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Archivo de la categoría: Represores

Llegó el fin de las Políticas Reparatorias en la Provincia de Buenos Aires

28 enero, 2016

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El gobierno provincial a cargo de María Eugenia Vidal, y la Secretaria de Derechos Humanos, con la reciente asunción de Santiago Cantón, resolvieron disolver la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, que se puso en funcionamiento fines de noviembre del año 2012, a partir de la modificación de la Estructura de la Secretaria.

El objetivo fundamental estuvo puesto sobre la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado, reparación simbólica que buscó restituirlos como sujeto de derecho. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se desarrollaron políticas públicas para que el Estado de Derecho cumpla con las obligaciones en materia de promoción, protección y reparación de los daños producidos por el Estado Terrorista sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia.

En un comunicado, los integrantes de la Dirección detallaron que “estos tres años de gestión, trabajamos sobre acciones reparadoras concretas sobre el territorio provincial: relevamiento de 53 cementerios municipales en busca de información sobre enterramientos clandestinos en dictadura; se obtuvieron 2066 muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de la campaña de la `iniciativa latinoarmericana´ de forma conjunta con el EAAF; se realizaron más de 40 señalizaciones de lugares que funcionaron como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se trabajo en la construcción de cinco Espacios de Memoria; se participó como querellante en más de 18 juicios de Lesa Humanidad; se resolvieron y tramitaron 3905 pensiones de la Ley 14.042; se consolidó un equipo de Acompañamiento psicológico en Lesa Humanidad; se trabajó en la visibilización de los delitos sexuales; se formó un equipo para investigar y publicar sobre las complicidades civiles de la dictadura; sólo para mencionar algunas de las líneas de trabajo que nos dimos en este tiempo”.

Asimismo, agregaron: “En el día de hoy nos comunican que la Secretaria va a ser sometida a una modificación de su estructura y esta Dirección Provincial como tal deja de existir, repudiamos enérgicamente esta decisión política tomada por el gobierno. Implica un retroceso para el Estado como garante de los procesos de memoria”.

“Nos preocupa la situación en la que quedan las víctimas y familiares, donde son desprovistos del acompañamiento y la presencia del Estado en tanto intervención de Ley que consolidaba la restitución de sus derechos vulnerados en dictadura y también en los primeros años de democracia. Es una vuelta atrás, de todas las políticas de memoria verdad y justicia construidas en estos últimos años, que ubicaron a la Argentina en el lugar del reconocimiento mundial en materia de derechos humanos”, continúa el documento.

Además, “quienes hemos tenido la enorme responsabilidad de estar a cargo de esta gestión, somos militante del campo popular y hemos sostenido nuestra función desde la más pura convicción por la defensa de la verdad histórica, la resignificacion del pasado de horror, y la construcción de un presente donde la justicia marque el camino de la no repetición. Por este motivo es que compartimos con ustedes la incertidumbre y la desazón que nos genera esta decisión tomada por Vidal y su equipo. Dejando sin efecto las funciones de la Dirección, se pone en riesgo por parte gobierno provincial la cobertura y presencia del estado como querellante en los juicios de lesa humanidad, los trabajo de investigación, señalización y preservación de los sitios de memoria, la posibilidad de profundizar sobre las complicidades civiles empresariales, de los medios de comunicación, eclesiásticas y de la justicia”.

“Pero como sabemos que `Patria es Memoria´, vamos a redoblar los esfuerzos y la lucha en defensa del camino construido en estos años por la memoria la verdad y la justicia. Y en ese camino somos muchos los que nos estrechamos en el abrazo fraternal y el grito colectivo por: `ni un paso atrás´”, concluyen los directores del organismo.

Firman el comunicado

Marina Vega – Directora Provincial de Politicas Reparatorias
Ramon Baibiene – Director de Politicas Reparatorias
Victor Hugo Diaz – Director de Investigacion y Memoria

FUENTE: INFOPLATENSE

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Campo de Mayo: piden juicio político al juez Barroetaveña

1ero de Enero de 2015

El juez Diego Barroetaveña al centro. Foto: Gustavo Amarelle/Télam

El juez Diego Barroetaveña al centro. Foto: Gustavo Amarelle/Télam

El abogado Pablo Llonto presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político contra el juez Diego Barroetaveña, integrante del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, por “mal desempeño en sus funciones” en el duodécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo. El letrado solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que disponga “la apertura del procedimiento de remoción del juez” y “ordene su suspensión”.

El abogado Pablo Llonto presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político contra el juez Diego Barroetaveña, integrante del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, por “mal desempeño en sus funciones” en el duodécimo juicio de la megacausa Campo de Mayo. El letrado solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que disponga “la apertura del procedimiento de remoción del juez” y “ordene su suspensión”.

El abogado Pablo Llonto y Marta Querejeta

El abogado Pablo Llonto y Marta Querejeta

Llonto denunció a Barroetaveña por su accionar durante la causa en se juzgó a los prefectos Carlos Schaller y Oscar Montagano y al médico policial Carlos Quetglas por los delitos de lesa humanidad cometidos contra la entonces militante de 16 años Marta Querejeta, en Campana, en 1974. Los dos últimos acusados fueron absueltos. Schaller recibió una pena de tres años de prisión.

Barroetaveña presidió aquel tribunal que no realizó la lectura de los fundamentos de la sentencia en tiempo y forma. Para Llonto se trata de una “causal de nulidad” porque “evidencia que se dictó un veredicto sin respaldo jurídico”. Para el letrado, el juez impartió “actos de manifiesta arbitrariedad” y violó “reiteradamente el debido proceso” produciendo “un daño a víctimas de delitos de lesa humanidad”.«

Fuente: TIEMPO ARGENTINO

 

Impunidad en Campo de Mayo

Viernes 28 de Noviembre de 2014

En el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín

María Quejereta: tres años de condena para Shaller y dos absoluciones

El miembro de la Prefectura Carlos José Ramón Shaller fue el único condenado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1974 contra la militante Marta Querejeta, de 16 años. La querella había pedido penas entre 20 y 14 años para los tres acusados.

Por: Infojus Noticias

Marta Querejeta. Foto: Mariano Armagno

 

El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín fijó la pena de tres años de cumplimiento efectivo para Carlos Ramón Schaller, miembro de la Prefectura. En tanto, los otros dos imputados, Oscar Rubén Montagano y el médico de la policía  Carlos Quetglasmiembros de la Prefectura, fueron absueltos. Los tres estaban acusados de secuestrar y torturar en diciembre de 1974 a Marta Querejeta, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de 16 años, que tenía un embarazo de dos meses. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 12 de diciembre próximo.

El fiscal Marcelo García Berro había pedido penas de entre 14 y 2 años para los acusados, mientras que la querella, representada por Pablo Llonto, pidió entre 20 y 14 años.

Según se reconstruyó en el debate, el 5 de diciembre de 1974, un grupo de tareas a cargo de un hombre de apellido Benítez llevó a Marta a la Prefectura Naval de Campana. Ahí fue interrogada por ese hombre y por el jefe de la dependencia, Carlos José Ramón Shaller, sobre su militancia en el PRT. Como no dijo nada, Benítez la llevó a una casa en Tigre o San Fernando para someterla a largas sesiones de tortura. En medio de los tormentos gritó que estaba embarazada. Sus captores le creyeron y la devolvieron al edificio de Prefectura.

Marta fue vista en ese edificio custodiada por el ex oficial Oscar Rubén Montagano. Un conscripto, durante el debate, confirmó que la chica estaba como perdida y que el prefecto la mantenía cautiva. De ese lugar salió en libertad con su cuerpo malherido por golpes y picana. El médico de policía Carlos Quetglas libró un certificado de salud sin revisarla y con la intención de cubrir lo que Marta tuvo que vivir durante su cautiverio.

Con la prueba que se produjo durante el juicio, García Berro, en su alegato, pidió que Shaller fuera condenado a 14 años de prisión, por considerarlo autor de los delitos de dos allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad agravado y torturas agravadas por tratarse la víctima de una perseguida política. El representante del Ministerio Público entendió que Montagano le cabían los mismos delitos que a Shaller, sin los allanamientos. Por eso pidió para él la pena de 10 años de prisión.

Para el caso de Quetglas, García Berro pidió 2 años de prisión por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal le explicó a Infojus Noticias que según la prueba que se dio a conocer en el debate, la imputación por torturar a Quetglas –así llegó a juicio– no era correcta. “Desde el inicio de la causa, por lo que puede apreciarse, el hecho debe imputarse no es torturas, sino encubrimiento en concurso ideal con el incumplimiento deberes funcionario público”, dijo.

El fiscal considera probado que Quetglas extendió un certificado de salud sin siquiera revisar a Marta y que no denunció, como correspondía, los tormentos a los que fue sometida la chica. Vale aclarar que los testigos confirmaron que al recuperar la libertad, Marta tenía las secuelas de la tortura visibles.

Desde la querella, Llonto entendió que tanto Shaller como Montagano deberían ser condenados a la pena de 20 años, mientras que para el médico Quetglas pidió 14. Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña serán los encargados de dictar sentencia.

 

Fuente: INFOJUS Noticias

 

El TOF 1 absolvió a dos de los acusados. El único condenado recibió apenas tres años de prisión.

28 de Noviembre de 2014

La víctima tenía 16 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada; indignación tras el anuncio

Caso Querejeta: polémico fallo

por Franco Mizrahi

Caso Querejeta: polémico fallo

Querejeta – Expresó ayer su bronca.

Es una sentencia miserable. Yo ya me quería jubilar de esta lucha pero me obligan a seguir.” Con esas palabras, Marta Querejeta, definió ante Tiempo Argentino el veredicto del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, que ayer absolvió a dos de los tres acusados por su secuestro, el 5 de diciembre de 1974. El único condenado del 12º juicio de la Megacausa Campo de Mayo fue el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Ramón Schaller: 3 años de prisión. “Es un nueva sentencia absolutoria del tribunal. Se valoró más la voz de los genocidas que la de las víctimas”, aseguró el  abogado querellante Pablo Llonto.
Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña –criticados por familiares a la salida de la sala– dejaron en libertad al ex oficial de Prefectura, Oscar Montagano; y al ex médico de la Policía Bonaerense, Carlos Quetglas, reconvertido en un reconocido profesional de Campana, por “falta de prueba por duda”, explicaron fuentes judiciales. Al doctor se le adjudicaba no revisar a la víctima ni dejar constancia de las torturas. Al momento de los hechos, Querejeta militaba en el PRT. Tenía 16 años. Estaba embarazada de dos meses.
La decisión del TOF 1 estuvo lejos de las penas pedidas por los querellantes y el fiscal Marcelo García Berro. Llonto había pedido condenas de 20 años para los prefectos y 14 años para Quetglas. El procurador, entre 14 y 2 años de prisión.
“A Schaller lo condenaron sólo por la privación ilegal de la libertad (de Querejeta) y no por el secuestro. Al médico lo absolvieron aún cuando hubo un testimonio que indicaba que había participado en los tormentos a otra víctima, Fernando Sánchez – ya fallecido–. No se trata de un médico cualquiera”, explicó Llonto.
Como los hechos ocurrieron en 1974, en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la defensa pidió la prescripción del caso lo que no fue avalado por los magistrados. Según se desprende de la sentencia, consideran a estos hechos de lesa humanidad. La jurisprudencia en la materia es clara: desde la Masacre de Trelew (1972) hasta el caso Quieto (1975) fueron considerados de la misma forma.
El 12 de diciembre se conocerán los fundamentos del veredicto. No obstante, Llonto adelantó que apelará el fallo. Y explicó: “La sentencia preocupa mucho porque este caso tenía abundante prueba. En poco más de un mes este tribunal absolvió a cinco genocidas”, dijo en referencia a la sentencia del 7 de octubre pasado en el que TOF 1 dejó en libertad a tres de los nueve acusados en el llamado “Juicio de los Obreros”. «

Fuente Tiempo Argentino

 

El cautiverio de Marta Querejeta: un ex colimba la vio en la Prefectura

Jueves 27 de Noviembre de 2014

La víctima cuando la secuestraron tenía 16 años y estaba embarazada

Por: Juan Carrá

Roberto Antivero hacía la colimba en la Prefectura Naval de Campana cuando secuestraron a Querejeta. Declaró en la primer audiencia del nuevo juicio por los crímenes de Campo de Mayo. Contó que la vio demacrada junto con uno de los acusados, el ex oficial Oscar Montagno, que está imputado junto con otro miembro de Prefectura y un médico policial.

tribunal_Olivos_CampoDeMayo_1r(1)En 1974 en Campana todos se conocían, al menos, de vista. Por eso Roberto Antivero no tuvo dudas de que la mujer que vio en el edificio de Prefectura era Marta Querejeta. Era diciembre y él estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio en ese destino. Contó que la vio demacrada, cansada y desanimada. Y que con ella estaba uno de los acusados: el ex oficial Oscar Rubén Montagano.

La primera audiencia del juicio que ventila el cautiverio de Marta Querejeta durante diciembre de 1974 en la Prefectura Naval de Campana, terminó ayer con la declaración de seis colimbas que prestaron servicio en esa fuerza durante la época del secuestro. Desde la óptica de la Fiscalía, solo el relato de Roberto Antivero aportó datos importantes al debate. “Los otros cuatro no dieron datos sustanciales”, explicó el fiscal Federal, Marcelo García Berro. Los imputados: el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio, y el médico Carlos Quetglas, ciudadano ilustre de Campana y médico de la policía, estuvieron en la sala para seguir el relato de los primeros testigos, sentados detrás de sus abogados.

El 5 de diciembre de 1974, un grupo de tareas a cargo de un hombre de apellido Benítez llevó a Marta a la Prefectura Naval de Campana. Ahí fue interrogada por ese hombre y Shaller sobre su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Como no dijo nada, Benítez la llevó a una casa en Tigre o San Fernando para someterla a largas sesiones de tortura.

En medio de los tormentos gritó que estaba embarazada. Sus captores le creyeron y la devolvieron al edificio de Prefectura. De ahí recuperó la libertad con su cuerpo malherido por golpes y picana. El médico de policía Carlos Quetglas libró un certificado de salud sin revisarla y con la intención de cubrir lo que Marta tuvo que vivir durante su cautiverio.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña, escuchó el relato de Antivero y con asombro notaron que en un pasaje de su declaración el hombre se quebró. Fue cuando tuvo que hablar sobre Shaller, entonces jefe de la Prefectura de Campana. “Yo tenía una gran admiración por Shaller”, explicó al presidente del Tribunal ante la consulta por su notable cambio en el estado de ánimo.

Qué confirma el testimonio

Para el fiscal Federal, Marcelo García Berro el relato de Antivero fue muy importante porque corrobora que Marta Querejeta estuvo dentro del edificio de la Prefectura de Campana en mal estado y que uno de los acusados estaba con ella.

El representante del Ministerio Público, explicó a Infojus Noticias que con el relato de la víctima y su hermana quedó claro que a Marta la secuestraron. “Por más que su padre la haya acompañado hasta la Prefectura, al no haber motivo para su detención es una privación ilegítima de la libertad, además de que no intervino ninguna autoridad judicial ni fue asistida por abogado defensor”, explicó.

El caso Querejeta representa una prueba de cómo se fue configurando el aparato represivo del Estado de cara al golpe del 24 de marzo de 1976. Del relato de la víctima y de su hermana se desprende que primero fue la Prefectura los que los mantuvieron vigilados, pero en proximidades del golpe el Ejército tomó la posta, incluso allanando su casa y la de su abuela.

Las audiencias continuarán el viernes a partir de las 9.30 en la pequeña sala de los Tribunales Federales de Olivos. Será la última audiencia de testimoniales, el martes 25 están previstos los alegatos y el jueves 27 el veredicto

Fuente: INFOJUS Noticias

 

El juicio por la maternidad clandestina

Lunes 10 de Noviembre de 2014

COMIENZAN LOS ALEGATOS EN EL PROCESO POR NUEVE CASOS DE APROPIACIONES DE BEBES

La etapa de alegatos será inaugurada hoy por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Bignone y Riveros están acusados como autoridades de la repartición militar de Campo de Mayo. Imagen: Rafael Yohai

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

 

Campo de Mayo: Las actas de la complicidad empresarial

Lunes 15 de Setiembre de 2014

LA INVESTIGACION DE FAMILIARES Y VECINOS SOBRE LOS OBREROS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL CONURBANO

Las actas de la complicidad empresarial

En el llamado Juicio de los Obreros, que se ocupa de los secuestros de 33 trabajadores, se presentaron documentos que muestran la connivencia de los empresarios con el terrorismo de Estado. Fueron rastreados por un equipo integrado por parientes de las víctimas y otras personas.

El Juicio de los Obreros se acerca al último tramo. Piden que la investigación continúe sobre gerentes, directores y propietarios de las empresas. Imagen: Télam

En San Martín se acerca el final del Juicio de los Obreros, destinado a buscar responsabilidades por los secuestros de 33 trabajadores de algunos grandes centros fabriles de la zona norte del conurbano, como los astilleros Mestrina y Astarsa y las ceramistas Lozadur y Cattaneo. Los secuestrados eran delegados o afiliados a los sindicatos, cercanos a las comisiones internas de las fábricas. El juicio juzga ahora a una parte de los responsables: militares, policías y prefectos. Faltan los responsables civiles: propietarios, directores y personal jerárquico de las empresas con distinto grado de colaboración. Durante el debate se mostraron varios documentos que sugieren esa colaboración. Informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la ex Dipba y también un tramo escalofriante de las actas de reuniones del directorio de Lozadur. Las actas sugieren modos posibles de cómo se articuló esa complicidad, pero impactan porque muestran, como una vieja fotografía, el espanto del patrón ante la envergadura de la organización obrera de la época.

“En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1975, reunidos en sesión de directorio en su local social de la calle Bernardo de Yrigoyen 330, 4º piso, los señores directores de Porcelana Lozadur SAyC que firman al pie, bajo la presidencia del doctor Mario Jorge Amoroso Copello y con asistencia de los señores miembros de la comisión de fiscalización que firman también la presente acta, se abre la sesión siendo las 14 horas –escriben–. A continuación toma la palabra el señor presidente y plantea al directorio el problema del ausentismo obrero que supera el 20 por ciento, como así también los continuos conflictos obreros originados artificialmente por el personal perteneciente a la Focra, por lo que será de imperiosa necesidad adoptar medidas, sea cual fuere para evitarlo.”

El hallazgo de estos libros de actas es parte, a su vez, de una segunda trama de este juicio. La historia de un equipo de investigación compuesto por distinto tipo de personas: familiares de los desaparecidos, con sus distintos saberes, pero también un viejo apoderado del sindicato o una vecina, la hija de la dueña de una tienda de pueblo, ubicada a una cuadra de dos hermanas de trabajadoras de Lozadur desaparecidas. Liliana Giovannelli pertenece a ese equipo. Era trabajadora de laboratorios Roche y esposa de Juan Carlos Panizza, Cumpita para sus compañeros, uno de los desaparecidos de Cattaneo, la otra fábrica de cerámicas. Se encontró con estos libros en el juzgado oral de San Martín. Los querellantes los habían mandado pedir al juzgado de quiebras. Cuando estaban ahí, a medida que iba pasando las hojas, Liliana comenzó a tomar notas con lo que tenía a mano. Al llegar a su casa, puso los datos más importantes en un mail destinado a sus compañeros.

El 21 de febrero pasado, Liliana Giovannelli escribió: “En el juzgado oral estaban los libros de actas de la reuniones de directorio de Lozadur desde 1956 en adelante. Revisé a partir de agosto 1973 (toma sindicato), hasta 1978. A partir del ’74 comienzan alusiones al personal en relación con problemas de ausentismo (20 por ciento). En septiembre de 1975 ausentismo y conflictos obreros ‘originados artificialmente por el personal perteneciente a Focra’. En octubre del ’75 hablan del principio de autoridad muy deteriorado en la fábrica y deciden nombrar un gerente general (Ing. Pedro Ernesto Bouche). Cuando presentan el ejercicio del año ’75 atribuyen sus problemas a la política económica y gremial y como ya están en el comienzo del ‘76, dicen: ‘reestablecida la disciplina el rendimiento de la mano de obra ha alcanzado sus niveles normales’. En los meses siguientes las actas son escuetas y casi iguales”.

Hasta octubre de 1977: cuando se producen algunos de los hechos más importantes.

Las actas

Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes en la zona norte. Cattaneo tenía 500 trabajadores; Lozadur, en Villa Adelina, más de mil trabajadores, la mayoría mujeres, como quedó reflejado entre los desaparecidos: cuatro de los siete desaparecidos de este juicio son mujeres. Para 1973, las dos fábricas estaban movilizadas. La futura lista marrón tomó la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas. Había reclamos por mejoras de salarios y mejores condiciones de trabajo. Varios testigos recordaron en el juicio problemas por las altas temperaturas de los hornos; afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo. Deterioros físicos por el acarreo de las zorras, usadas para trasportar cerámica dentro de la fábrica. Con el envío de un veedor y una disposición del Ministerio de Trabajo que ordenó elecciones, ese año ganó un armado clasista de la lista marrón. Y volvió a ganar en 1975. Ese año, junto a los astilleros se impulsaba la Coordinadora Fabril en la zona norte con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical. Después del golpe, la filial quedó intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Ya en 1976 y 1977, bajo el peso de la dictadura, los trabajadores continuaron con distintos tipos de reclamos y actividades de resistencia. En ese contexto, a fines de septiembre de 1977, Millarck convocó a una reunión a los delegados y les pidió que volvieran a las secciones para suspender una de las últimas huelgas. Les dijo lo que muchos testigos repitieron durante el juicio: que si no lo hacían, iban a venir los “bichos verdes”. La huelga continuó. El 18 octubre de 1977 Lozadur simuló un cierre por una quiebra cuyos vaivenes ahora se ven escritos en las hojas del directorio. Quince días después, los “bichos verdes” secuestraron a los trabajadores de sus casas y meses más tarde volvió a abrir la fábrica.

El acta del directorio que sigue a continuación es del 14 de octubre de 1977: cuatro días antes del cierre. “El presidente manifiesta que como es de conocimiento de los señores directores, a comienzos del corriente mes se inició en la fábrica un movimiento gremial de acción directa consistente en la disminución intencionada de la producción a pesar del anuncio, previo al movimiento, de que en el curso del mes de octubre se otorgaría un aumento general de salarios. Dicho movimiento ha producido una disminución de la producción y consiguientemente del despacho y de la facturación, de tal magnitud que amenaza hacer conducir a la empresa (…) a no hacer frente a las obligaciones financieras y o bancarias (…) Tal situación hace simplemente imposible continuar soportando un conflicto gremial sin solución aparente por cuanto los obreros no sólo no informan oficialmente los motivos de su actitud, sino que ni siquiera concurren a las citaciones del Ministerio de Trabajo y se han negado a acatar las instrucciones e intimidaciones de las autoridades competentes y del interventor militar en el organismo sindical para normalizar el trabajo. Actualmente, las autoridades competentes han dispuesto que el conflicto queda sujeto a las normas de la ley 21.400 de seguridad industrial. (N. d. R.: de septiembre de 1976, una estrategia para militarizar a los trabajadores en huelga.) El problema del conjunto planteado exige soluciones drásticas y definitivas ya que, de no lograrse las mismas, la liquidación de la empresa será inevitable con todas sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Por consiguiente se resuelve, por unanimidad, proceder previa intimidación legal al despido con causa justificada de todo el personal en conflicto, en caso de no normalizarse el trabajo a la cero hora del día 15 de octubre.”

Liliana

“Conocí a Carlos (Panizza) en noviembre del ’74, estuvimos dos años de novios, los dos trabajábamos, fuimos comprando las cosas para equipar un lugar para vivir, dos meses antes de casarnos alquilamos una casa en Martínez y en febrero del ’77 nos casamos. Carlos iba a seguir abogacía y yo psicología”, explico Liliana Giovannelli durante la audiencia. Carlos esperaba los certificados de estudio de Entre Ríos. Habían comprado un terreno para construir en José C. Paz. “Trabajábamos duro y los dos tratábamos de hacer horas extra. Carlos estaba en Cattaneo con turnos rotativos: una semana de mañana, una de tarde y otra de noche. Así que nos arreglábamos como podíamos para tener más tiempo juntos. Cuando le tocaba de noche, llegaba a casa a eso de las 6.30 o siete de la mañana, desayunábamos y luego yo me iba a trabajar y volvíamos a vernos a las seis de la tarde y hasta 21.30, cuando él volvía a irse a la fábrica. Eramos recién casados, compartíamos lecturas, las cosas que hacíamos y soñábamos. Carlos militaba en el sindicato. Era afiliado del gremio, participaba de las asambleas, hablaba de política, apoyaba las medidas que se tomaban, era un tipo politizado, sin bien no estaba afiliado a un partido.”

Liliana repite en voz alta alguno de esos reclamos: el polvillo, el calor de los hornos, los sueldos bajos y atrasos en las quincenas.

El 27 de octubre de 1977 horneó una torta de naranja. Desayunaron y Carlos se fue a la fábrica. Ese día el Ejército montó un enorme operativo durante el que se llevaron a tres trabajadores, entre ellos a él. A la tarde, como no volvía, Liliana llamó dos veces a la fábrica.

“Quiero destacar aquí que también en esto se ve la complicidad de la empresa –dijo en el juicio–, porque ante un hecho de semejante magnitud, con un operativo como el que se hizo dentro de la fábrica, con despliegue de Falcons, camionetas, donde introdujeron a los obreros dentro de la fábrica, que duró horas y comprendió dos turnos laborales, que comenzó durante la madrugada con personal de turno noche y continuó durante la mañana, ¿cómo la oficina de personal iba a desconocer lo que había pasado o estaba pasando?”.

Una vez al mes, durante años, Liliana pedía permiso en su trabajo, a veces se lo daban, a veces no, para viajar a la Capital. Iba al Ministerio del Interior a preguntar si había novedades de Carlos. Cuando salía, antes de volver, pasaba por Corrientes y Callao, donde funcionó la sede de Familiares. Siguió trabajando en Roche porque quería conservar la casa alquilada. Creía que Carlos iba a volver, después de todo, todos le decían que se lo habían llevado por averiguación de antecedentes. “Con el resto de los familiares de la fábrica, nunca nada”, dice. “Yo no trabajaba en la fábrica, así que no sabía dónde vivían. En algún momento intenté armar una pareja, pero no pude, porque esta historia nunca se cierra.”

Con el acceso a Internet algo cambió. Cada tanto, googleaba el nombre de Carlos. Encontró el documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos que días atrás se presentó en el juicio. Pero no sabía qué hacer con todo eso, dice, “porque es más, yo tampoco sabía que podía querellar. Yo esperaba que alguien de la Justicia me llamara. Hoy entendí eso, que sí puedo empujar y no esperar a que me llamen, como que cambió mi historia, empecé a meterme más”.

Una noche de 2009, frente a la televisión, miraba por Canal Encuentro un programa de los archivos de la ex Dipba de la Comisión Provincial por la Memoria. Había un obrero, que ella imaginó de Astarsa, entrando a los archivos, no se le veía la cara, pero buscaba entre los archivos. “Nunca se me ocurrió pedir informes ahí.” Y justo en ese momento sonó el teléfono: era Adriana Taboada, de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de la Zona Norte.

Adriana

“Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de poder y de la transformación de las prácticas”, dice Adriana Taboada. “La mayor parte de la gente, cuando tiene un problema legal, busca un abogado, le transfiere la información y el abogado se ocupa de ver cómo resuelve el problema, entonces el que hace es el abogado y uno espera, y tiene un rol pasivo. ¿Qué nos enseñan estas causas de derechos humanos? A mantener un rol activo durante todo el proceso. Hay momentos en los que el abogado tiene un rol específico, pero después hay todo un universo de cosas para hacer: desde la investigación de todo, no solamente contactar a un familiar o a un compañero, sino recorrer los barrios, buscar testigos, buscar los libros, documentación. Además de declarar o acompañarnos. No delegamos la causa, la causa es nuestra, y es la posibilidad de trabajar colectivamente: se puede enfrentar o resolver esto colectivamente, se genera una práctica: nos juntamos, nos organizamos, pensamos juntos. Es fundamental pensar que el terrorismo de Estado pegó en la fragmentación social y que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es volver a tejer donde hay un agujero.”

Adriana tiene cuatro primos desaparecidos, es psicóloga. En algún momento llegó a sus manos un listado de familiares. Llamó a Liliana, y en paralelo le contaron que había un grupo de docentes reconstruyendo las historias de dos hermanas, Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos trabajadoras de Lozadur, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.

Las docentes

“El día que nosotras vamos a la casa de Adriana, estaban Pablo Llonto y Liliana (Giovannelli) y todos nos conocimos ese día: fue impactante porque Liliana nunca jamás había sabido nada de Carlos. Nunca nada. A todo esto, la profesora de historia de nuestro equipo había ido a la ex Dipba y encontrado cosas relacionadas con el gremialismo, el movimiento obrero, ceramistas.”

Ana Bringas vivía a una cuadra de Dominga y Felicidad. Eran hijas de una familia de inmigrantes españoles, perseguida por el franquismo. Dominga, la mayor, tenía 27 años, cocinaba, tejía. Ana era cinco años más chica. Su madre había puesto una tienda con todo lo necesario para un pueblo que recién empieza a formarse. La tienda se llamaba Feria Americana. “Las chicas eran divinas, las dos preciosas”, dice Ana, a tantos años de allí. “Y los Abadía eran gente que, aun con lo que les pasó, ni siquiera les escuchabas una subida de tono: a lo sumo, el padre decía: ¡Estos desgraciados, robaron hasta bebés! Esto era lo máximo. La madre (Baltasara) fue la primera querellante de esta causa.”

Hace años, cuando murió el padre de las chicas, Baltasara se volvió a España con unos sobrinos. Le dejó al casa a otra vecina que guardó muchas de las fotos y documentos de la familia. Ana golpeó la puerta de esa casa cuando era docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel. Con dos compañeras (una socióloga, María Conte, y una historiadora, Mónica Parada) llegaron a la vieja casa a reconstruir la historia.

“Yo era chica cuando desaparecieron las chicas, y me acuerdo de que Lanusse estaba esa noche en el barrio porque tenía una casa en Del Viso. Le dijo a la familia que sabía lo que estaba pasando, que no lo compartía, pero que no podía hacer nada. Nosotros nos fuimos embalando con el tema y en marzo de 2008 hicimos una instalación en la Universidad de Tres de Febrero con vajillas de cerámicas de ellas, pero también de Lozadur, porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que en muchas de las casas había cosas de Lozadur. La fábrica era tan grande y tan importante, tenía tanta importancia para Sudamérica, que todas comprobamos que en nuestras casas teníamos algo.”

La instalación se llamó “Mis vecinas Dominga y Felicidad”. Al comienzo contaba lo que entendían que pasaba: era una historia en círculo sobre una familia de inmigrantes perseguidos por el franquismo que volvían a ser perseguidos acá. “Lo relacionábamos con la fábrica porque sabíamos que había otros desaparecidos, pero no teníamos más que un nombre y nada más.”

En 2009, un año después, se produjo el contacto con la Comisión.

Las conexiones

Liliana Giovannelli agarró el listado de la Conadep y encontró el nombre de Jorge Ozeldin, otro de-saparecido de Cattaneo. Hablaron con una cuñada; ella pasó un teléfono de Mar del Plata; un hermano dio una foto de Ozeldin. Encontraron la foto en Facebook, pero se dieron cuenta de que no era de Ozeldin sino de Omar, su hijo. Omar hoy participa de los juicios.

Ana Bringas fue tres veces a la casa donde había vivido Pablo Villanueva, uno de los desaparecidos de Lozadur. Fue hasta que le abrieron puerta. En la casa todavía vivían las tres familias de entonces. “Di con un hermano, Juan Villanueva, me dijo que vinieron los militares. Me interné a hablar con él, fui sola para que no se asustara, y este hombre me dijo que sí, que iba a declarar. Después volvimos con mi amiga la socióloga, pero esta vez nos dijo que no y la mujer me echó: no quería que se hablara más del tema. Me fui y volví una tercera vez con María. Estuvimos paradas en la puerta de la casa. Nos quedamos ahí. Y bueno, al final salió la mujer y nos dijo que a lo mejor su cuñada nos podía ayudar. Resulta que su cuñada había trabajado en Lozadur.”

Ramón Villanueva, uno de los habitantes de esa casa y tío de Pablo, había trabajado en Lozadur. Lo mismo que su esposa, Rosa Samaniego. Los dos declararon en el juicio.

En 2010 colocaron baldosas en Cattaneo y en el antiguo frente de Lozadur que ahora es el comienzo de un parque municipal. Dora Ludueña, la esposa de Pablo, se acercó al acto. “Muchos familiares se acercaron a ese momento. Hicimos todo un trabajo de territorio en el barrio, puerta a puerta –dice ahora Liliana–. En Cattaneo los secuestros habían sido dentro de la fábrica y pensamos que los vecinos que aún vivían en la zona podían darnos datos acerca del operativo. Y luego con el objetivo de atraer la atención de ex trabajadores decidimos poner la primera baldosa señalando el lugar de donde fueron llevados los obreros e hicimos entre todos las baldosas de Lozadur. Las confeccionamos al aire libre en donde estaba el predio de la fábrica. Fue muy importante porque en esa hechura se juntaron varias generaciones de los familiares y se acercaron muchos ex trabajadores que vivían en la zona.”

Dora Ludueña también fue trabajadora de Lozadur. Y logró declarar durante una de las últimas audiencias. También lo hizo Marisa Villanueva, la hija de ambos.

“Yo creo que el rompecabezas se termina de armar en el momento del juicio –dice Ana–. Ahí terminás de ver todo lo que pasó. Y es impresionante.”

Fuente PÁGINA.12

 
 
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