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Archivo de la categoría: Testimonios de colimbas

El TOF 1 absolvió a dos de los acusados. El único condenado recibió apenas tres años de prisión.

28 de Noviembre de 2014

La víctima tenía 16 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada; indignación tras el anuncio

Caso Querejeta: polémico fallo

por Franco Mizrahi

Caso Querejeta: polémico fallo

Querejeta – Expresó ayer su bronca.

Es una sentencia miserable. Yo ya me quería jubilar de esta lucha pero me obligan a seguir.” Con esas palabras, Marta Querejeta, definió ante Tiempo Argentino el veredicto del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, que ayer absolvió a dos de los tres acusados por su secuestro, el 5 de diciembre de 1974. El único condenado del 12º juicio de la Megacausa Campo de Mayo fue el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Ramón Schaller: 3 años de prisión. “Es un nueva sentencia absolutoria del tribunal. Se valoró más la voz de los genocidas que la de las víctimas”, aseguró el  abogado querellante Pablo Llonto.
Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña –criticados por familiares a la salida de la sala– dejaron en libertad al ex oficial de Prefectura, Oscar Montagano; y al ex médico de la Policía Bonaerense, Carlos Quetglas, reconvertido en un reconocido profesional de Campana, por “falta de prueba por duda”, explicaron fuentes judiciales. Al doctor se le adjudicaba no revisar a la víctima ni dejar constancia de las torturas. Al momento de los hechos, Querejeta militaba en el PRT. Tenía 16 años. Estaba embarazada de dos meses.
La decisión del TOF 1 estuvo lejos de las penas pedidas por los querellantes y el fiscal Marcelo García Berro. Llonto había pedido condenas de 20 años para los prefectos y 14 años para Quetglas. El procurador, entre 14 y 2 años de prisión.
“A Schaller lo condenaron sólo por la privación ilegal de la libertad (de Querejeta) y no por el secuestro. Al médico lo absolvieron aún cuando hubo un testimonio que indicaba que había participado en los tormentos a otra víctima, Fernando Sánchez – ya fallecido–. No se trata de un médico cualquiera”, explicó Llonto.
Como los hechos ocurrieron en 1974, en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la defensa pidió la prescripción del caso lo que no fue avalado por los magistrados. Según se desprende de la sentencia, consideran a estos hechos de lesa humanidad. La jurisprudencia en la materia es clara: desde la Masacre de Trelew (1972) hasta el caso Quieto (1975) fueron considerados de la misma forma.
El 12 de diciembre se conocerán los fundamentos del veredicto. No obstante, Llonto adelantó que apelará el fallo. Y explicó: “La sentencia preocupa mucho porque este caso tenía abundante prueba. En poco más de un mes este tribunal absolvió a cinco genocidas”, dijo en referencia a la sentencia del 7 de octubre pasado en el que TOF 1 dejó en libertad a tres de los nueve acusados en el llamado “Juicio de los Obreros”. «

Fuente Tiempo Argentino

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El cautiverio de Marta Querejeta: un ex colimba la vio en la Prefectura

Jueves 27 de Noviembre de 2014

La víctima cuando la secuestraron tenía 16 años y estaba embarazada

Por: Juan Carrá

Roberto Antivero hacía la colimba en la Prefectura Naval de Campana cuando secuestraron a Querejeta. Declaró en la primer audiencia del nuevo juicio por los crímenes de Campo de Mayo. Contó que la vio demacrada junto con uno de los acusados, el ex oficial Oscar Montagno, que está imputado junto con otro miembro de Prefectura y un médico policial.

tribunal_Olivos_CampoDeMayo_1r(1)En 1974 en Campana todos se conocían, al menos, de vista. Por eso Roberto Antivero no tuvo dudas de que la mujer que vio en el edificio de Prefectura era Marta Querejeta. Era diciembre y él estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio en ese destino. Contó que la vio demacrada, cansada y desanimada. Y que con ella estaba uno de los acusados: el ex oficial Oscar Rubén Montagano.

La primera audiencia del juicio que ventila el cautiverio de Marta Querejeta durante diciembre de 1974 en la Prefectura Naval de Campana, terminó ayer con la declaración de seis colimbas que prestaron servicio en esa fuerza durante la época del secuestro. Desde la óptica de la Fiscalía, solo el relato de Roberto Antivero aportó datos importantes al debate. “Los otros cuatro no dieron datos sustanciales”, explicó el fiscal Federal, Marcelo García Berro. Los imputados: el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio, y el médico Carlos Quetglas, ciudadano ilustre de Campana y médico de la policía, estuvieron en la sala para seguir el relato de los primeros testigos, sentados detrás de sus abogados.

El 5 de diciembre de 1974, un grupo de tareas a cargo de un hombre de apellido Benítez llevó a Marta a la Prefectura Naval de Campana. Ahí fue interrogada por ese hombre y Shaller sobre su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Como no dijo nada, Benítez la llevó a una casa en Tigre o San Fernando para someterla a largas sesiones de tortura.

En medio de los tormentos gritó que estaba embarazada. Sus captores le creyeron y la devolvieron al edificio de Prefectura. De ahí recuperó la libertad con su cuerpo malherido por golpes y picana. El médico de policía Carlos Quetglas libró un certificado de salud sin revisarla y con la intención de cubrir lo que Marta tuvo que vivir durante su cautiverio.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña, escuchó el relato de Antivero y con asombro notaron que en un pasaje de su declaración el hombre se quebró. Fue cuando tuvo que hablar sobre Shaller, entonces jefe de la Prefectura de Campana. “Yo tenía una gran admiración por Shaller”, explicó al presidente del Tribunal ante la consulta por su notable cambio en el estado de ánimo.

Qué confirma el testimonio

Para el fiscal Federal, Marcelo García Berro el relato de Antivero fue muy importante porque corrobora que Marta Querejeta estuvo dentro del edificio de la Prefectura de Campana en mal estado y que uno de los acusados estaba con ella.

El representante del Ministerio Público, explicó a Infojus Noticias que con el relato de la víctima y su hermana quedó claro que a Marta la secuestraron. “Por más que su padre la haya acompañado hasta la Prefectura, al no haber motivo para su detención es una privación ilegítima de la libertad, además de que no intervino ninguna autoridad judicial ni fue asistida por abogado defensor”, explicó.

El caso Querejeta representa una prueba de cómo se fue configurando el aparato represivo del Estado de cara al golpe del 24 de marzo de 1976. Del relato de la víctima y de su hermana se desprende que primero fue la Prefectura los que los mantuvieron vigilados, pero en proximidades del golpe el Ejército tomó la posta, incluso allanando su casa y la de su abuela.

Las audiencias continuarán el viernes a partir de las 9.30 en la pequeña sala de los Tribunales Federales de Olivos. Será la última audiencia de testimoniales, el martes 25 están previstos los alegatos y el jueves 27 el veredicto

Fuente: INFOJUS Noticias

 

Tras 35 años, un coronel fue detenido por delitos de lesa humanidad

Represor Carlos MacedraSe trata de Carlos Tomás Macedra, está acusado del homicidio de Florencia Villagra y del secuestro y la desaparición de Gustavo Cabezas, en mayo de 1976. Ante el juez Yalj se negó a declarar.

Por:
Franco Mizrahi

La declaración de cinco conscriptos 35 años después del crimen llevó a la detención del coronel retirado Carlos Tomás Macedra, a quien se acusa del homicidio alevoso de la militante Florencia María Villagra y de la privación ilegal de la libertad de Gustavo Alejandro Cabezas.
En base a los testimonios recogidos por el juez federal Juan Manuel Yalj, se supo que en la madrugada del 10 de mayo de 1976, Villagra, Cabezas y José Carballo fueron interceptados por una camioneta militar cuando repartían volantes en la plaza 9 de Julio, en la localidad bonaerense de Martínez. El entonces teniente primero Macedra comandaba el grupo de soldados que realizó el procedimiento.
Al ver el vehículo del Ejército, los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) intentaron escapar. Carballo (22) logró subirse a un colectivo y burlar la encerrona de los militares, pero los jóvenes Villagra (19) y Cabezas (17) no tuvieron esa suerte. Rodeados por los “colimbas”, Macedra se acercó a Cabezas y desenfundando su pistola reglamentaria calibre 45, le pegó un culatazo en la cabeza al grito de “contá todo lo que sabés”. Segundos después, el jefe del operativo ordenó a los soldados que subieran los chicos a una de las dos camionetas verde oliva que los transportaban.

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Florencia observaba que introducían a su compañero boca abajo en la caja del vehículo, pero logró librarse del soldado que la sujetaba y echó a correr. Cuando estaba a unos 30 metros, Macedra le gritó que se detuviera y gatilló dos veces al aire. Un tercer disparo fue directo a la espalda de la adolescente. Florencia murió al instante por una hemorragia masiva aguda. Uno de los conscriptos quiso auxiliarla, pero Macedra le dijo que no intentara nada. “Dejala que ya se muere.” El entonces teniente primero sabía que su disparo había sido fatal.
Florencia provenía de una familia tradicional de San Isidro y era hermana del dirigente montonero Pepe Villagra.
Gustavo Alejandro Cabezas, desde entonces, integra la lista de desaparecidos. Todo indica que fue trasladado a Campo de Mayo. Desde el día que lo secuestraron, la tragedia se extendió a su familia. Su madre, Thelma Jara de Cabezas, comenzó a buscarlo desesperadamente hasta que la noche del 30 de abril de 1979 fue secuestrada y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada. Por intermedio de su torturador, Ricardo Cavallo, fue entrevistada por la revista Para Ti mientras estuvo en cautiverio y obligada a declarar contra su hijo.
Por ese célebre artículo (“Habla la madre de un subversivo muerto”), ideado para contrarrestar “la campaña antiargentina en el exterior”, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Thelma denunció en 1984 a la Editorial Atlántida y a los responsables de la publicación. La causa que investiga el rol de los civiles en la dictadura sigue avanzando en la justicia federal y el año pasado ganó impulso porque se agregó una nueva acusación contra la misma editorial (por el caso de Alejandrina Barri). Además de Thelma, en 1980 también secuestraron a Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, quien luego fue liberado.
El episodio protagonizado por Macedra 35 años atrás se pudo reconstruir gracias al testimonio de cinco conscriptos que viajaban en la camioneta militar. Según relataron, fue tal el impacto por el asesinato de Florencia que al volver al regimiento armaron una huelga de hambre y le dijeron a su superior que no volverían a salir en un operativo. Pero los conscriptos formaban parte de los grupos que conducía el teniente primero -quien se desempeñaba en la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo- y el miedo pudo más.
Por la desaparición de Gustavo Cabezas, también deberán declarar los detenidos Santiago Omar Riveros, entonces comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y quien fuera el jefe de Área en aquellos años, Eduardo Corrado.
El miércoles pasado, y ante las contundentes pruebas en su contra, Macedra se negó a declarar. A la espera de una nueva resolución judicial permanecerá detenido en el Penal de Marcos Paz.

Fuente: TIEMPO ARGENTINO

 

Once represores condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en Campo de Mayo

Martes 12 de Marzo de 2013

“Esto fue como volver un poco a la vida”

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El juicio se realizó por 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas. También se juzgó a los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando. Recibieron perpetua cinco de los once imputados, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone.

 Por Alejandra Dandan

 Fotos: Gache Manfil (Hijos de Avellaneda)

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En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas.

A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Los familiares y compañeros de las víctimas acompañaron la lectura de la sentencia con las fotos de los desaparecidos.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

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Una radio abierta de Suteba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

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Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

Represores condenados

Represores condenados

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

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Genocida ex-teniente Carlos Macedra

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción .

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Fuente: Página12

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Los veteranos y los debutantes condenados

SANTIAGO OMAR RIVEROS Y REYNALDO BIGNONE ENCABEZAN LA LISTA

Entre los condenados hay siete represores que hasta el momento no habían sido juzgados. También están los jerarcas, que ya acumulan cinco penas: el último dictador y el jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo. 

Para algunos de los genocidas sentenciados ayer fue la primera condena. Para otros, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, fue la quinta. El último dictador y ex general de división, de 85 años, fue condenado ayer a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad perpetrados en Campo de Mayo. Este militar, que en 1983 condujo la transición de la dictadura a la democracia, ya había recibido perpetua en 2010 y en 2011, a las que suma otras dos sentencias, a 25 y 15 años respectivamente. Y Riveros acumuló también su condena número cinco.

DSC_0050El 8 de marzo de 2007, Bignone pasó la noche preso en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, casualmente (o no tanto) junto a Riveros. En octubre de 2006, se había permitido instar a “los jóvenes” a terminar lo que el terrorismo de Estado no había podido y poco después sacaron su retrato del patio de honor del Colegio Militar.

Antes de ser el último presidente de facto, Bignone se desempeñó como director de esa institución, desde diciembre de 1975, y como segundo comandante de Institutos Militares, en 1977. Sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri tras la derrota de Malvinas y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados y llegó a ser enjuiciado por este delito, pero lo salvó el indulto menemista. En marzo de 1976 encabezó el operativo que convirtió al Hospital Posadas en un centro clandestino. En 1980 asumió como jefe de Campo de Mayo y, según cuentan las víctimas, dijo que “en la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables”. Cuando llegó la democracia fue imputado por secuestros y tormentos y su primer encarcelamiento se produjo en 1984, por la desaparición de los conscriptos Luis García y Luis Steimberg, pero la ley de obediencia debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999, cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó por haber otorgado la garantía de impunidad al plan sistemático de apropiación de menores. El ex magistrado le concedió el arresto domiciliario, pero Bignone no tuvo reparos en confesar en una entrevista que salía “todos los días”. Y no violó el beneficio, sus salidas estaban autorizadas por el juzgado: dos veces por semana nadaba en el Círculo Militar, iba al Hospital Militar (“es mi country”, dijo) y asistía a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo.

Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo fueron identificados con el apellido de este genocida. Santiago Omar Riveros es el autor de la frase “hicimos la guerra con la doctrina en la mano y las órdenes escritas de los comandos superiores”. La pronunció a modo de despedida en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, y está citada en el prólogo del Nunca Más. En 2007, la Cámara de Casación le anuló el indulto que le había dictado el ex presidente Carlos Menem en 1989, y tras la anulación de las leyes de impunidad no paró de sumar juicios. Fue juzgado en Italia, en ausencia, por la desaparición de tres ciudadanos italianos y también está imputado en la nueva megacausa que se inicia por el Operativo Cóndor.

DSC_0006Entre los condenados figuran Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de María Sánchez Ovando. También están Carlos Somoza, Eugenio Guañabens Perello, Sadi Pepa y Oscar Corrado.

 

 

 

 

FUENTE: Página12

 

Campo de Mayo: Perpetua para el ex dictador Bignone y Santiago Omar Riveros

Miércoles 13 de Marzo – 2013

También para el general Corrado y los coroneles Macedra y Sadi Pepa 

  • Memoria Verdad y Justicia - Télam
El ex dictador Reynaldo Bignone y el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, fueron condenados hoy a prisión perpetua por sus indelegables responsabiilidades en el funcionamiento de “El Campito” y otros centros de concentración de detenidos-desaparecidos y exterminio que funcionaron en la guarnición de Campo de Mayo, el mayor enclave militar de la nación. Concretamente, ambos generales (teniente general Bignone, general de división Riveros)retirados, fueron condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de veintitrés personas, entre ellas siete mujeres embarazadas que parieron en el hospital militar de la guarnición. Al momento de cometerse los delitos juzgados, Bignone era el segundo de Riveros.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, integrado por los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone, condenó además a prisión perpetua al general de brigada retirado Eduardo Corrado y a los coroneles retirados Carlos Tomás Macedra y Luis Sadi Pepa.

También condenó a personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército Carlos José Somoza a 25 años de prisión, y a 20 años a los oficiales de Gendarmería Nacional retirados Hugo Miguel Castagno Monge y Julio San Román.

El general de división retirado Eugenio Guañabens Perelló recibió una condena a 16 años de prisión y los miembros del matrimonio conformado por el mayor retirado Carlos del Señor Hidalgo Garzón y María Francisco Morillo fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por haberse apropiado de la niña María Catalina Sánchez Ovando, hija de desaparecidos-asesinados.

“No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero si que no haya impunidad y que la justicia los haya encontrado culpables”, dijo María Catalina a Télam. “Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida.  La sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”, agregó, visiblemente emocionada.

“Es bueno que le hayan dado las penas altas” concedidas hasta ahora a apropiadores, comentó la abuela de Plaza de Mayo Alba Lanzilotto, querellante en la causa.”Estos juicios son posibles por una lucha de 30 años que llevó este pueblo y por un gobierno que empuja a tomar conciencia”, añadió.

“Cuando yo recuperé mi identidad reinaba la impunidad en Argentina. Tuve la suerte de vivir la caída de las leyes de impunidad sabiendo quién era realmente”, dijo Manuel Gonçalves, quien recuperó su identidad en el año 1997 y acompaña a otros nietos recuperados y las abuelas de Plaza de Mayo en todos los juicios donde hay casos de apropiación.

“Tengo claro la diferencia entre esa Argentina y la de hoy, lo que estamos haciendo es juzgar desde la democracia a una dictadura genocida”, reafirmó.

El general de división retirado Osvaldo Jorge García García, quien era en momentos de cometerse los delitos juzgado director de la Escuela de Infantería dependiente del Comando de Institutos Militares y responsable de los delitos cometidos en el área 450, fue apartado del juicio a causa de su mala salud.

El coronel Macedra fue condenado por matar por la espalda a Florencia Villagra, de 19 años,  y por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas, de 17 años, en mayo de 1976. Ambos eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y estaban repartiendo volantes en la plaza de Martínez cuando fueron sorprendidos por el entonces teniente 1º Macedra y un grupo de soldados conscriptos.

Florencia intentó escapar y Macedra la mató de un certero tiro de pistola. Después se llevó detenido al pibe Cabezas, del que nunca más se supo. Tres décadas y media después, cinco colimbas lo denunciaron  (http://tiempo.infonews.com/notas/tras-35-anos-coronel-fue-detenido-delitos-de-lesa-humanidad)

DSC_0111Más de un centenar de personas se congregaron en las puertas de los Tribunales -sobre la calle Pueyrredón al 3700 de la ciudad de San Martín, en el partido homónimo, donde establecieron una radio abierta hasta el momento en que se dio a conocer el veredicto.

Estas personas eran familiares de las víctimas, algunos pocos sobrevivientes a campos de concentración que se han destacado por no tenerlos, nietos restituidos, gremialistas y miembros de las organizaciones que integran el espacio Unidos y Organizados como el Movimiento Evita y La Cámpora.

Fuente: TELAM

 

Buscamos testimonios sobre el secuestro de Juan Pablo Lobos

Febrero 2013 

JUAN PABLO LOBOS 2013

 

 

La prueba está en el legajo…

Viernes, 19 de octubre de 2012

DECLARO EN SAN MARTIN STELLA SEGADO, DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS DE DEFENSA

La funcionaria demostró que uno de los acusados estaba destinado a la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo el día del operativo en el que asesinaron a Florencia Villagra y secuestraron a Gustavo Cabezas. La defensa decía que había cambiado de área.

Por Alejandra Dandan

Stella Segado, directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

–¿Qué pasó con las “órdenes del día” del Ejército?
–Existen muy pocas.
–¿Por qué?
–Porque fueron destruidas.
–¿Usted sabe por qué o quiénes las destruyeron?
–Sí, para que no quedara nada escrito; dicen que (Roberto) Viola mandó destruir toda la documentación. Algunas existen y están en el Archivo General del Ejército.

Días atrás, en el juicio oral de San Martín varios testigos de la defensa intentaron demostrar que el ex jefe de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo Eduardo Oscar Corrado había cambiado de puesto para el 10 de mayo de 1976 y ya se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Stella Segado actualmente es directora del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Antes de aquellas idas y vueltas de preguntas demostró, con el legajo en mano, que el 10 de mayo de 1976 Corrado aún seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976.

Corrado entró en la sala de audiencias a comienzos de octubre en una silla de ruedas. Se ubicó al lado de Santiago Omar Riveros y el otro acusado: el teniente Carlos Macedra, a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne. Los tres están acusados en el expediente conocido como los “panfleteros”, porque cuando empezó nadie sabía que eran Florencia “Kity” Villagra, de 19 años, y Gustavo Cabezas, de 17, dos militantes de la UES que el 10 de mayo de 1976 y bajo la tormenta negra de la dictadura salieron de madrugada a distribuir volantes en Martínez. Dos vehículos del Ejército los pararon en la plaza. Cuando Kity, asustada y temblando, intentó escaparse, Macedra la mató con un tiro por la espalda.

Stella Segado conoció el expediente cuando todavía trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde coordinó el Archivo de la Conadep y a partir de 2010 la Unidad de Obtención de datos sensibles de lesa humanidad. A partir de los testimonios que recibía, tomaba contacto con víctimas, familiares y con legajos de militares y policías. “Reconstruir un circuito represivo significaba ver cómo era la estructura orgánica, pedíamos los legajos personales y el organigrama de las unidades y se armaba el organigrama del personal que estaba en cada una de ellas”, explicó. Durante su trabajo tomó contacto con algunos expedientes vinculados con ex conscriptos.

“Yo llevaba adelante la investigación de Campo de Mayo, uno de los trabajos que se hacía era contestar oficios judiciales. Un día llegó una solicitud para poder identificar de quién podía tratarse una pareja de ‘panfleteros’, como se les decía. Y de la investigación se pudo determinar que eran Gustavo Cabezas y Kity Villagra.” Intentó reconstruir cuál era el grupo de conscriptos que había participado y determinar así quiénes habían sido los oficiales y suboficiales responsables. “Recuerdo haber informado al hermano de Gustavo Cabezas y entonces hicimos contacto con los conscriptos. Los contactos eran básicamente por e-mail. Una de las dudas que teníamos era si el oficial que había estado a cargo ese día era Macedra o Landa”, porque los conscriptos decían que uno de los dos había estado de licencia por casamiento. Según los legajos, Landa era el que se había casado esos días.

De esa forma llegó a José Luis Aguas, un ex colimba que terminó siendo uno de los principales testigos de la causa. Vivía en España y había estado en el operativo. El hombre “relató cómo había sido el hecho, quiénes estaban, recordó que Macedra sacó un arma, tiro dos disparos al aire y después le disparó a Kity. Recordó haber llegado hasta el cuerpo, que estaba todo extendido en el piso, pero ella estaba viva y que Macedra le dijo que no se podía hacer nada porque él sabía dónde le había pegado”.

Aguas declaró el martes pasado y confirmó cada punto. También dibujó un croquis de la plaza y de los movimientos de ese día.

El abogado querellante Pablo Llonto le preguntó a Segado por Corrado, que estaba en Campo de Mayo y aparece como responsable del operativo. El martes, un ex empleado de ENTel y varios militares declararon que habían empezado a verlo en reuniones por la compañía entre abril y mayo de 1976. Hace unos días, Defensa aportó el legajo de Corrado. Stella “tradujo” la información del documento en la audiencia. Explicó los modos de calificación, fechas y destinos. Dijo que entre el 1º de enero de 1975 y el 21 de junio de 1976, Corrado estuvo en la Escuela de Comunicaciones. El legajo consignó, por ejemplo, que el 11 de noviembre de 1975 salió por un día en comisión acompañando a Jorge Rafael Videla a “la zona de operaciones en Tucumán”, un dato que aparece refrendado con el número de una “orden del día”: un tipo de registro en el que se asentaron todos los movimientos diarios. El 21 de junio de 1976, por resolución superior inserta en el Boletín Reservado para el Comando General del Ejército, pasó en comisión a ENTel Buenos Aires.

El día había comenzado temprano. Antes de Segado, declararon Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Andrea Ardito, desde Francia, y el ex sargento Víctor Ibáñez. Nora recordó el secuestro de su hijo Gustavo en 1977 y la historia y búsqueda de las Madres. Andrea dormía cuando secuestraron a sus padres y, cuando despertó, sus abuelos le dijeron que se habían ido de viaje. Habló de lo absurdo que fue aparentar una vida normal cuando nada lo era y explicó que en 2005 recién supo algo de lo que había sucedido con su padre. “Lo que pasó no tiene nombre, por eso exijo una explicación, sobre todo saber dónde están los restos de mi padre, para poder empezar un duelo.”

Fuente PÁGINA12

 
 
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