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Quinientos despedidos en el Ministerio de Justicia

27 de Enero de 2016

EL AJUSTE CONTINÚA

Cincuenta y cinco trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se quedaron sin trabajo. También fueron echados diez periodistas de la agencia de noticias judiciales Infojus.

El Ministerio de Justicia despidió a 500 trabajadores, entre ellos a 55 que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos y que trabajaban en el predio de la ex ESMA. Además, el gobierno de Mauricio Macri echó a diez periodistas de Infojus Noticias, la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: se trata del 25 por ciento de su planta. En el ministerio justificaron los despidos: “Habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos”, aseguraron. En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que los despidos en el Estado y en el sector privado se deben a que “son sectores sobredimensionados”.

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Unas 498 personas recibieron telegramas de despido en esa cartera. Había trabajadores de la dirección nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que trabaja con las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado; había empleados el Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado, también del Archivo Nacional de la Memoria –del que recientemente despidieron a su titular, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, pese a las protestas de organismos de derechos humanos–, y también del sitio histórico del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Hay un denominador común: todos se ocupaban de políticas de la memoria y de derechos humanos.

Desde el Ministerio de Justicia intentaron justificar la decisión afirmando que muchas eran personas que nunca se presentaron a trabajar, algo que fue desmentido por ATE. “Todos los desplazados asistían a trabajar. Eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ex ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética”, indicó la delegada de ATE Romina Chiesa. El gremio buscará revertir los despidos en una reunión con el ministro de Justicia.

despidos ex-esmaEntre los trabajadores despedidos hay diez periodistas del sitio Infojus Noticias. En un comunicado, los trabajadores de prensa indicaron que se encuentran en “estado de alerta por los despidos de diez compañeros (editores, redactores, fotógrafos, productores audiovisuales y redactores del área de redes sociales). Los despidos fueron comunicados informalmente luego de que cada uno de los trabajadores se encontrara con sus usuarios y cuentas bloqueadas en sus puestos de trabajo”. Desde que asumió Garavano, se suspendió la cobertura que hacía esa agencia de noticias de casos de violencia institucional y derechos humanos. La directora designada por Garavano, Sabrina Santopinto, se comprometió el primer día a que no habría despidos. Ayer indicó que intentará revertir la situación.

Entrevistado por el diario El País de España, el ministro de Trabajo se refirió a los despidos en el gobierno de Macri: “Hemos detectado que en los últimos tiempos se ha tomado el Estado como un botín, se puso gente en distintos cargos sin una función específica”, justificó. Sobre el sector privado, indicó que “pasa en algunos sectores que estaban en otro tipo de economía, subsidiada por Estado, sobredimensionada. Ese sobredimensionamiento se notó en cuanto acabaron los subsidios o cuando se cortó el vínculo de negocios con Venezuela”. Y puso como ejemplo el caso de la empresa Cresta Roja, cuyos trabajadores fueron reprimidos.

Fuente: PAGINA.12

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Segunda iniciativa: IMPUGNACIÓN de las postulaciones a la Corte Suprema de Justicia de Rosatti y Rosenkrantz

Tal y como se sostuvo en el fallo del pasado lunes 21 de diciembre dictado por el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, en el que se señala que la Constitución Nacional no es solamente un texto a interpretar por el jurista de acuerdo a la conveniencia de cada uno, sino que ella es la historia de nuestra República, de nuestros derechos, de nuestras garantías como ciudadanos, y que quien desconoce a sabiendas su avasallamiento, en beneficio propio, no merece ni puede representar al Poder Judicial, menos en su órgano máximo.

Sumamos contrareloj una nueva acción de ejercicio de derechos como ciudadanos/as:  adjuntamos un escrito para presentar en mesa de entradas del Ministerio de Justicia de la Nación, Sarmiento  329 de CABA. Este escrito es para impugnar las postulaciones a la Corte suprema de Justicia de Rosatti y Rosenkrantzcorte_suprema-Rosatti y Rosenkrantz-OKEY

El texto de la impugnación ha sido elaborado por nuestrxs abogadoxs. Allí podrán ver los fundamentos por los cuales consideramos que en ambos casos hay razones éticas para oponernos a que estos sujetos sean parte de la Corte Suprema.

En primer lugar el solo hecho de haber aceptado ser nombrados por decreto, evitando el camino establecido por la Constitución Nacional, ya constituye un gravísimo problema. Por otro lado surgen motivos  de sus propias producciones teóricas y opiniones publicadas:

Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz
En cuanto al Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, debe reprochársele haber cuestionado en un artículo de su autoría: “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)”, dos decisiones de suma relevancia dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como fueron los fallos “Simón” –que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”- y “Mazzeo” –que declaró la inconstitucionalidad de los indultos-. Estos fallos habilitaron el juzgamiento y condena a los responsables de la última dictadura cívico-militar.
El Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, además, integra como titular el Estudio Jurídico BOUZAT, ROSENKRANTZ & ASOCIADOS, cuya página web informaba -hasta hace pocos días- un listado de sus clientes, listado que -con posterioridad al decreto 83/15- fue reformulado y luego retirado, y ya no se encuentra disponible al público. Entre esos clientes figuraban el Grupo Clarín, Cablevisión SA, el GP Investment y el diario La Nación. Este obrar pone de manifiesto, cuanto menos, una ostensible falta de transparencia de quien pretende ocupar tan alto cargo, evidenciando la intención de ocultar vínculos incomodantes que colocan al postulado en franco conflicto de intereses con el rol público al que aspira.

Dr. Horacio Daniel Rosatti
En el caso del Dr. Horacio Daniel Rosatti, además de lo señalado en el punto I.-, cabe destacar que en su Tratado de Derecho Constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2010, tomo I, págs. 140, 674 y 675, participa de un criterio constitucional receptor de una línea interpretativa harto conservadora y largamente superada, en donde el doctrinario postulado distingue las cláusulas constitucionales entre operativas y programáticas, y sostiene, por caso, que el derecho a la vivienda constituye una cláusula de esta última especie, de suerte tal que (lo que sigue es textual): “El acceso a una vivienda digna no expresa un deber reclamable judicialmente al Estado”, con cita del constitucionalista Gregorio Badeni, uno de los juristas más rancios del derecho constitucional, en clara pugna con el bloque federal de constitucionalidad (Constitución Nacional e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos). Pero más aún, Horacio Daniel Rosatti, se opuso en su Tratado de Derecho Constitucional, al método de designación de jueces “en comisión” el mismo que el Gobierno aplicó la semana pasada para con él y que Rosatti decidió aceptar. Justamente en las páginas 431 y 432 de esa obra, editada en 2011, se lee que ese mecanismo de nombramiento -que proviene de la Constitución de 1853- “se mantiene como inciso 19 del artículo 99” y “tiene sus complicaciones”. ¿Cuáles son? Según explica el propio Rosatti, genera problemas de “seguridad jurídica” por la “provisoriedad” de la función, deja la duda de si el Poder Ejecutivo mientras dura el interinato puede nombrar a otra persona para el mismo cargo, y especifica que pasa por alto los mecanismos de selección establecidos en el texto constitucional.

Esta segunda iniciativa que estamos haciendo llegar debe concretarse  antes del 7 de enero, pues el tiempo para las impugnaciones de estos candidatos tiene plazo. Pueden ser presentadas por particulares  pero también por organizaciones

Nuevamente pedimos que difundan por todos los medios a su alcance. La masividad vuelve a ser una herramienta indispensable.

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte

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Bajar Documento aquí

https://comisionjuiciocampodemayo.files.wordpress.com/2015/12/impugnaciones-a-postulados-a-la-csjn-decreto-222.doc

 

 

Masivos pedidos de juicio político a Ricardo Lorenzetti

26 de diciembre de 2015 

AVALAR LO ANTICONSTITUCIONAL

Entre el viernes y este lunes fueron presentados alrededor de 200 pedidos de juicio político al titular de la Corte, por haber avalado el nombramiento de los jueces macristas por decreto.

Ricardo Lorenzetti está en el seno de la opinión pública por haber avalado el nombramiento irregular y anticonstitucional de los jueces macristas en la Corte Suprema de Justicia.
Tal como marca Página 12, la primera de las presentaciones fue realizada por Pablo Llonto, representando a un conjunto de abogados que participan en causas de lesa humanidad.
El propio Llonto dio a conocer en el matutino que los argumentos fueron de “mal desempeño” y “posible comisión de delito”, y además, expresó: “En lugar de esperar que se resuelva por las vías legales y de acuerdo al procedimiento constitucional, incurrió en lo que para nosotros es mal desempeño de funciones”.
“Cuando alguien del Ejecutivo produce una medida ilegal e inconstitucional se abren dos vías. Una urgente que se inició con la presentación de amparos la semana pasada para que un juez disponga la medida de no innovar que frene la aplicación del decreto. Y la segunda vía es la presentación de juicio político al presidente de la Corte, porque en vez de permanecer callado salió a avalar el decreto”, opinó el letrado.
Luego de esta serie de presentaciones, la Comisión de Juicio Política deberá estudiar si da lugar a alguna de ellas, y deberá expedirse al respecto.

Fuente: Redacción de Diario Registrado 

 
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Publicado por en diciembre 26, 2015 en Genocidio, Juicio Político, Lesa humanidad

 

Pedido de Juicio Político a Ricardo Lorenzetti

Compañeros:

dadas las últimas novedades sobre el nombramiento de dos  jueces para la Corte Suprema de Justicia, desde el grupo organizador de las Jornadas nacionales de abogados y abogadas  de lesa humanidad,  se han iniciado varias medidas judiciales. Mientras abogados de todo el país están presentando amparos con pedido de cautelares, estamos pidiendo que todxs lxs ciudadanxs que puedan y quieran se sumen a la presentación de pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. 

Pedido de Juicio Político Titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Pedido de Juicio Político Titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti

Les adjuntamos un  modelo del escrito para que puedan completar, si asi lo  desean. 

Este escrito se debe presentar en la Cámara de Diputados  en Capital. Se puede  hacer en cualquier momento y  es a título personal. La idea es inundar el Congreso de pedidos de  juicio político 
Lxs compañerxs del interior que  quieran  hacer la presentación  pueden enviarlo con  alguien, el trámite no es personal, pero debe hacerse en Buenos Aires. También se  pueden enviar por correo. Espero que se haya entendido, sino por favor consulten
Los pedidos dan inicio a expedientes, Cuando en febrero el Congreso forme sus comisiones, se sabrá quienes están en la de juicio político. Allí tendrá que dar curso a cada expediente.
En estos primeros días está previsto que se presenten cerca de 300 pedidos y necesitamos que sean muchos más.
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COMPAÑEROS/AS
– TODO CIUDADANO/A PUEDE HACER PEDIDO DE JUICIO POLITICO, es nuestro derecho y  los derechos sólo se tienen cuando se los ejerce
 
– LA EFECTIVIDAD DE ESTA MEDIDA ESTÁ EN QUE LOGREMOS HACERLA MASIVA.
 
– DIFUNDAMOS ESTA INICIATIVA POR  TODO EL PAIS PARA LOGRAR QUE A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO LA CONOZCAN Y  SE SUMEN
——————————————————————————————————————————–
  • INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION

  • a.- Complete sus datos personales e imprima el escrito  y saque una copia (puede presentarlo una persona o varias)

  • b.- Fírmelo

  • c.- Entréguelo en la MESA DE ENTRADAS DE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION o mandelo por correo a 

  • Mesa de Entradas de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Av. Rivadavia 1864 C.A.B.A. (C1033AAV).

  • de 10 a 15. Esto es en lo que resta de diciembre  y en adelante

  • d.- Hágase sellar la copia como recibida. (quienes manden por correo no tendrán copia sellada ni garantía de recepción, pero se puede mandar igual, al menos que sea con aviso de retorno)

descargue-ok1-pequehttps://comisionjuiciocampodemayo.files.wordpress.com/2015/12/juicio-politico-lorenzetti-decreto-83-2.doc

Descargar-DOCUMENTO TEXTO-> JUICIO POLITICO A LORENZETTI

 

 

Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en jurisdicción de Campo de Mayo

Domingo 16 de Agosto de 2015

SAN MARTÍN

Un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, comenzará en los Tribunales de San Martín. Se juzgará, entre otros, al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a otros dos imputados.

El proceso oral y público a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 1, Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain comenzará a las 9.30 en la sede tribunalicia ubicada en Pueyrredón 3734, San Martín.

Los imputados, además de Riveros, son Rodolfo Emilio Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Carlos Daniel Caimi, comisario a cargo de la Comisaría de Villa Ballester entre 1975 y 1977.

El juicio comprendido en la denominada megacausa Campo de Mayo abarca los casos de 14 víctimas que fueron privadas de la libertad en lugares y en domicilios emplazados dentro de la denominada zona Defensa IV, y todos ellos estuvieron y/o fueron vistos y/o escuchados, dentro de la Comisaría de San Martín Segunda de Villa Ballester.

De las 14 víctimas cuyos casos serán debatidos, 11 son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro (1976), José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri, permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Angel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en la calle Mitre 1350, del Partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral el 16 de agosto de 1976 por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

Los represores ingresaron con dos camiones a la firma preguntando por los delegados gremiales y una vez individualizados, fueron encapuchados y trasladados a la Comisaría de Villa Ballester, alojados en calabozos, sometidos a interrogatorios, golpes y torturas con picana eléctrica durante ocho días hasta que fueron liberados en una ruta de la localidad de Bancalari.

Entre los sobrevivientes que brindarán su testimonio, se encuentran Elio Julio Barroso, secuestrado el día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, en su domicilio de la localidad de José León Suárez y trasladado a la comisaría de Villa Ballester.

Al momento de su secuestro, Barroso integraba el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Luis Fernando Sacomani fue privado de la libertad dos días después, en su domicilio de localidad de Villa Ballester, por un grupo de cuatro o cinco personas armadas y vestidas de civil y trasladado a la misma comisaría a cargo de Caimi, donde fue torturado en varias oportunidades e interrogado acerca de su condición de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica.

A fines de mayo de 1976 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, trasladado a la Unidad de Devoto y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció alojado hasta octubre de 1977, en que recuperó su libertad.

Las víctimas restantes que brindarán su testimonio son Beatriz Ramona Castro de Villareal, María Cecilia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Enrique René Íbalo y Amelia Noemí González.

Según el cronograma judicial, las audiencias continuarán el 25 de agosto y todos los martes de septiembre.

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Fuente: TELAM
 

Detuvieron en Tigre a “Pajarito” Fusco, represor de Campo de Mayo

Roberto Julio Fusco, alias “Pajarito”, fue arrestado el martes en su casa de Benavídez. Su apodo había sido mencionado por sobrevivientes y testigos en la megacausa Campo de Mayo. Tras un arduo rastreo, la Justicia logró su identificación y localización. 

por Luciana Rosende

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Luego de un año de rastreo, entre declaraciones de testigos, revisión de legajos y entrecruzamiento de datos y fechas, la Justicia Federal de San Martín logró identificar y ubicar a un represor que distintos sobrevivientes mencionaban con el apodo de “Pajarito”. Su nombre real es Roberto Julio Fusco y durante la última dictadura fue suboficial de Gendarmería en Campo de Mayo, dependencia del Ejército que funcionó como centro clandestino de detención. El arresto se concretó el martes en su casa de Benavídez, en el partido de Tigre.

“Tanto el Tribunal como la Fiscalía hace un año que están en esta investigación, convocando testigos, los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo que hay, comparando fotos y un montón de datos hasta haber llegado a la detención de Fusco y el allanamiento de su vivienda”, explicó a este diario el fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordas. “A partir de todos esos datos, durante un año, comparando datos y fechas, leyendo legajos de personal de Gendarmería, se llegó hoy en día por parte de la Fiscalía a la certeza de que Fusco es el famoso ‘Pajarito’ nombrado por víctimas, que se encargaba de ser celador, los cuidaba, les daba comida y también los llevaba a la sala de torturas, más de una vez los maltrataba”, completó Ordas.

Fusco, de 66 años, fue arrestado en su casa de General Roca al 2900, en Benavídez. Después de cursar un año para ser gendarme, rindió examen para ser suboficial músico -al parecer, dedicado a la percusión- en Gendarmería y comenzó entonces a prestar funciones en la Agrupación Buenos Aires, con sede en Campo de Mayo. “A raíz de eso se vincula para cumplir esta tarea dentro del ámbito de los centros clandestinos como El Campito”, precisó el fiscal a cargo de la investigación. Según figura en la instrucción de la megacausa Campo de Mayo, el galpón conocido como “El Campito” funcionó dentro de la maquinaria de aniquilamiento del Ejército como “el principal centro de recepción y exterminio de prisioneros derivados de otros campos”.

A “Pajarito”, el gendarme retirado detenido en Tigre por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se le tomó declaración indagatoria ayer. A diferencia de otros represores, no se negó a declarar. Pero negó todos los cargos que se le imputaban y argumentó que desconocía lo que sucedía en el centro clandestino de detención. “Muy burdamente, dijo que lo único que hizo fue ser músico y que nunca supo lo que pasó entre 1976 y 1983, cuando el lugar donde él mismo prestaba servicio era lugar de ingreso a los centros de tortura”, advirtió el fiscal. Fusco quedó detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El abogado Pablo Llonto dijo a la agencia Infojus Noticias que el testimonio más valioso para ubicar a “Pajarito” Fusco fue el del sobreviviente Juan José Fernández, que lo nombró como uno de los represores de Campo de Mayo. También lo mencionó entre quienes cumplían funciones como celadores el músico militar Pedro Pablo Caraballo, en el marco de la causa 5939, que tramitó ante el Juzgado Federal 1 de San Isidro, seguida a los apropiadores de menores Norberto Atilio Bianco y su esposa, Nilda Susana Wehrli.

Críticas por la excarcelación de un ex comisario

El Tribunal Oral 1 de San Martín excarceló la semana pasada a Ángel Roberto Salguero, ex comisario de la Policía Bonaerense acusado por el homicidio de Oscar Arnaldo Mateo y Silvia Estela Meloni el 2 de agosto de 1976 en Martínez. Premiado por Ramón Camps, jefe de la fuerza durante la dictadura, Salguero llegó a jefe regional y fue investigado por desviar pistas en la causa AMIA. El ex comisario fue arrestado por los crímenes de 1976 en mayo de 2014. La semana pasada, el TOF lo excarceló con el argumento de que no hay peligro de fuga y pese a la oposición de la fiscalía. Durante la instrucción “conseguimos que fuera detenido y le negamos siempre la posibilidad de que fuera excarcelado. Incluso conseguimos que le revirtieran una falta de mérito. El Tribunal 1 lo excarceló de forma inentendible, ya que Salguero actuó directamente en el homicidio de dos militantes”, planteó el fiscal García Ordas.

Fuente EL ARGENTINIO-Zona Norte

 
 

Derechos Humanos participó del homenaje a obreros navales desaparecidos durante la dictadura

25 de Marzo de 2015

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, participó del acto en el que se homenajeó a los obreros navales desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

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La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, participó el 21 de marzo del acto organizado por la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, ex trabajadores de Astarsa y familiares de detenidos-desaparecidos de astilleros, en homenaje a los obreros navales desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

Por primera vez, el acto pudo realizarse en el interior del predio de los ex Astilleros Astarsa (hoy propiedad de una empresa privada), en Tigre, en la propia plataforma de hormigón conocida como “La Anguilera”, que era el lugar donde se construían los barcos y un verdadero símbolo del trabajo y la militancia sindical de los obreros navales de los Astilleros Astarsa.

Ello fue posible a partir de la reciente declaratoria de “Lugar Histórico Nacional” por parte de la Presidencia de la Nación de este lugar emblemático de las luchas de los trabajadores navales perseguidos por la dictadura cívico-militar, mediante el decreto N° 1762/2014. En ese marco, la propietaria (que proyecta un emprendimiento náutico e inmobiliario para la zona), autorizó la realización del acto en el sitio ahora protegido.

Según detalló la Secretaría en un comunicado “esta preservación surge del trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura, a partir de un proyecto presentado por la Comisión por la Memoria de Zona Norte, y se enmarca en la declaratoria de lugares históricos de sitios emblemáticos relacionados con el terrorismo de Estado (entre ellos, todos los ex centros clandestinos de detención hoy recuperados como espacios de memoria; ya fueron declarados la ex ESMA, “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, en la Ciudad de Buenos Aires, y la ex D-2 de Córdoba, la Brigada de Investigaciones de Chaco; o el Museo de la Memoria de Rosario, en la ex sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército), como así también lugares vinculados con la militancia política y sindical que fueron fuertemente perseguidos por el terrorismo de Estado, como “La Anguilera” de Astarsa o la Casa de la Memoria y la Resistencia “Jorge Nono Lizaso”, en Munro, entre otras”.

La persecución a los obreros navales, crímenes imprescriptibles

Al menos 30 trabajadores navales fueron desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en la zona Norte del Gran Buenos Aires. Dieciocho de ellos pertenecían a Astarsa (otros a los astilleros Mestrina y Forte, entre otros), según datos oficiales obrantes en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer los fundamentos de la sentencia dictada el 7 de octubre de 2014 en uno de los tramos del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de Campo de Mayo, en el que se investigaron los secuestros y desapariciones de obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las cerámicas Lozadur y Cattáneo.

El juicio no incluyó toda la causa sino una primera parte relacionada con algunos obreros que no son parte del grupo que secuestraron en el ingreso a la fábrica el mismo día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino que en su mayoría fueron secuestrados días después. El juicio no permitió avanzar sobre uno de los factores sobre los que sí se espera poder ir adelante en la segunda parte, que es la responsabilidad de la burocracia sindical y de los empresarios sospechados de haber entregado los listados de la comisión interna y de los obreros más combativos.

El Tribunal condenó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Santiago Omar Riveros, a quien halló culpable de 14 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 33 secuestros y por los homicidios agravados de 3 trabajadores de ASTARSA: Mario Bonorino Marras, Livio Osvaldo Garay y Mauricio Juan Villalba.

En tanto, impuso la pena de 23 años de prisión a Reynaldo Bignone por ser responsable de 9 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 13 secuestros y torturas; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a Eugenio GuañabensPerelló y 9 años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. En todos los casos el tribunal fijó además la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.Fueron absueltos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado.

“La Anguilera” de Astarsa: hoy Sitio de Memoria del terrorismo de Estado y Lugar Histórico Nacional

“La Anguilera” constituye un símbolo de la historia de los obreros navales y sus luchas. Era el lugar del astillero donde se armaban los barcos, pero al mismo tiempo, un espacio de reunión y sociabilidad donde se desplegaba buena parte de la vida cotidiana de los trabajadores. Era, además, un ámbito de discusión y debate, donde se llevaban a cabo asambleas y actividades que estructuraron una sólida organización sindical de base, sobre la cual se focalizó la represión criminal del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Es por ello que “La Anguilera” es considerada un “Sitio de Memoria” en el marco de la ley N° 26.691, que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983, tales como la persecución, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de trabajadores con militancia sindical de los Astilleros Astarsa.

La ley N° 26.691 determina la preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales. Su autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, también tiene previsto concretar la señalización del sitio.

Como parte de esta articulación de políticas entre distintos organismo del Estado Nacional, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos declaró “Lugar Histórico Nacional” a la plataforma denominada “La Anguilera”, sita en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires (Datos catastrales: Circunscripción: 1, Sección: E, Qt: 4, Parcelas: 14 y 13B), a través del decreto N° 1762/2014, de la Presidencia de la Nación.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública

 
 
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