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Archivo de la categoría: Sustraccion de menores

Campo de Mayo: una gigantesca base de operaciones para la represión ilegal y el terrorismo de Estado

Jueves 19 de noviembre de 2014

Incluía maternidad clandestina y aeropuerto para los “vuelos de la muerte” 

 Memoria Verdad y Justicia - Télam
Una maternidad clandestina, tres centros clandestinos de detención, un aeródromo desde donde despegaban los “vuelos de la muerte”: eso fue Campo de Mayo, cinco mil hectáreas de infierno. Junto a la Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo fue uno de los mayores centros clandestinos de detención. Según cifras del informe de la CONADEP que se actualizaron en 2000, el 90 por ciento del total de las desapariciones se repartieron entre sólo tres centros clandestinos: “El Campito” de Campo de Mayo, por donde habrían pasado unas cuatro mil personas; la ESMA donde hubo cerca de cinco mil detenidos y La Perla, en Córdoba, donde hubo 2.500 secuestrados.

Según datos de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, en este lugar también se enterraron cuerpos, y en el Hospital Juan Madera en su interior existió una maternidad clandestina y desde la guarnición militar despegaban los terribles “vuelos de la muerte”. “Se estima que de 200 casos de menores sustraídos denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo, 27 corresponden a la zona 4 y sus áreas de influencia”, detalla la comisión.

Campo de Mayo formó parte de la Zona 4, según la división del país realizada por el gobierno militar, y en ella estaban incluidos los distritos de San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro. La zona 4 no tuvo subzonas sino áreas bajo el control del Comando de Institutos Militares, que reunía todas las escuelas de “formación” y era el represor, hoy preso, Santiago Omar Riveros,
quien la tuvo a cargo desde septiembre de 1975 hasta los primeros

En el área 470, que correspondía a lo que hasta 1994 se conoció como General Sarmiento y hoy equivale a San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz, se asentaba la guarnición de Campo de Mayo, una enorme franja militar de cinco mil hectáreas. Desde 1976 hasta 1980, funcionaron allí tres centros clandestinos de detención: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita y la Prisión de Encausados.

El Hospital Militar de Campo de Mayo funcionó como maternidad clandestina para prisioneras embarazadas provenientes de los centros clandestinos ubicados en Campo de Mayo, así como también de otros que funcionaban en las proximidades de la dependencia. Los partos se producían en el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital, que estuvo a cargo del ya fallecido médico militar Julio César Caserotto entre enero de 1977 y diciembre de 1983.

También fueron señalados como responsables de la maternidad los médicos Norberto Bianco, recientemente extraditado de Paraguay, y a Agatino Di Benedetto, quien también fuera el primer interventor del Policlínico Alejandro Posadas, hospital que funcionó durante la dictadura militar como centro clandestino de detención.

Fuente: Télam 

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El juicio por la maternidad clandestina

Lunes 10 de Noviembre de 2014

COMIENZAN LOS ALEGATOS EN EL PROCESO POR NUEVE CASOS DE APROPIACIONES DE BEBES

La etapa de alegatos será inaugurada hoy por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Bignone y Riveros están acusados como autoridades de la repartición militar de Campo de Mayo. Imagen: Rafael Yohai

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

 

Campo de Mayo: Las pruebas del infierno

Jueves 25 de Setiembre de 2014 

TESTIGOS CONTARON COMO FUNCIONABA LA MATERNIDAD CLANDESTINA EN EL HOSPITAL DE CAMPO DE MAYO

“Nos aconsejaban ver, oír y callar”

En el juicio oral por los crímenes cometidos en el Hospital Militar, ex médicos y enfermeros confirmaron que, durante la dictadura, había mujeres embarazadas secuestradas en “un pabellón especial”. Dijeron que no se registraban sus datos ni los partos.

 Por Ailín Bullentini

Los acusados son los represores Riveros y Bignone, junto a ex médicos militares y una partera.

Algunos dijeron que “se comentaba”, otros lo corroboraron, ninguno lo negó: cuatro ex médicos del Hospital Militar de Campo de Mayo confirmaron ante el Tribunal Oral Federal 6 que en el lugar hubo, durante la dictadura, mujeres embarazadas “detenidas” en “un pabellón especial”, y cuyos datos no eran registrados; también ratificaron que allí dieron a luz a sus hijos y el trato diferencial que debían darles. “Las detenidas eran siempre llevadas a una habitación privada de un pabellón especial y no hablaban, no respondían a ningún interrogatorio”, contó, con dificultad, la partera Cristina Ledesma, en el marco del juicio que se les sigue a dos represores y tres ex funcionarios del hospital por delitos de lesa humanidad cometidos en la maternidad clandestina. A la obstetra Silvia Bonsignore de Petrillo le costó menos relatar aquello que probablemente no haya logrado sacarse más de la cabeza: “Atendí un parto de una de las mujeres del pabellón de Epidemiología. Llegué a la sala y estaba pariendo, tenía los ojos vendados”, se sacó rápido de encima. Las imágenes también lo persiguen al enfermero José Soria, quien aún ve “clarito” los números que una de las embarazadas secuestradas le dejó escritos con migas de pan en la mesa de luz de su camilla, y que él no alcanzó a descifrar: “Conmigo entraba la guardia militar, que vio antes los pedacitos de pan y los tiró a la basura”.

A diferencia de las dos primeras audiencias del juicio, la de ayer fue maratónica. Además de escuchar los cuatro relatos, el TOF otorgó el permiso de ausentarse en las audiencias a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, los ex médicos militares Norberto Bianco y Eugenio Martín, y la partera Luisa Arroche de Sala García.

Cristina Ledesma se esforzó en hurgar en su memoria para responder cada una de las preguntas que las partes en juicio le formularon. En muchos casos, no obtuvo datos con los que responder y en otros bajó la mirada, como cuando la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, la consultó acerca de si conocía a Arroche, y cuando le pidieron que contara qué sabía de los hijos de Bianco. “Fue obstétrica también, cómo no la voy a conocer si le entregaba las guardias los martes a la mañana”, respondió sobre el primer punto, aunque no pudo aclarar los años en los que ese encuentro sucedió: “Estuvo uno o dos años internada, estaba enferma de los pulmones”. Sobre el segundo punto, señaló: “Sí, Bianco tenía dos hijos, pero se decía que no eran de él”.

La ex partera, que se desempeñó en el hospital entre 1973 y 1987, reconoció haber atendido a por lo menos tres mujeres “detenidas”: relató que el “pabellón especial” donde estaban pudo haber sido el de infecciosos (el de Epidemiología), que no tenían nombre y que no respondían a ningún interrogatorio tomado “de buena manera”, aclaró, sin darse cuenta del espanto que provocaba. “No hablaban nada, no decían nada, mutismo total”, amplió. Las detenidas, que en realidad eran secuestradas clandestinas que llegaban al hospital de Campo de Mayo desde diferentes centros clandestinos, llegaron entre 1976 y 1979, recordó, y “siempre iban a una habitación privada, con baño privado, custodiada por un soldadito”. También corroboró que “no se registraba” a esas chicas “por orden de los militares, del doctor (jefe de Obstetricia, Julio) Caserotto”. No contaban las víctimas con historia clínica, ni sus partos eran anotados en el libro correspondiente. No obstante, la testigo reveló la existencia de “una hojita” en donde los médicos y las parteras anotaban los datos pertinentes, que luego ubicaban a los pies de la cama. “Se las trataba como NN”, dijo.

Tanto la Fiscalía como la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, e incluso la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, insistieron en saber si los médicos le habían comentado más sobre el origen, el estado o el destino de las embarazadas del pabellón especial y sus bebés: “A los civiles no nos contaban nada”, repitió la mujer. Le consultaron sobre si ella, frente a la incertidumbre, habló con compañeros de trabajo, pero la respuesta fue igualmente negativa. “En esa época a los civiles que necesitábamos trabajar nos aconsejaban ver, oír y callar”, dijo. La mujer nunca se acercó motu proprio a contar lo que había visto.

Ojos vendados

Hubo quienes sí se presentaron espontáneamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió el testimonio del ginecólogo jubilado Carlos Raffinetti cuando los hechos aún eran recientes. De aquello, el ex médico recordó poco y nada. El testimonio de su colega de entonces Silvia Bonsignore de Petrillo fue bastante más rico, aunque lo ofreció a regañadientes.

“Declaré como 53 millones de veces, pero si querés te lo vuelvo a contar”, desafió la testigo ante los fiscales. Luego de que la presidenta del TOF le explicara la necesidad de su relato, soltó algunas prendas de valor. Aseguró que trabajó en el Hospital Militar hasta que se enteró “de lo que había pasado” y renunció. Se fue en 1982. ¿De que se enteró? “De que las mujeres habían desaparecido y a sus hijos se los habían robado.” –Cuente todo lo que sabe –le propusieron desde a Fiscalía.

–Una vez me llamaron para un parto. Entré en la sala, había una mujer que ya estaba pariendo y que tenía los ojos vendados. Se la llevaron internada al sector de Epidemiología, eso me dijeron. Y luego, cuando pregunté por ella, me dijeron que se había ido con su bebé. Caserotto y (la partera) Nélida Valaris atendieron el parto.

Pero no fue lo único que Bonsignore vio. Otra noche, en la que ella estaba de guardia pasiva –en su casa, aunque atenta a cualquier urgencia– la llamaron “porque había un sufrimiento fetal”. Se cambió y salió para el hospital: “Fui a buscar el caso al sector de Maternidad, pero no había nadie y me pareció raro. Fui a quirófano y me encontré en la puerta de la sala a Bianco, vestido de militar, y muchos soldados. Me dijo que era una paciente de la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Operé y me fui, pero esa paciente no se quedó en el hospital”, contó. Según intentó precisar, ambos partos sucedieron en 1976. Respecto de la información que tuvo de esas mujeres, agregó poco más que Ledesma: “Los civiles éramos ciudadanos de segunda. La explicación que teníamos de esas mujeres era que eran presas a disposición del PEN en la cárcel de encausados, pero nunca porque nos lo dijeran los médicos militares, sino por versiones que circulaban de las parteras o los enfermeros”.

La ex ginecóloga apuntó que en terapia intensiva del hospital “había gente internada con heridas de bala producto de enfrentamientos” y que vio a un bebé y a un nene de aproximadamente dos años “en la Maternidad, se decía que los traían de los enfrentamientos”. Nunca supo a dónde fueron a parar. También aseguró que vio varias veces a Riveros “paseando por el hospital”.

De los cuatro testigos, el ex enfermero José Soria fue, quizá, quien más contacto tuvo con las víctimas del terrorismo de Estado en el Hospital Militar. Entre 1975 y principios de este siglo, Soria se desempeñó en el pabellón de Epidemiología, núcleo de los secretos a voces de los militares. “Les habían preparado unas habitaciones especiales en el pabellón. Allí llevaban a señoras que habían tenido familia por cesárea”, declaró Soria. Aseguró haber asistido a no menos de siete u ocho pacientes en esas habitaciones especiales.

Pero lo “especial” no era solo el lugar en que las confinaban: “Nunca tuve indicaciones escritas para tratarlas, nunca supe el nombre de las personas. Verbalmente, los médicos nos decían qué curaciones hacerles”, contó. Las órdenes, por lo general, las daba Caserotto, aunque “también venía el doctor Bianco a ver a las pacientes”. Las pacientes, como las llamó, estaban “con custodia militar” y tenían prohibido hablarles. No estaban internadas más de uno o dos días. Los registros, en el relato del enfermero, tampoco existieron. Soria no hablaba con nadie del tema, ni siquiera con su familia. “Estaba flotando la idea de que no había que hablar, no sé si por miedo, pero por respeto, no era adecuado”, dijo ante el tribunal.

Fuente. PÁGINA.12

 

 

Primera audiencia en el juicio por el robo de bebés en Campo de Mayo

19 de Setiembre de 2014

Tras los responsables de la apropiación

Es la causa por la sustracción de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura. A diferencia de otro juicio, en el que fueron condenados Bignone y Riveros, ahora también se juzga a dos médicos y a una obstetra.

En última fila, la obstetra Luisa Arroche de Sala García hacía gestos de burla al tribunal y los presentes. Imagen: Rafael Yohai

Los cinco acusados ingresaron a paso lento a la sala Amia de Comodoro Py. Como si el lugar que les fuera reservado en las filas de la comandancia del Ejército aún los obligara a mantenerse unidos frente a otros de menor monta, los represores Reynaldo Bignone y Santiago Riveros se sentaron juntos. A no ser por algún que otro mínimo gesto, sus caras mantuvieron un rictus serio. La misma frialdad transmitían los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco, que ocuparon asientos distantes. En la última fila que la sala reserva para los acusados quedó, sola, la obstetra Luisa Arroche de Sala García que, a diferencia de los otros imputados, se esforzó para que no sólo los jueces, sino también los representantes de las acusaciones, los abogados defensores y el público –reducido a nietos recuperados y algunas personas de a pie que se acercaron “para acompañar”– viera sus muecas inconfundibles de la burla. Todos se sentaron y aguardaron en silencio el comienzo de la primera audiencia del juicio por el robo de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura.

Catalina de Sanctis Ovando y Francisco Madariaga Quintana son cuatro de esos entonces bebés que presenciarán, con su identidad restituida, el juicio que los atraviesa como víctimas. Llegaron ayer al edificio de los tribunales federales de Retiro acompañados de otros nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Somos la muestra viva de lo que pasó en aquellos días en Campo de Mayo”, se autodefinió Madariaga. Como el resto de los nietos, no tiene espacio para dudas sobre las víctimas y victimarios en la persecución que se tragó a sus viejos. Por eso, atesora dentro suyo solo expectativas: “Que la Justicia empiece a juzgar a los médicos que nunca estuvieron sentados en el banquillo significa abrir puertas. Esperamos saber qué penas les darán por los delitos que cometieron y lo que esperamos todos los años con todos los represores: que alguno se quiebre y diga todo lo que sabe”, explicó Madariaga.

Este debate es una especie de continuidad de la causa que quedará en la historia como el “juicio por el plan sistemático de robo de bebés”. Ahora, el mismo tribunal abre el juego de responsabilidades, que en aquella oportunidad sólo se limitó a las primeras líneas de las fuerzas de seguridad: Riveros y Bignone. Ambos condenados ocupan desde ayer el sector de los acusados por jerarquía. A ellos se suma Bianco y Martín, médicos castrenses retirados, y Arroche, obstetra que se desempeñó en Campo de Mayo, quienes responderán por haber estado bastante más cerca de los hechos.

Abuelas de Plaza de Mayo es la única querellante en el debate oral, cuya presencia estuvo a cargo de su secretario y padre de Francisco, Abel Madariaga. La asociación comparte la acusación con la fiscalía, representada en Martín Niklison y Mercedes Soiza Reilly. La presidenta del TOF Nº 6, María del Carmen Roqueta, dirigió al secretario del tribunal para que leyera, en el marco de la audiencia inaugural y estratégicamente combinados, los nombres, los hechos, el contexto en el que se produjeron y las acusaciones de los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes, sin caer en repeticiones engorrosas.

El eje de los dos requerimientos no son sólo las violaciones a los derechos humanos que sufrieron esas mujeres sino, sobre todo, lo que ocurrió con los hijos que parieron en cautiverio. El delito común al que acudieron las partes para exigir el inicio del debate oral contra Riveros, Bignone, Martín, Bianco y Arroche es el de sustracción, retención y ocultamiento de un niño menor de diez años y la supresión de su identidad. Las partes también señalaron a algunos acusados por la privación ilegítima de la libertad y las condiciones de ese cautiverio, o sea los tormentos que sufrieron las víctimas cuya estancia en el Hospital Militar al momento del alumbramiento consideraron probada.

Además del contexto –el plan sistemático de represión ilegal y la sustracción de bebés durante la dictadura–, los acusados, la fiscalía y la querella compartieron de manera casi total las nueve historias presentes en la causa para elaborar sus imputaciones y atribuir responsabilidades: con mínimas diferencias y brevemente, describieron el destino último de las jóvenes Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña: todas fueron militantes, todas fueron secuestradas por miembros de las fuerzas de seguridad públicas durante la última dictadura cívico-militar, todas estaban embarazadas en ese momento y en ese estado fueron mantenidas cautivas en centros clandestinos de detención ubicados dentro de la jurisdicción militar de Campo de Mayo; casi todas –salvo Acuña, Stritzler y Norma Tato, cuyo caso solo lo tomó la querella– parieron a sus hijos en la maternidad clandestina que funcionó en los límites de esa zona del Ejército; todas, a excepción de Alvarez, que fue asesinada, permanecen desaparecidas.

Si bien son sólo estos casos los que integran el juicio, no son los únicos que ocurrieron en el espacio investigado: existen al menos una decena cuya instrucción está finalizada y por lo tanto prontos a ser elevados a juicio. Por ellos, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que le pida “celeridad” al juzgado de Instrucción. “El juicio llegó por fin y es un lujo tener a Bianco, un reverendo genocida, respondiendo por lo que hizo, pero es necesario que los casos que esperan por su elevación lleguen a acá”, reflexionó Abel Madariaga. “¿Qué esperan? ¿Que hagamos esto otra vez?”, cuestionó.

Fuente PÁGINA.12

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19 de Setiembre de 2014

Coautora del robo

Un solo delito le pesa a Luisa Arroche de Sala García, ex obstetra del Hospital Militar de Campo de Mayo: el del robo de Francisco Madariaga Quintela y la supresión de su identidad. Estirada en una de las butacas de la sala destinada a los acusados, una canosa y burlona Arroche escuchó las imputaciones que le dedicaron las partes acusadoras: coautora, la señalaron ambas partes. Madariaga nació en julio de 1977 en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo mientras su mamá, Silvia Quintela, estaba detenida clandestinamente. Permanece desaparecida. La fiscalía y la querella acusan a la obstetra, también, de falsedad ideológica de documento público: la mujer anotó en el libro de nacimientos del hospital el parto de Susana Colombo, esposa del militar Víctor Gallo. A ellos, previa elaboración del certificado de nacimiento falso, les entregó a Francisco, quien los creyó sus padres biológicos hasta 2010.

Fuente PÁGINA.12

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La situación de los médicos

Bianco y Martín son partícipes necesarios para la fiscalía y coautores mediatos para Abuelas. El primero “desempeñó un rol fundamental en la atención de los partos y la sustracción de sus bebés”, dice el requerimiento de Abuelas. Durante la última dictadura, Bianco fue el de jefe de Traumatología del Hospital de Campo de Mayo. La querella lo señala como quien dirigía la maternidad y lo imputó por el secuestro y las torturas de Beláustegui Herrera, Masri, Quintela y Duarte, así como por la sustracción y supresión de la identidad de sus hijos. El análisis de la fiscalía es similar. Martín, que era jefe del servicio de Clínica del hospital, “fue uno de los vínculos” entre quien fue jefe de Obstetricia, Julio Caserotto –falleció sin ser juzgado—, y la dirección del hospital, explicó la querella: “No sólo tenía pleno conocimiento de los hechos ilícitos, sino que aportó los recursos para que tales hechos se consumaran”. Abuelas lo imputó por el secuestro y las torturas aplicadas a Beláustegui, Masri, Quintela y Duarte, así como del robo de sus bebés y la supresión de sus identidades.

 Fuente PÁGINA.12

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La acusación a Riveros y Bignone

En base a ese derrotero piramidal de tareas y culpabilidades, la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo imputaron a Riveros y Bignone en su calidad de jefe y subjefe de Institutos Militares, un área del Ejército que mantenía bajo su órbita a la repartición Campo de Mayo y absolutamente todo lo que allí sucedía. Esas posiciones les otorgaban poder de control y conocimiento, según la acusación de Abuelas: en tanto jefe, Riveros “tenía pleno control sobre las operaciones que se realizaban dentro del ámbito” de Institutos militares, incluso el Hospital; en tanto subjefe, Bignone “tenía pleno conocimiento de la práctica sistemática de sustracción de menores llevada a cabo en Campo de Mayo”, concluye el dictamen. Para la querella, Riveros debe ser juzgado como coautor mediato de la sustracción, retención, ocultamiento y supresión de la identidad de los hijos de Alvarez, Ovando, Acuña y Stritzler, en tanto que Bignone lo deberá ser por el mismo delito en los casos de Stritzler, Beláustegui Herrera, Quinquela y Masri. El Estado los consideró partícipes necesarios de los mismos casos, salvo el de Quinquela, hecho por el que considera que el represor ya fue condenado en Plan Sistemático.

Fuente PÁGINA.12

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Condenaron a 8 años a la obstetra que participó en una apropiación en la maternidad clandestina de Campo de Mayo

Viernes 30 de Mayo de 2014

“Me da tranquilidad y alivio”

Catalina de Sanctis Ovando, quien recuperó su identidad en 2008, se mostró conforme con la sentencia contra la médica que adulteró los datos de su nacimiento –que se produjo en la maternidad clandestina de Campo de Mayo– y facilitó su apropiación.

 Catalina de Sanctis Ovando recuperó su identidad en 2008 y fue querellante en el juicio contra sus apropiadores


Catalina de Sanctis Ovando recuperó su identidad en 2008 y fue querellante en el juicio contra sus apropiadores

La Justicia condenó a una obstetra que falsificó los datos de la nieta recuperada Catalina de Sanctis Ovando. La médica, Lidia Fanny Villavicencio, atendió su nacimiento en agosto de 1977, en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Luego anotó en el libro del hospital que la niña había nacido muerta y firmó un acta en la que la recién nacida quedó registrada como hija de sus apropiadores.

El Tribunal Oral Nº1 de San Martín dictó una sentencia de ocho años de prisión para la partera, que está excarcelada y volvió a su casa porque el fallo aún no está firme.

Los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone la encontraron partícipe en primera instancia del ocultamiento de una menor, además de los delitos de supresión de identidad y falsedad ideológica de documento público en perjuicio de la nieta recuperada.

“Me da tranquilidad y algo de alivio que llegue algo de justicia para nosotros”, dijo cuando terminó el juicio Sanctis de Ovando.

Las querellas habían pedido una condena de 12 años para la acusada. A pesar de que el tribunal fijó una pena más baja, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo María Inés Bedia se mostró conforme. “Es importante porque sienta un precedente en la Justicia”, señaló.

Una prueba clave en el juicio fue el dictamen del calígrafo oficial Guillermo Adolfo Anzorena, que determinó que las firmas que aparecen en los documentos adulterados son de la médica. Además, en las audiencias se incorporaron por lectura las declaraciones de otras obstetras y médicas que contaron que era frecuente ver a mujeres detenidas en el hospital militar de Campo de Mayo.

Sobre la madre de De Sanctis Ovando, Miryam, se estableció que fue llevada a dar a luz con los ojos vendados. La joven era una estudiante universitaria que militaba en la Juventud Peronista y que fue secuestrada cuando estaba embarazada de seis meses. Su pareja, Raúl René de Sanctis, también fue desaparecido por la dictadura.

En el libro de partos de Campo de Mayo, su apellido –Ovando– aparece registrado en las novedades del día en que nació su hija Catalina. En la hoja fue escrita la palabra “cesárea”, que luego fue tachada y reemplazada por “legrado feto sin vida de 45 días”. El acta de nacimiento adulterada, en el que la recién nacida fue registrada como hija de sus apropiadores, lleva fecha de cuatro días después y señala que una niña llamada María Carolina nació por cesárea, hija de María Francisca Morilla y Carlos Hidalgo Garzón. Este documento facilitó que la pareja la anotara como hija propia.

En un juicio anterior, llevado adelante por el mismo tribunal, el matrimonio fue condenado por la apropiación.

Catalina contó en el juicio anterior que había encontrado una carta “del mes de abril de 1977, que según la escritura estaba confeccionada por María Francisca Morillo y dirigida a Hidalgo Garzón, en la que se hacía referencia a la visita de una mujer del movimiento (Movimiento Familiar Cristiano) a ver el departamento, que le dio detalles acerca de los partos y que le refirió que los mismos eran normales y que no había malformaciones”.

La joven agregó que hasta la mayoría de edad confió en que era hija de quienes se decían sus padres, pero al ver un aviso de las Abuelas de Plaza de Mayo por televisión consultó a su supuesta madre, que le contó la verdad. No obstante, no quiso acudir a la Justicia para no complicar judicialmente al matrimonio y recién a los 31 años –el 8 de septiembre de 2008– recuperó su identidad tras un examen de ADN al que no había querido someterse voluntariamente.

Para 2013, durante el juicio oral, Ovando se convirtió en querellante del juicio a sus apropiadores, que fueron condenados a 15 y 12 años de prisión.

Fuente: PÁGINA.12

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El Juicio oral para Lidia Fanni Villavicencio, médica de Campo de Mayo

Miércoles, 28 de mayo de 2014

Obstetra en una maternidad clandestina

Firmó el certificado falso del nacimiento de Catalina De Sanctis Ovando, en el que figuraba como hija de sus apropiadores.

Informe: Aldana Vales

Laura Catalina De Sanctis Ovando creyó hasta los 21 años que era la hija biológica de sus apropiadores. Como suele sucederles a quienes crecen en una familia que no es la de origen, ella sentía cierto extrañamiento pero, salvo alguna respuesta evasiva, no tenía motivos para dudar de su parentesco. Hasta su certificado de nacimiento lo confirmaba y decía que sus papás eran Carlos Hidalgo Garzón y María Francisca Morilla. Lo que ella no sabía era que ese papel mentía, porque Lidia Fanni Villavicencio, obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, había introducido datos falsos en el documento. La médica enfrenta ahora un juicio que concluirá mañana. En la jornada de ayer, las querellas expusieron sus alegatos y pidieron 12 años de prisión para Villavicencio al considerar que sin su labor Catalina no hubiera sido apropiada.

“Pensé que iba a ser más liviano, pero es muy movilizante”, aseguró De Sanctis a Página/12 sobre el proceso judicial que se lleva a cabo. “Este juicio me centró en pensar en mis abuelos, que no pudieron conocerme. Fallecieron muy jóvenes porque el hecho de que yo no estuviera con ellos les destruyó su salud y su vida. Y yo no los pude conocer”, añadió.

Catalina nació el 11 de agosto de 1977. Es hija de Raúl René De Sanctis y Miryam Ovando, dos estudiantes universitarios que militaban en la Juventud Peronista, ambos desaparecidos en la última dictadura. Cuando fue secuestrada el 1º de abril de ese año, Miryam ya transitaba el sexto mes de embarazo.

En el libro de partos de Campo de Mayo, su apellido –Ovando– aparece inscripto el mismo día que nació su hija. Al lado está la palabra “cesárea” tachada y reemplazada por la frase “legrado feto sin vida de 45 días”. Es decir, para ese documento, Miryam, que estaba en fecha de parto, había perdido el bebé.

El otro asiento importante se encuentra cuatro días después y menciona que una bebé llamada María Carolina nació por cesárea, como hija biológica de Morilla e Hidalgo Garzón. Esa información, se supo después, era falsa, pero los nombres y la fecha que la médica obstetra incluyó en el acta de nacimiento posibilitó luego que Catalina fuera inscripta por sus apropiadores.

Tuvieron que pasar 31 años para que, el 8 de septiembre de 2008, ella recuperara su verdadera identidad, luego de un examen de muestras de ADN ordenado por el juez federal Ariel Lijo y al que ella no quiso someterse voluntariamente.

Para ese momento, Catalina ya sabía desde hacía diez años que era hija de desaparecidos. Al ver un anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión había hablado con su apropiadora y ella admitió la verdad. No dijo ni hizo nada por temor a los delitos y las penas que implicaba para Hidalgo Garzón y Morilla. Pero luego de recuperar su identidad y conocer su historia, Catalina fue querellante en el juicio contra sus apropiadores. Ellos fueron juzgados el año pasado y recibieron una condena de 15 y 12 años, respectivamente. Hidalgo Garzón fue miembro del área de Inteligencia del Ejército.

En diálogo con este diario, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo María Inés Bedia señaló: “Vamos a demostrar que Catalina nació el 11 de agosto y fue arrancada de los brazos de su madre para ser entregada a sus apropiadores, que alteraron sus datos gracias al aporte fundamental de Villavicencio”.

El debate en el tribunal comenzó el martes 20 de mayo, en la primera de las tres jornadas que se programaron en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín. Puntualmente, la partera de la maternidad clandestina de Campo de Mayo está imputada por tres delitos. Se la considera partícipe necesaria de la retención y ocultación de un menor de diez años y de la alteración del estado civil. Además, está acusada de ser la autora del delito de falsedad documental.

En la primera jornada se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y, tras ese paso, se dio la palabra a Villavicencio, pero la mujer se negó a declarar. “Entonces se leyó la indagatoria que prestó por escrito durante la etapa de instrucción del juicio”, explicó Bedia.

Villavicencio se había descompuesto cuando le tomaron declaración testimonial durante la fase de instrucción, por lo que presentó luego una declaración por escrito “con las mismas formalidades que la indagatoria”. Esa versión fue la leída en la primera audiencia y, allí, la acusada contó que atendió a una mujer, que pudo advertir que estaba detenida, pero que tenía la orden de no hablar con ella. Además, relató que el parto se realizó en una sala que no era la habitual.

Respecto de los datos falsos que insertó en el certificado de nacimiento de Catalina, la partera explicó que la información se la dieron y que ella no conocía a los apropiadores. “Vamos a demostrar que sí tenía conocimiento tanto de que esa mujer estaba en situación de desaparición forzada y que sabía que esos datos eran falsos”, remarcó la abogada querellante.

Durante el juicio declararon cuatro testigos. La propia Catalina, su marido Rodrigo, que la acompañó durante todo el proceso de recuperación de la identidad, el perito calígrafo Guillermo Anzorena, que certificó que la firma existente en los documentos modificados es de la médica y Jorge Villavicencio, el hijo de la obstetra.

La médica tiene ahora 91 años. Al ingresar el martes pasado a la sala del tribunal caminó muy despacio, con un bastón, pero los años, para De Sanctis, no la liberan de su responsabilidad. “Tuvo toda una vida para pensar en esto y en hacer algo para contar lo que sabía”, remarcó.

“Cuando escuché su edad, pensé que me habría gustado estar con mis abuelos de la misma manera que ella pudo estar con los hijos y sus nietos”, contó Catalina, pero es probable que lo haya sintetizado mejor el martes pasado en la audiencia. “Si vivieran, mis abuelos tendrían la misma edad que esta mujer pero, por ella, yo no pude conocerlos”, declaró.

Fuente: PAGINA.12

 

Comenzó el juicio contra una obstetra de Campo de Mayo

21 de Mayo de 2014

Fuente: INFOJUS

La sentencia está prevista para el 29 de mayo

Lidia Fanni Villavicencio está acusada de insertar datos falsos en el certificado de nacimiento de Laura Catalina de Sanctis Ovando, quien recuperó su identidad en 2008.

  • Télam

Por: Natalia Biazzini

Desde chica, Laura Catalina de Sanctis Ovando creyó que era hija biológica de sus apropiadores hasta que en 1998, con 21 años, vio un aviso televisivo de Abuelas de Plaza de Mayo y comenzaron sus dudas. Diez años después recuperó su identidad. Hoy comenzó el juicio contra la médica obstetra Lidia Fanni Villavicencio, acusada de insertar datos falsos en su certificado de nacimiento.

La abogada querellante María Inés Vedia le confirmó a Infojus Noticias que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín tomó declaración a Catalina y a su marido Rodrigo Amieva que la acompañó durante todo el proceso de recuperación de identidad.

En tercer lugar, habló ante los jueces el perito calígrafo oficial Guillermo Adolfo Anzorena, quien constató que las firmas en los documentos adulterados pertenecen a la médica. El cuarto testigo fue el hijo de la imputada, Jorge Liberto Villavicencio, que contó que su madre trabajó en el Hospital Militar de Campo de Mayo y que se jubiló en el año ´79.

Esta mañana se leyó el requerimiento de la elevación del juicio oral.

La acusada, de 91 años, entró con bastón y caminando despacio a la sala de audiencia de la calle Pueyrredón. Se negó a declarar y no se quedó en las declaraciones testimoniales.

El TOF está integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone y se prevé que este juicio se extienda por tres audiencias. Al juicio se incorporaron testimonios que se registraron en forma audiovisual durante el juicio en el que se juzgó la apropiación de Catalina, en 2013.

En ese proceso judicial, los apropiadores de Catalina, Hidalgo Garzón –ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 – y María Francisca Morillo, fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente.

Catalina nació el 1 de abril de 1977 en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Es hija de Raúl de Sanctis y Miryam Ovando, militantes que estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron en la localidad de Virreyes. Los dos militaban en la Juventud Peronista.

Abuelas de Plaza de Mayo recibió varias denuncias contra Hidalgo Garzón y se radicó una denuncia penal en la Justicia.

El juez federal Ariel Lijo ordenó la extracción de muestras de ADN de objetos personales de la joven para compararlas con los perfiles del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El 8 de septiembre de 2008, se confirmó que la joven apropiada por Hidalgo Garzón y Morillo era la hija de Raúl y Miryam, ambos desaparecidos. El 27 de mayo serán los alegatos de la querellas y de la fiscalía. Está previsto que .el 29 de mayo sea la sentencia del tribunal.

Fuente: INFOJUS

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LESA HUMANIDAD

Interviene el Fiscal Miguel Blanco García Ordas

San Martín: comenzó el juicio contra una obstetra del Hospital Militar de Campo de Mayo por la apropiación de una beba

20.05.2014
La médica Lidia Fanni Villavicencio está imputada por haber confeccionado el certificado de nacimiento falso de Laura Catalina De Sanctis Ovando con el que Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo la inscribieron como hija
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En el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín comenzó hoy a tramitar el juicio oral contra la ex médica obstetra del Hospital Militar de Campo de Mayo Lidia Fanni Villavicencio por haber confeccionado el certificado de nacimiento falso de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que permitió a Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo inscribir a la niña como hija propia.

Laura Catalina De Sanctis Ovando era hija de Raúl René De Sanctis y Miryam Ovando, quien estaba embarazada en el momento en que fue secuestrada el 20 de mayo de 1977 en los alrededores de la localidad de Escobar. De Sactis ya había sido privado ilegalmente de su libertad el 1° de abril de ese mismo año. Ambos permanecen desaparecidos.

Este es uno de los casos en los que la apropiadora registró falsamente el nacimiento en el libro de partos del Hospital Militar de Campo de Mayo.

En este debate interviene, el fiscal Miguel Blanco García Ordas con la colaboración de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público.

El mismo tribunal, integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Daniel Antonio Petrone, ya condenó a Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo el 12 de mayo de 2013 en el marco del denominado “juicio de embarazadas”. En esa causa también se condenó a Riveros y Bignone, sólo por la privación ilegítima de la libertad de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis y por el caso de la apropiación de su hija.

Allí, se probó que Hidalgo Garzón y María Francisca Morillo, inscribieron el 26 de agosto de 1977 a Laura Catalina De Sanctis Ovando en la Delegación Bella Vista y le impusieron el nombre de María Carolina Hidalgo Garzón. La pareja fijó como lugar de nacimiento el Hospital Militar de Campo de Mayo, el 15 de agosto de 1977, utilizando para ello un certificado de nacimiento falso confeccionado por Lidia Fanni Villavicencio.

Sirvió como prueba el libro de nacimientos del Hospital Militar de Campo de Mayo en el que está registrado que Ovando habría dado a luz el 15 de agosto de 1977.

De acuerdo a la prueba documental recibida, el matrimonio Morillo e Hidalgo Garzón era informado por personal del centro de salud sobre la proximidad del parto. Del expediente se desprende que, cuanto menos, este último pudo conocer la suerte que corrieran los padres de Catalina De Sanctis Ovando.

En su testimonio en el juicio Laura Catalina De Sanctis Ovando contó que “encontró una carta del mes de abril de 1977, según la escritura estaba confeccionada por María Francisca Morillo, dirigida a Hidalgo Garzón, en la que se hacía referencia a la visita de una mujer del movimiento (movimiento familiar cristiano) a ver el departamento, que le dio detalles acerca de los partos, y que le refirió que los mismos eran normales y que no había malformaciones.”

Fuente: FISCALES.GOB.AR

 
 
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