasa por alto los mecanismos de selección establecidos en el texto constitucional.

Esta segunda iniciativa que estamos haciendo llegar debe concretarse  antes del 7 de enero, pues el tiempo para las impugnaciones de estos candidatos tiene plazo. Pueden ser presentadas por particulares  pero también por organizaciones

Nuevamente pedimos que difundan por todos los medios a su alcance. La masividad vuelve a ser una herramienta indispensable.

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte

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Bajar Documento aquí

https://comisionjuiciocampodemayo.files.wordpress.com/2015/12/impugnaciones-a-postulados-a-la-csjn-decreto-222.doc

 

 

Masivos pedidos de juicio político a Ricardo Lorenzetti

26 de diciembre de 2015 

AVALAR LO ANTICONSTITUCIONAL

Entre el viernes y este lunes fueron presentados alrededor de 200 pedidos de juicio político al titular de la Corte, por haber avalado el nombramiento de los jueces macristas por decreto.

Ricardo Lorenzetti está en el seno de la opinión pública por haber avalado el nombramiento irregular y anticonstitucional de los jueces macristas en la Corte Suprema de Justicia.
Tal como marca Página 12, la primera de las presentaciones fue realizada por Pablo Llonto, representando a un conjunto de abogados que participan en causas de lesa humanidad.
El propio Llonto dio a conocer en el matutino que los argumentos fueron de “mal desempeño” y “posible comisión de delito”, y además, expresó: “En lugar de esperar que se resuelva por las vías legales y de acuerdo al procedimiento constitucional, incurrió en lo que para nosotros es mal desempeño de funciones”.
“Cuando alguien del Ejecutivo produce una medida ilegal e inconstitucional se abren dos vías. Una urgente que se inició con la presentación de amparos la semana pasada para que un juez disponga la medida de no innovar que frene la aplicación del decreto. Y la segunda vía es la presentación de juicio político al presidente de la Corte, porque en vez de permanecer callado salió a avalar el decreto”, opinó el letrado.
Luego de esta serie de presentaciones, la Comisión de Juicio Política deberá estudiar si da lugar a alguna de ellas, y deberá expedirse al respecto.

Fuente: Redacción de Diario Registrado 

 
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Publicado por en diciembre 26, 2015 en Genocidio, Juicio Político, Lesa humanidad

 

Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción de Campo de Mayo

Domingo 16 de Agosto de 2015

SAN MARTÍN

Un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, comenzará en los Tribunales de San Martín. Se juzgará, entre otros, al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a otros dos imputados.

El proceso oral y público a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 1, Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain comenzará a las 9.30 en la sede tribunalicia ubicada en Pueyrredón 3734, San Martín.

Los imputados, además de Riveros, son Rodolfo Emilio Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Carlos Daniel Caimi, comisario a cargo de la Comisaría de Villa Ballester entre 1975 y 1977.

El juicio comprendido en la denominada megacausa Campo de Mayo abarca los casos de 14 víctimas que fueron privadas de la libertad en lugares y en domicilios emplazados dentro de la denominada zona Defensa IV, y todos ellos estuvieron y/o fueron vistos y/o escuchados, dentro de la Comisaría de San Martín Segunda de Villa Ballester.

De las 14 víctimas cuyos casos serán debatidos, 11 son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro (1976), José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri, permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Angel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en la calle Mitre 1350, del Partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral el 16 de agosto de 1976 por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

Los represores ingresaron con dos camiones a la firma preguntando por los delegados gremiales y una vez individualizados, fueron encapuchados y trasladados a la Comisaría de Villa Ballester, alojados en calabozos, sometidos a interrogatorios, golpes y torturas con picana eléctrica durante ocho días hasta que fueron liberados en una ruta de la localidad de Bancalari.

Entre los sobrevivientes que brindarán su testimonio, se encuentran Elio Julio Barroso, secuestrado el día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, en su domicilio de la localidad de José León Suárez y trasladado a la comisaría de Villa Ballester.

Al momento de su secuestro, Barroso integraba el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Luis Fernando Sacomani fue privado de la libertad dos días después, en su domicilio de localidad de Villa Ballester, por un grupo de cuatro o cinco personas armadas y vestidas de civil y trasladado a la misma comisaría a cargo de Caimi, donde fue torturado en varias oportunidades e interrogado acerca de su condición de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica.

A fines de mayo de 1976 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, trasladado a la Unidad de Devoto y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció alojado hasta octubre de 1977, en que recuperó su libertad.

Las víctimas restantes que brindarán su testimonio son Beatriz Ramona Castro de Villareal, María Cecilia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Enrique René Íbalo y Amelia Noemí González.

Según el cronograma judicial, las audiencias continuarán el 25 de agosto y todos los martes de septiembre.

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Fuente: TELAM
 
 
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