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Archivo de la categoría: Represión Zárate Campana

Marcha a Campo de Mayo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

Lunes 23 de marzo de 2015

Por décima vez, organizaciones sociales, políticas y gremiales del noroeste bonaerense marcharon por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia a Campo de Mayo, en la localidad de Bella Vista

A través de un documento, la Comisión de la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo criticó a un sector del Poder Judicial al que calificó de “cómplice”, porque demora el juicio a los responsables civiles y funcionarios judiciales que fueron parte del entramado del Terrorismo de Estado.

El documento destacó la cantidad de 1128 represores imputados, 300 procesados, 559 condenados y 15 juicios en desarrollo, pero exigió la necesidad de que la Cámara Federal de Casación Penal se expida en contra o a favor de las sentencias, para que queden firmes.

También mencionó la paralización de las causas Papel Prensa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, y de los secuestros de los trabajadores de la automotriz Ford, cuya fecha de juicio es incierta. También se recordó la denuncia del abogado Pablo Llonto contra el juez federal del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, Diego Barroetaveña, por mal desempeño.

La Comisión de la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo le dio una mención al diputado Juan Carlos Junio, de Nuevo Encuentro, que el año pasado presentó un proyecto para que Campo de Mayo –que pertenece al Ministerio de Defensa- sea declarado “sitio de memoria”.

“Este lugar tiene que ser un sitio de memoria para recordar el horror que se vivió aquí y que nunca más vuelva a pasar”, dijo Junio en el acto.

Por su parte el abogado Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en los juicios de Campo de Mayo, contó que hoy también participó de otro acto en la zona de Tigre, donde “por primera vez entramos a la ex sede del astillero Astarsa. Días después del Golpe, camiones del Ejército entraron y secuestraron a compañeros. Hoy estaban sus familiares y fue muy emocionante”, manifestó.

La Comisión también entregó menciones a Iris Avellaneda, que fue secuestrada junto a su hijo Floreal “Negrito” Avellaneda, de 14 años, en abril de 1976 en su casa de la localidad de Vicente López.

También recibieron menciones especiales María Ángela Lezcano Colayago, que busca a su nieto que nació en Campo de Mayo; la rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), Gabriela Diker y el ex rector de esa institución, Eduardo Rinesi; las hijas de la histórica docente de CTERA, la fallecida Stella Maldonado; José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y el grupo de danza de la UNGS, que está presente todos los años en la movilización.

El cierre del acto estuvo a cargo del artista Ignacio Copani, que entre otras canciones interpretó “Solo le pido a Dios” y “La memoria”.
“Hay artistas que asumimos nuestra vocación más profunda, que es ser soporte del pueblo”, expresó Copani en diálogo con Télam. Alrededor de las 19 el acto terminó con la promesa de volver en 2016.

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Recordatorio de la desaparición de Carlos Ascencio Álvarez

Domingo 18 de Enero de 2015

Carlos Álvarez Negro Apa 2015

 

 

LA DETENCIÓN DEL REPRESOR CARLOS FRANCISCO VILLANOVA

Lunes 1ero de Diciembre de 2014

Ex agente de Inteligencia, en funciones hasta 2004, era el represor más buscado de la megacausa Campo de Mayo. Polémica internación en el Hospital Naval.

Experto en torturas

El más buscado. El ex agente de inteligencia de la Policía Federal Carlos Francisco Villanova.

El ex agente de Inteligencia de la Policía Federal Carlos Francisco Villanova (67) salió de su casa del partido bonaerense de Vicente López manejando un Mercedes-Benz modelo 2012. Jamás se imaginó que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo estaban esperando para apresarlo. Villanova había dejado su pasado más oscuro enterrado en su memoria. Se sentía impune, estuvo en funciones hasta el 2004. El 20 de noviembre constató que los sobrevivientes del terrorismo de Estado no lo habían olvidado.
Según reconstruyeron los investigadores, Villanova es el represor más buscado de la megacausa Campo de Mayo. Para la Justicia Federal no hay dudas: se trata del “Gordo 1” o “Doctor”, quien se desempeñó como el jefe de interrogadores en el centro clandestino de detención “El Campito”.
“El ‘Gordo 1’ era un experto en la tortura. Era uno de los agentes que sabían interpretar los datos que se extraían en la sala de exterminio”, explicó uno de los investigadores. Según se desprende de sus fojas de servicios, Villanova fue integrante del Cuerpo Especial de Informaciones de la PFA y cumplió funciones en la Dirección General de Inteligencia entre 1976 y 1978. Fue enviado en “comisión de servicio” al Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército que operaba en Campo de Mayo y centraba sus operativos sobre los integrantes de Montoneros.
En su extensa trayectoria, Villanova supo cultivar todo tipo de relaciones. De linaje militar y licenciado en Economía, fue testigo de segundas nupcias del genocida Fernando Verplaetsen, condenado por delitos de lesa humanidad. Debido a su paso por la Escuela Nacional de Inteligencia de la PFA, donde se desempeñó como subdirector y profesor, “en la actualidad mantendría vínculos estrechos con agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, explicó otra fuente de la pesquisa.
Al día siguiente de ser detenido, el ex agente fue citado a indagatoria por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Villanova se negó a declarar y se mostró molesto por la forma en que fue detenido. Ostentó ser una persona reconocida en Vicente López y mencionó que fue candidato a intendente. Tras escuchar las imputaciones en su contra –le adjudicaron en su primera citación aproximadamente 70 casos–, adujo problemas de salud.
Como es costumbre, tras declarar fue revisado por la junta de médicos del Cuerpo Médico Forense (CMF). En su veredicto, se determinó que requería cuidados urgentes. Cuando el juzgado intentó ratificar el diagnóstico, Villanova supuestamente se descompuso. No se descarta que se trate de una maniobra para evitar la cárcel o para fugarse.
El ex policía fue internado en el Hospital Ramos Mejía y luego trasladado al Hospital Naval, donde se encontraba al cierre de esta edición bajo custodia del grupo especial del SPF a la espera de que el 27 de noviembre lo revise una nueva junta médica. Los querellantes quieren que se determine si está en condiciones de ser trasladado al penal de Marcos Paz. Consideran que está exagerando sus dolencias.
Las dudas sobre el diagnóstico del CMF tienen su sustento. El abogado Pablo Llonto destacó que este año “se demostró, en una segunda pericia sobre la salud del represor Jorge Crespi, que el dictamen del CMF intentaba beneficiar al detenido con algunos argumentos falsos”. Otro caso similar fue el de Luis “el Japonés” Martínez. “Para todas las familias querellantes en la causa Campo de Mayo es un gran alivio que hayan atrapado al Gordo 1. Hace más de treinta años que se lo buscaba”, concluyó Llonto.
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Campo de Mayo: Las actas de la complicidad empresarial

Lunes 15 de Setiembre de 2014

LA INVESTIGACION DE FAMILIARES Y VECINOS SOBRE LOS OBREROS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL CONURBANO

Las actas de la complicidad empresarial

En el llamado Juicio de los Obreros, que se ocupa de los secuestros de 33 trabajadores, se presentaron documentos que muestran la connivencia de los empresarios con el terrorismo de Estado. Fueron rastreados por un equipo integrado por parientes de las víctimas y otras personas.

El Juicio de los Obreros se acerca al último tramo. Piden que la investigación continúe sobre gerentes, directores y propietarios de las empresas. Imagen: Télam

En San Martín se acerca el final del Juicio de los Obreros, destinado a buscar responsabilidades por los secuestros de 33 trabajadores de algunos grandes centros fabriles de la zona norte del conurbano, como los astilleros Mestrina y Astarsa y las ceramistas Lozadur y Cattaneo. Los secuestrados eran delegados o afiliados a los sindicatos, cercanos a las comisiones internas de las fábricas. El juicio juzga ahora a una parte de los responsables: militares, policías y prefectos. Faltan los responsables civiles: propietarios, directores y personal jerárquico de las empresas con distinto grado de colaboración. Durante el debate se mostraron varios documentos que sugieren esa colaboración. Informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la ex Dipba y también un tramo escalofriante de las actas de reuniones del directorio de Lozadur. Las actas sugieren modos posibles de cómo se articuló esa complicidad, pero impactan porque muestran, como una vieja fotografía, el espanto del patrón ante la envergadura de la organización obrera de la época.

“En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1975, reunidos en sesión de directorio en su local social de la calle Bernardo de Yrigoyen 330, 4º piso, los señores directores de Porcelana Lozadur SAyC que firman al pie, bajo la presidencia del doctor Mario Jorge Amoroso Copello y con asistencia de los señores miembros de la comisión de fiscalización que firman también la presente acta, se abre la sesión siendo las 14 horas –escriben–. A continuación toma la palabra el señor presidente y plantea al directorio el problema del ausentismo obrero que supera el 20 por ciento, como así también los continuos conflictos obreros originados artificialmente por el personal perteneciente a la Focra, por lo que será de imperiosa necesidad adoptar medidas, sea cual fuere para evitarlo.”

El hallazgo de estos libros de actas es parte, a su vez, de una segunda trama de este juicio. La historia de un equipo de investigación compuesto por distinto tipo de personas: familiares de los desaparecidos, con sus distintos saberes, pero también un viejo apoderado del sindicato o una vecina, la hija de la dueña de una tienda de pueblo, ubicada a una cuadra de dos hermanas de trabajadoras de Lozadur desaparecidas. Liliana Giovannelli pertenece a ese equipo. Era trabajadora de laboratorios Roche y esposa de Juan Carlos Panizza, Cumpita para sus compañeros, uno de los desaparecidos de Cattaneo, la otra fábrica de cerámicas. Se encontró con estos libros en el juzgado oral de San Martín. Los querellantes los habían mandado pedir al juzgado de quiebras. Cuando estaban ahí, a medida que iba pasando las hojas, Liliana comenzó a tomar notas con lo que tenía a mano. Al llegar a su casa, puso los datos más importantes en un mail destinado a sus compañeros.

El 21 de febrero pasado, Liliana Giovannelli escribió: “En el juzgado oral estaban los libros de actas de la reuniones de directorio de Lozadur desde 1956 en adelante. Revisé a partir de agosto 1973 (toma sindicato), hasta 1978. A partir del ’74 comienzan alusiones al personal en relación con problemas de ausentismo (20 por ciento). En septiembre de 1975 ausentismo y conflictos obreros ‘originados artificialmente por el personal perteneciente a Focra’. En octubre del ’75 hablan del principio de autoridad muy deteriorado en la fábrica y deciden nombrar un gerente general (Ing. Pedro Ernesto Bouche). Cuando presentan el ejercicio del año ’75 atribuyen sus problemas a la política económica y gremial y como ya están en el comienzo del ‘76, dicen: ‘reestablecida la disciplina el rendimiento de la mano de obra ha alcanzado sus niveles normales’. En los meses siguientes las actas son escuetas y casi iguales”.

Hasta octubre de 1977: cuando se producen algunos de los hechos más importantes.

Las actas

Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes en la zona norte. Cattaneo tenía 500 trabajadores; Lozadur, en Villa Adelina, más de mil trabajadores, la mayoría mujeres, como quedó reflejado entre los desaparecidos: cuatro de los siete desaparecidos de este juicio son mujeres. Para 1973, las dos fábricas estaban movilizadas. La futura lista marrón tomó la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas. Había reclamos por mejoras de salarios y mejores condiciones de trabajo. Varios testigos recordaron en el juicio problemas por las altas temperaturas de los hornos; afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo. Deterioros físicos por el acarreo de las zorras, usadas para trasportar cerámica dentro de la fábrica. Con el envío de un veedor y una disposición del Ministerio de Trabajo que ordenó elecciones, ese año ganó un armado clasista de la lista marrón. Y volvió a ganar en 1975. Ese año, junto a los astilleros se impulsaba la Coordinadora Fabril en la zona norte con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical. Después del golpe, la filial quedó intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Ya en 1976 y 1977, bajo el peso de la dictadura, los trabajadores continuaron con distintos tipos de reclamos y actividades de resistencia. En ese contexto, a fines de septiembre de 1977, Millarck convocó a una reunión a los delegados y les pidió que volvieran a las secciones para suspender una de las últimas huelgas. Les dijo lo que muchos testigos repitieron durante el juicio: que si no lo hacían, iban a venir los “bichos verdes”. La huelga continuó. El 18 octubre de 1977 Lozadur simuló un cierre por una quiebra cuyos vaivenes ahora se ven escritos en las hojas del directorio. Quince días después, los “bichos verdes” secuestraron a los trabajadores de sus casas y meses más tarde volvió a abrir la fábrica.

El acta del directorio que sigue a continuación es del 14 de octubre de 1977: cuatro días antes del cierre. “El presidente manifiesta que como es de conocimiento de los señores directores, a comienzos del corriente mes se inició en la fábrica un movimiento gremial de acción directa consistente en la disminución intencionada de la producción a pesar del anuncio, previo al movimiento, de que en el curso del mes de octubre se otorgaría un aumento general de salarios. Dicho movimiento ha producido una disminución de la producción y consiguientemente del despacho y de la facturación, de tal magnitud que amenaza hacer conducir a la empresa (…) a no hacer frente a las obligaciones financieras y o bancarias (…) Tal situación hace simplemente imposible continuar soportando un conflicto gremial sin solución aparente por cuanto los obreros no sólo no informan oficialmente los motivos de su actitud, sino que ni siquiera concurren a las citaciones del Ministerio de Trabajo y se han negado a acatar las instrucciones e intimidaciones de las autoridades competentes y del interventor militar en el organismo sindical para normalizar el trabajo. Actualmente, las autoridades competentes han dispuesto que el conflicto queda sujeto a las normas de la ley 21.400 de seguridad industrial. (N. d. R.: de septiembre de 1976, una estrategia para militarizar a los trabajadores en huelga.) El problema del conjunto planteado exige soluciones drásticas y definitivas ya que, de no lograrse las mismas, la liquidación de la empresa será inevitable con todas sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Por consiguiente se resuelve, por unanimidad, proceder previa intimidación legal al despido con causa justificada de todo el personal en conflicto, en caso de no normalizarse el trabajo a la cero hora del día 15 de octubre.”

Liliana

“Conocí a Carlos (Panizza) en noviembre del ’74, estuvimos dos años de novios, los dos trabajábamos, fuimos comprando las cosas para equipar un lugar para vivir, dos meses antes de casarnos alquilamos una casa en Martínez y en febrero del ’77 nos casamos. Carlos iba a seguir abogacía y yo psicología”, explico Liliana Giovannelli durante la audiencia. Carlos esperaba los certificados de estudio de Entre Ríos. Habían comprado un terreno para construir en José C. Paz. “Trabajábamos duro y los dos tratábamos de hacer horas extra. Carlos estaba en Cattaneo con turnos rotativos: una semana de mañana, una de tarde y otra de noche. Así que nos arreglábamos como podíamos para tener más tiempo juntos. Cuando le tocaba de noche, llegaba a casa a eso de las 6.30 o siete de la mañana, desayunábamos y luego yo me iba a trabajar y volvíamos a vernos a las seis de la tarde y hasta 21.30, cuando él volvía a irse a la fábrica. Eramos recién casados, compartíamos lecturas, las cosas que hacíamos y soñábamos. Carlos militaba en el sindicato. Era afiliado del gremio, participaba de las asambleas, hablaba de política, apoyaba las medidas que se tomaban, era un tipo politizado, sin bien no estaba afiliado a un partido.”

Liliana repite en voz alta alguno de esos reclamos: el polvillo, el calor de los hornos, los sueldos bajos y atrasos en las quincenas.

El 27 de octubre de 1977 horneó una torta de naranja. Desayunaron y Carlos se fue a la fábrica. Ese día el Ejército montó un enorme operativo durante el que se llevaron a tres trabajadores, entre ellos a él. A la tarde, como no volvía, Liliana llamó dos veces a la fábrica.

“Quiero destacar aquí que también en esto se ve la complicidad de la empresa –dijo en el juicio–, porque ante un hecho de semejante magnitud, con un operativo como el que se hizo dentro de la fábrica, con despliegue de Falcons, camionetas, donde introdujeron a los obreros dentro de la fábrica, que duró horas y comprendió dos turnos laborales, que comenzó durante la madrugada con personal de turno noche y continuó durante la mañana, ¿cómo la oficina de personal iba a desconocer lo que había pasado o estaba pasando?”.

Una vez al mes, durante años, Liliana pedía permiso en su trabajo, a veces se lo daban, a veces no, para viajar a la Capital. Iba al Ministerio del Interior a preguntar si había novedades de Carlos. Cuando salía, antes de volver, pasaba por Corrientes y Callao, donde funcionó la sede de Familiares. Siguió trabajando en Roche porque quería conservar la casa alquilada. Creía que Carlos iba a volver, después de todo, todos le decían que se lo habían llevado por averiguación de antecedentes. “Con el resto de los familiares de la fábrica, nunca nada”, dice. “Yo no trabajaba en la fábrica, así que no sabía dónde vivían. En algún momento intenté armar una pareja, pero no pude, porque esta historia nunca se cierra.”

Con el acceso a Internet algo cambió. Cada tanto, googleaba el nombre de Carlos. Encontró el documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos que días atrás se presentó en el juicio. Pero no sabía qué hacer con todo eso, dice, “porque es más, yo tampoco sabía que podía querellar. Yo esperaba que alguien de la Justicia me llamara. Hoy entendí eso, que sí puedo empujar y no esperar a que me llamen, como que cambió mi historia, empecé a meterme más”.

Una noche de 2009, frente a la televisión, miraba por Canal Encuentro un programa de los archivos de la ex Dipba de la Comisión Provincial por la Memoria. Había un obrero, que ella imaginó de Astarsa, entrando a los archivos, no se le veía la cara, pero buscaba entre los archivos. “Nunca se me ocurrió pedir informes ahí.” Y justo en ese momento sonó el teléfono: era Adriana Taboada, de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de la Zona Norte.

Adriana

“Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de poder y de la transformación de las prácticas”, dice Adriana Taboada. “La mayor parte de la gente, cuando tiene un problema legal, busca un abogado, le transfiere la información y el abogado se ocupa de ver cómo resuelve el problema, entonces el que hace es el abogado y uno espera, y tiene un rol pasivo. ¿Qué nos enseñan estas causas de derechos humanos? A mantener un rol activo durante todo el proceso. Hay momentos en los que el abogado tiene un rol específico, pero después hay todo un universo de cosas para hacer: desde la investigación de todo, no solamente contactar a un familiar o a un compañero, sino recorrer los barrios, buscar testigos, buscar los libros, documentación. Además de declarar o acompañarnos. No delegamos la causa, la causa es nuestra, y es la posibilidad de trabajar colectivamente: se puede enfrentar o resolver esto colectivamente, se genera una práctica: nos juntamos, nos organizamos, pensamos juntos. Es fundamental pensar que el terrorismo de Estado pegó en la fragmentación social y que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es volver a tejer donde hay un agujero.”

Adriana tiene cuatro primos desaparecidos, es psicóloga. En algún momento llegó a sus manos un listado de familiares. Llamó a Liliana, y en paralelo le contaron que había un grupo de docentes reconstruyendo las historias de dos hermanas, Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos trabajadoras de Lozadur, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.

Las docentes

“El día que nosotras vamos a la casa de Adriana, estaban Pablo Llonto y Liliana (Giovannelli) y todos nos conocimos ese día: fue impactante porque Liliana nunca jamás había sabido nada de Carlos. Nunca nada. A todo esto, la profesora de historia de nuestro equipo había ido a la ex Dipba y encontrado cosas relacionadas con el gremialismo, el movimiento obrero, ceramistas.”

Ana Bringas vivía a una cuadra de Dominga y Felicidad. Eran hijas de una familia de inmigrantes españoles, perseguida por el franquismo. Dominga, la mayor, tenía 27 años, cocinaba, tejía. Ana era cinco años más chica. Su madre había puesto una tienda con todo lo necesario para un pueblo que recién empieza a formarse. La tienda se llamaba Feria Americana. “Las chicas eran divinas, las dos preciosas”, dice Ana, a tantos años de allí. “Y los Abadía eran gente que, aun con lo que les pasó, ni siquiera les escuchabas una subida de tono: a lo sumo, el padre decía: ¡Estos desgraciados, robaron hasta bebés! Esto era lo máximo. La madre (Baltasara) fue la primera querellante de esta causa.”

Hace años, cuando murió el padre de las chicas, Baltasara se volvió a España con unos sobrinos. Le dejó al casa a otra vecina que guardó muchas de las fotos y documentos de la familia. Ana golpeó la puerta de esa casa cuando era docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel. Con dos compañeras (una socióloga, María Conte, y una historiadora, Mónica Parada) llegaron a la vieja casa a reconstruir la historia.

“Yo era chica cuando desaparecieron las chicas, y me acuerdo de que Lanusse estaba esa noche en el barrio porque tenía una casa en Del Viso. Le dijo a la familia que sabía lo que estaba pasando, que no lo compartía, pero que no podía hacer nada. Nosotros nos fuimos embalando con el tema y en marzo de 2008 hicimos una instalación en la Universidad de Tres de Febrero con vajillas de cerámicas de ellas, pero también de Lozadur, porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que en muchas de las casas había cosas de Lozadur. La fábrica era tan grande y tan importante, tenía tanta importancia para Sudamérica, que todas comprobamos que en nuestras casas teníamos algo.”

La instalación se llamó “Mis vecinas Dominga y Felicidad”. Al comienzo contaba lo que entendían que pasaba: era una historia en círculo sobre una familia de inmigrantes perseguidos por el franquismo que volvían a ser perseguidos acá. “Lo relacionábamos con la fábrica porque sabíamos que había otros desaparecidos, pero no teníamos más que un nombre y nada más.”

En 2009, un año después, se produjo el contacto con la Comisión.

Las conexiones

Liliana Giovannelli agarró el listado de la Conadep y encontró el nombre de Jorge Ozeldin, otro de-saparecido de Cattaneo. Hablaron con una cuñada; ella pasó un teléfono de Mar del Plata; un hermano dio una foto de Ozeldin. Encontraron la foto en Facebook, pero se dieron cuenta de que no era de Ozeldin sino de Omar, su hijo. Omar hoy participa de los juicios.

Ana Bringas fue tres veces a la casa donde había vivido Pablo Villanueva, uno de los desaparecidos de Lozadur. Fue hasta que le abrieron puerta. En la casa todavía vivían las tres familias de entonces. “Di con un hermano, Juan Villanueva, me dijo que vinieron los militares. Me interné a hablar con él, fui sola para que no se asustara, y este hombre me dijo que sí, que iba a declarar. Después volvimos con mi amiga la socióloga, pero esta vez nos dijo que no y la mujer me echó: no quería que se hablara más del tema. Me fui y volví una tercera vez con María. Estuvimos paradas en la puerta de la casa. Nos quedamos ahí. Y bueno, al final salió la mujer y nos dijo que a lo mejor su cuñada nos podía ayudar. Resulta que su cuñada había trabajado en Lozadur.”

Ramón Villanueva, uno de los habitantes de esa casa y tío de Pablo, había trabajado en Lozadur. Lo mismo que su esposa, Rosa Samaniego. Los dos declararon en el juicio.

En 2010 colocaron baldosas en Cattaneo y en el antiguo frente de Lozadur que ahora es el comienzo de un parque municipal. Dora Ludueña, la esposa de Pablo, se acercó al acto. “Muchos familiares se acercaron a ese momento. Hicimos todo un trabajo de territorio en el barrio, puerta a puerta –dice ahora Liliana–. En Cattaneo los secuestros habían sido dentro de la fábrica y pensamos que los vecinos que aún vivían en la zona podían darnos datos acerca del operativo. Y luego con el objetivo de atraer la atención de ex trabajadores decidimos poner la primera baldosa señalando el lugar de donde fueron llevados los obreros e hicimos entre todos las baldosas de Lozadur. Las confeccionamos al aire libre en donde estaba el predio de la fábrica. Fue muy importante porque en esa hechura se juntaron varias generaciones de los familiares y se acercaron muchos ex trabajadores que vivían en la zona.”

Dora Ludueña también fue trabajadora de Lozadur. Y logró declarar durante una de las últimas audiencias. También lo hizo Marisa Villanueva, la hija de ambos.

“Yo creo que el rompecabezas se termina de armar en el momento del juicio –dice Ana–. Ahí terminás de ver todo lo que pasó. Y es impresionante.”

Fuente PÁGINA.12

 

Megacausa Campo de Mayo: Nuevas voces sobre los ceramistas desaparecidos

Sábado 30 de Agosto de 2014

EL JUICIO POR LA DESAPARICION DE LOS TRABAJADORES DE LAS FABRICAS EN LA ZONA NORTE

Familiares de víctimas del terrorismo de Estado que trabajaban en Lozadur y Cerámicas Cattáneo dieron su testimonio. Muchos de ellos hablan por primera vez ante un tribunal. Aportan información sobre la responsabilidad civil por esos crímenes.

Por Alejandra Dandan

Sofía Cardozo (en la foto) es una de las trabajadoras de Lozadur desaparecidas

Dora Ludueña era esposa de Pablo Villanueva. Los dos trabajaban en Porcelanas Lozadur, una de las fábricas de cerámica de Villa Adelina más importantes de la zona norte. Pablo era delegado de sección. Y ella misma representó a sus compañeros durante uno de los últimos conflictos de 1977, por un reclamo de salarios. Para entonces, la filial 2 de la Federación Obrera Ceramista de Villa Adelina estaba intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Uno de esos días, Millarck entró a la fábrica. “Habló con mi marido para que se levantara la medida de fuerza”, explicó Dora días atrás. Millarck “pidió que una o dos personas de cada sección fueran a hablar con él a una oficina. De mi sección fui yo. El habló con nosotros para que fuéramos a las secciones a hablar con las personas para que levanten la medida de fuerza. Fue todo como una orden: que fuéramos y habláramos con la gente y les dijéramos que si no se levantaba la medida de fuerza se la iban a ver con los bichos verdes”.

–¿Qué eran los bichos verdes? –preguntó un fiscal en la audiencia.

–Yo no lo entendí en ese momento –dijo la mujer–. Pero fui y le dije a la gente. Hice una reunión en la sección, había unas treinta personas, compañeros míos. Les explicamos.

Dora tosió. Miró a los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín. Les dijo que estaba un poco nerviosa. Tomó agua. Un juez anotó algo en un papel.

La medida continuó. Lozadur cerró las puertas el 18 octubre de 1977. Quince días más tarde, “los bichos verdes” secuestraron a siete trabajadores: entre otras, golpearon las puertas de la casa de Dora y de Pablo. Pablo salió del cuarto y no volvieron a verlo. Tenían una hija y Dora llevaba un embarazo de tres meses.

Ella fue convocada esta semana a dar testimonio en el juicio oral de San Martín, que reconstruye los crímenes de 67 trabajadores navales, ceramistas y metalúrgicos secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar. La mayor parte eran delegados y allegados a las comisiones internas de distintas fábricas de la zona norte. Dora sabe que la fábrica cerró y volvió a abrir meses más tarde. Pablo ya estaba desaparecido. Ella volvió a trabajar, llevaba siete u ocho meses de embarazo.

El juicio

El debate se conoce como el Juicio a los Obreros. La mayor parte de las víctimas son trabajadores de los astilleros y de los ceramistas que eran los gremios más combativos de la zona norte, y desde donde impulsaron la Coordinadora Fabril de 1975 con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical, explicó el abogado Pablo Llonto. Durante las primeras semanas del juicio se reconstruyeron los secuestros de los astilleros de Mestrina y Astarsa. La semana pasada los testimonios avanzaron en torno de los ceramistas de Lozadur y de Cerámicas Cattáneo, las dos fábricas de cerámicas más grandes de la zona. Lozadur con mas de 1000 personas y Cattáneo con mas de 500. El 27 de octubre se produjeron cuatro secuestros en Cattáneo, tres en la planta. Y entre el 1º y el 2 de noviembre se llevaron a los siete de Lozadur de sus casas.

En este juicio se juzga la responsabilidad de cuatro militares, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reinaldo Benito Bignone como responsables de Institutos de Comandos Militares de Campo de Mayo. No se juzga aún a los responsables civiles, propietarios o gerentes de las fábricas, pero esas responsabilidades quedan expuestas en cada audiencia porque los testimonios suman datos.

Uno de los aportes del martes fue sobre la presencia de “infiltrados” de la policía dentro de la fábrica y en el gremio.

Lozadur y Cattáneo pertenecían al mismo sindicato Filial 2 de Villa Adelina. El martes declaró José Alonso, ex trabajador de Cattáneo. “El sindicato fue intervenido y fue organizado desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas”, dijo. Ellos pusieron “personas que estaban infiltradas en los lugares de trabajo, en muchos casos para interrogarlos y en muchos casos para hacerlos desaparecer, no fue inmediato, sino que lo hicieron paulatino”.

En esa audiencia declararon otros familiares de desaparecidos. Entre otros, Dora, que también era trabajadora de esas plantas. Esos testimonios acentuaron la relación entre el conflicto gremial y las desapariciones posteriores.

Pablo Leguizamón era trabajador de FATE, hacía el turno noche y estaba casado con Sofía Cardozo, trabajadora de Lozadur. Fue convocado para hablar del secuestro de su esposa. Vivían en Don Torcuato. Sofía es una de las cuatro mujeres que hay entre los siete desaparecidos de la fábrica, un número que da cuenta también de la presencia mayoritaria de mujeres dado que eran más del 50 por ciento. El 2 de noviembre de 1977, cuando él volvía al barrio a las siete menos cuarto de la mañana, uno de los vecinos salió a su encuentro para darle la noticia. Los “bichos verdes” se habían llevado a Sofía y tiraron a su hija Amalia, de dos años, en la puerta de un vecino.

Pablo dijo todas las palabras como pudo, apretadas, apuradas. “Lo que pasa es que me pasa esto cuando empiezo a hablar de estas cosas de mi señora”, explicó. “Le pasó lo que le pasó por decir la verdad. Ese fue el delito de mi señora, decir la verdad, por eso yo quiero justicia.”

–¿Y cuál era esa verdad? –le preguntó la fiscalía.

–Mi señora iba al trabajo, hablábamos: “Mirá que está pasando en todos lados esto de los secuestros”. Nuestra política es decir la verdad y trabajar, esa es nuestra política. No teníamos nada más que un ranchito. Vivíamos con la criatura.

Muchos de estos relatos son nuevos y para muchos son nuevas las posibilidades de decirlos en voz alta. A partir de 2009, un grupo de familiares se dio cuenta de que podían imaginar un juicio por sus seres queridos. En ese contexto rastrillaron el territorio. Dora es una de esas mujeres reencontradas años más tarde. Con ella, también se acercó una de sus hijas. “En el año ’90 yo cumplía quince años, señores”, dijo su hija, Marisa Alejandra, a los jueces. “Una chica de 15 lo que quiere es su fiesta, pero ese día yo esperaba que mi papá abriera la puerta y llegara. Eso es lo único que yo quería –dijo–. Y ese día, cuando a la noche él no llegó, yo supe que no iba aparecer nunca más.”

Millarck debería estar sentado entre los responsables de los crímenes, pero no está: “No llegamos a tiempo”, dice Liliana Giobanelli, esposa de uno de los desaparecidos. Murió el 24 de diciembre de 2012.

Fuente: PÁGINA.12

 

“Miembros del Poder Judicial se han burlado de nosotros…” Señala documento de la Comision Juicio de Campo, querellantes, familiares y organismos de DH ante la 9 sentencia

Lunes, 23 de diciembre de 2013

Documento es publicado hoy como solicitada en el diario Pagina 12, sin las firmas dado el masivo respaldo del documento…

DENUNCIAMOS

Primero, en plena dictadura, los  buscamos vivos. Luego exigimos Verdad y Justicia y el propio  Estado democrático nos respondió legalizando la impunidad con las leyes de Obediencia  Debida y Punto  Final. El  indulto  a los genocidas llegó también de la mano de  un presidente legitimamente elegido.

Estamos a un paso de que se cumplan 10 años de la apertura de esa  enorme puerta que pudimos  cruzar  con la anulación de aquellas  leyes. El Estado democrático esta  vez inauguraba  un  nuevo  tiempo histórico.

Jamás  abandonamos el camino de lucha ni nuestras esperanzas; hemos andado sin  descanso ni  consuelo. Ese andar fue regado con la  vida de  muchas víctimas,  familiares y testigos.

Trabajamos cotidianamente buscando la condena a los genocidas con la ley y con todas las garantías que les fueron negadas a los nuestros. Pero algunos miembros del poder judicial se han  burlado de nosotros, y han demostrado que la Justicia no es su meta.

Este  juicio, el 9no de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, llega a su  fin y al igual que el anterior, lleva la denuncia de la propia fiscalía de juicio  por los déficit de la instrucción-investigación que se llevó a cabo. Esos déficit se traducen en la imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables. Uno de los responsables de la falta de  investigación tiene  nombre y apellido, se llama Jorge  Sica, fiscal largamente denunciado  por nosotros  porque manifestó explícitamente que  no investigaría,  y así fue. La lucha de los querellantes, los compañeros  y los abogados  logró su  desplazamiento  para los casos de lesa  humanidad. Pero su paso por esa tarea ha lesionado fuertemente el proceso de justicia, en algunos casos  irremediablemente.  Hemos sido  nuevamente dañados por una parte  del Estado, a través de uno de los funcionarios  que pertenece a un sector de este poder judicial que se resiste todavía a la memoria, a la verdad y a la justicia. Es imperioso construir de una vez por todas un poder judicial que en su totalidad esté a favor de la democracia y del pueblo argentino en su conjunto, y no muchos de sus componentes al servicio de la impunidad o de sectores corporativos.

No hay  forma de  “restitución”   de lo  perdido, pero  el Estado tiene la obligación de “reparar”  el daño producido a su pueblo.  La JUSTICIA  es el acto reparatorio que se nos debe,  sobre todo a quienes  hoy  se hacen presentes a través nuestro. Sabemos que los Sicas  son muchos y también sabemos que son muchos los fiscales que  hacen de sus  acciones, una  práctica  Etica. Sica  ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad: los allanamientos que no se pidieron, la documentación que no se  buscó, los participes que no se investigaron, los delitos que se dejaron de incluir en la acusación.

El  genocidio  se llevó adelante con la  clandestinidad e impunidad de sus  acciones ,  encontrar  las  pruebas  para  probar los delitos requiere  por tanto de un ejercicio activo de parte del poder judicial en cada una de sus etapas y  de cada uno de sus funcionarios.

Denunciamos  a los Sicas y  a quienes desde su  rol,  por acción  u omisión,  no están a la altura del momento histórico  que  atravesamos. No entienden que la Justicia es el escenario donde también se está construyendo una nueva práctica judicial y  ciudadana,  se está reescribiendo la  historia, dando sentido al presente,  mostrando caminos a  futuro.

Como  querellantes, víctimas,  familiares y  compañeros  vinculados a la causa Campo de Mayo, hoy llegamos al final de este  juicio saludando su realización,  concientes  de lo  mucho que  hemos hecho y lo que falta, pero sabiendo  también que este no era el proceso esperado por nosotros,  merecido para las víctimas y el que necesita la sociedad  como un claro mensaje en el camino del NUNCA MAS

Organismos, victimas, familiares y compañeros de la Causa Campo de Mayo, organismos de DH y compañeros vinculados a otras causas judiciales.

Gabriel Matias Cevasco. dni 25557179, Adriana Leiva  DNI 10.649.323, Gustavo C Molfino. DNI 14596275, Laura Catalina de Sanctis Ovando 26.132.734, Adriana Taboada  DNI 13.995505, Lorena Battistiol dni 25391723, Flavia Battistiol  dni 23862358, René Horacio Flores, DNI Nº: 12.286.881, Gloria Canteloro. D.N.I. 13.167.815, Dalia Canteloro 10779589, María Maggio  DNI 24.214.550, Carnen ines salcedo  dni  11666090, Edgardo Ignacio Binstock DNI 8.627.158, Ruth Dobrusin DNI 3557302, Julia Elena Villagra  dni 6266253, Virginia Croatto 25 554 808, Paulina Tovo DNI: 25.492.163, Maria. Jose lujan dni 24.341.226, Ana Maria Avalos Goycoolea  DNI 93969.041, Liliana Giovannelli DNI 11.938.641, Benjamin Antonio  Dni 93277160 , Ana Testa DNI 11028402, Silvia Tolchinsky  DNI 5.889.025, Maria Josefina Labarthe , DNI 6375235, Gabino P. Bedia, DNI 4731791, María Inés Bedia   DNI 29044391, Cristina Aldini  DNI 11230992, MARTA SILVIA QUEREJETA – D.N.I. 12.797.350, Teresa Noemi Rey  DNI 16732718,Juliana  Inés GArcia, Alba Rosa Lanzillotto    DNI 7881047 , León Sznaider 13.433.224, Paulina G. de Sznaider 12.279.540, Beatriz Sznaider 12.058.062, Pablo Rascovan: 11.399.754, Tilsa Albani dni 3335799, Daniel Cabezas DNI 10.952.637, Luciana Milberg DNI 29.478.299, Laura Hietala  DNI 25803026, Lilia Mannuwal dni 5.308.225, Silvia Beatriz Salamone D.N.I. 10.682.222, Graciela Pilar  Villalba .D.N.I.11.046.386, Pablo José Tajes . DNI – 8.263.497 .- Eva Beatriz Gigena D.N.I. 10.963.337, Manuel Gonçalves Granada  DNI 30293315, Ana Salamone, DNI 12.812.832.Maria Susana Machi DNI 5.866.017, Nieto Aime Lucia DNI 33094630,Gabriela Raquel Jiménez – DNI 20718696, Silvio Matías Barrichi – DNI 13246514, María del Rosario  Gassillón – DNI 4281429, Ernesto Romualdo Jiménez – DNI-4917673, Camilo Peralta – 37939383, , Carlos Gonzalez, Malena Peralta – 36881750, David Alvaro Correa  DNI 20315606, Mariela  Correa DNI 24938191, Celso David Medela DNI 19293273, Enrique  Hugo Correa DNI 6150169, María LauraPalmieri DNI 28268268, Nicolás Jorge Correa DNI 34330091, DELIA BELARDINELLI 11666090, Sylvia Schulein  dni 6711753, Silvina Segundo  dni 17415608, Maria Susana Hernandez, DNI: 11574986,  Jorge Witis dni 10743236, Susana Beatriz Lombardi DNI: 24.657.973, Micaela Elisa Lombardi DNI 26.077.542, Juan Enrique Lombardi DNI: 30.085.372, Ernesto Francisco Lombardi DNI 8.528.334, Susana  Esther  Recio  DNI 11.928.361,, Raquel Witis dni 6032108, Hugo Oscar Segura, DNI Nº 7.738.740, Nélida Rey , DNI. 4527429 Antonio Fernández, dni 7.608.148,,

Comisión de Familiares de  Detenidos y Desaparecidos por  Razones Políticas, Comisión por la Memoria, la verdad y la justicia de zona Norte., Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, H.I.J.O.S. Escobar- Campana- Zarate, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, Comisión de Familiares y Ex detenidos políticos de JCPaz, Comisión de Ex Delegados de la Ford, Organismos de DDHH del Noa y Nea

Laura Conte  DNI 3.327.250, Hugo Cañón. DNI 5.513.611, Mirta Clara  DNI 5 768 527,  Enrique Font DNI 16.935.596Carolina María Sala  DNI 27.343.263, Gabriel Elias Ganon DNI 14.587.181 Miguel Fernández Long DNI 11.299.395, Pablo Fernandez Long 4.538.880, Rodrigo Pomares DNI 27.235.764, Rafael Diego García DNI 4.395.622,  Fernando   Devoto   DNI  12.780.499, Pablo Ferreyra DNI 27.565.890, Celia Estela Sarmiento  DNI 21.401.616, Bruno Pedro De Aalto DNI 12.928.106, , Norma Osnajanski DNI 5.570.247, Luis Soria, DNI: 6.697.509, , Graciela  Ojeda . DNI 10.533.635 , Guillermo Perez Roisinblit, DNI 26939612, Tomás Martín Castro Mayta  DNI. 26814615, Ángela Urondo Raboy  DNI 27440690, Miguel G. Murphy  DNI 4.384.516, Carlos A. Zorzoli DNI 7742985, Juan de Dios Acosta Mena DNI N° 92.840422., Clara Petrakos, 25058749, MIGUEL MARIO CLAVELL – D.N.I. 7.616.885, , Silvia Burgos 17830408, Héctor Jerónimo Enrique López DNI 10.773.910 , Sebastian Rosenfeld, DNI 29443134, Daniel Horacio Aveni  DNI 13.215.111,  Francisco Javier Uribe Uribe, DNI. 18691059., cArturo Humberto Remedi  DNI 11 .386.480, , Pablo Martín Jara DNI 2850413, María del Rosario Alveolite DNI: 12.103.019, graciela mónica meloni dni 11.726.599, Fanny Seldes   DNI 10390154, Patricia Lamanuzzi DNI 12.714.373,  Susana Nora Gallardo 6718260, , ricardo alberto martinez dni 8414349, hugo daniel russo, dni: 20.860.945;  nina brugo marcó d.n.i. nº4.788.651, roberto “juan” ferrante d.n.i. nº5.617.305, Paula Sansone DNI 25.788.080María Inés Monzani 13.653. 539, Ana María García  DNI 06.695.094, María Julia Daroqui. DNI: 5.746.343, Claudia Cesaroni DNI 16.263.075, Ricardo Weinmann DNI Nº 10.196.241, Cristina Olivé DNI 5.619.227, Marta Ungaro DNI 5.771.883, Maximiliano Medina DNI 29.390.267, Laura Ortega DNI 6.072.554 , Carlos Van Lacke DNI 4.529.910, Marta Lidia Cerisola DU 11892260, Marina mapelli dni 21443446, , Claudia M. Aldini  DNI 16730373, tatiana sfiligoy DNI 23458921, Macarena Gelman  DNI 18.846.201, García María Fernanda. DNI 33.921.892, Fernanda Carolina Marquez DNI 24.741.868, Aníbal Adrián López DNI 11.068.526, Maria del Carmen Castro DNI 6033645, BEATRIZ LOPEZ  5935533, Carina Herrera DNI 23586000LUCIANA LUCANTIS 21552069, Angel Belisario Gutierrez DNI 5 086 270, Gabriel Eduardo Corvalan Delgado  Dni 23866181, santiago lazzarini 10506156, Marco Antonio, DNI 13798914, NI 5.815.513 PUPPARO, MARIA CRISTINA , Silvia Distéfano DNI 12961462, Omar Maio DNI 12968120, siguen las firmas.

Este documento es publicado hoy como solicitada en el diario Pagina 12, sin las firmas dado el masivo respaldo del documento

 

Tres represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

29 de Agosto de 2013

Terminó el juicio por 31 crímenes de lesa humanidad

Campo de Mayo: 25 años de prisión a Riveros, que ira a cárcel común

Además, el TOF 5 de San Martín condenó al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión, que deberá cumplir con prisión domiciliaria. Y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, lo sentenciaron a 6 años, que ya cumplió con la prisión preventiva, por lo que quedará en libertad.

  • Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares.Fotos: Sol Vazquez
  • Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares.Fotos: Sol Vazquez
  • Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares.Fotos: Sol Vazquez

Por: Natalia Biazzini

“Pensábamos que iba a haber una condena superior”, dijo Eva Orifici, sobreviviente del circuito represivo de  Zárate- Campana. Lo dijo después de que el TOF 5 de San Martín condenara hoy al ex militar Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión. El tribunal exigió que la pena sea cumplida en cárcel común. El ex prefecto Servando Ortega recibió 9 años, que deberá cumplir con prisión domiciliaria. Y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, el tribunal le dio 6 años que ya cumplió con la prisión preventina, por lo que dispuso su inmediata libertad.

“Es una condena con sabor amargo, pero hay algo de satisfacción. Riveros no se va a su departamento de Belgrano, se va a la cárcel de Ezeiza y Ortega se va a prisión domiciliaria. Que se condene a un genocida a los 90 años es una lección para la humanidad”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante.

“Nos parece muy significativo que Riveros, uno de los cerebros del genocidio, vuelva a la cárcel común, lugar de donde nunca debió haber salido. Las condenas restantes fueron leves y seguramente pediremos la apelación de la condena de Meneghini”, dijo a Infojus Noticias el abogado querellante Walter Briosso.

“Yo no digo condena, es un pedacito más de Justicia. Nuestra querella había pedido 25 años y a Ortega le dieron 9 y a Meneghini 6 pero sale en libertad”, dijo a Infojus Noticias Daniel Lagarone, sobreviviente de la zona de Escobar.

“Uno de los imputados -por Buitrago- murió hace poco, impune. El genocida tuvo todos los derechos. Hoy no tengo vergüenza, por todas las mujeres que fuimos violadas”, dijo la sobreviviente Lidia Biscarte, y pidió señalizar todos los lugares de Zárate donde funcionaron centros clandestinos.


Riveros, esta mañana durante la audiencia. No estuvo cuando los jueces leyeron el fallo.

El tribunal está integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral. Una particularidad del juicio es que el TOF no permitió durante las audiencias que el público exhibiera los carteles emblemáticos con los rostros de sus desaparecidos.

“Que no nos toque otro juez que no nos deje levantar las caritas de nuestros desaparecidos”, dijo enojada Iris Avellaneda en la radio abierta previo al juicio. Avellaneda tiene a su hijo, el Negrito Avellaneda, desaparecido y su caso fue la primera causa que se juzgó en Campo de Mayo.

Hace muchos años que la sobreviviente Lidia Biscarte esperó este día. “La lucha sigue por nuestros compañeros desaparecidos. Se acaba de morir un genocida sin condena -en referencia a Buitrago-. Sufrimos no sólo la tortura, sino también las violaciones y tormentos. Estos jueces también van a quedar en la historia con su sentencia”.

El ex comisario Juan Fernando Meneghini fue condenado a 6 años de prisión. Quedará libre: ya los cumplió con la preventiva.

En la causa caratulada “Buitrago, Sergio y otros” estuvieron acusados el ex comandante de Institutos Militares, Riveros, Meneghini y Ortega, en tanto el excapitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció el 30 de julio pasado sin recibir condena.

En el proceso oral y público, que comenzó el 15 de abril pasado, se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en perjuicio de 31 víctimas. Es la octava causa de los juicios que se desarrollan por el centro clandestino Campo de Mayo. En este debate se escucharon 29 testimonios de sobrevivientes, militantes políticos y sindicales de Zárate y de Campana, uno de los territorios más golpeados por la dictadura por la cantidad de centros clandestinos.

El ex prefecto Servando Ortega recibió 9 años que deberá cumplir con prisión domiciliaria. 

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Fuente: INFOJUSNOTICIAS

 
 
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