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3er. JUICIO

Causa: Nº 2046

caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.” casos 226-246-290-. Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martin, provincia de Buenos Aires.

• Sentencia: 14/04/2011.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín condenó este jueves 14 de Abril a prisión perpetua al ex comisario Luis Abelardo Patti por crímenes de lesa humanidad.

La misma pena fue impuesta al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, a los ex militares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez. En tanto, condenó a seis años de prisión al ex comisario Juan Meneghini.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Lucía Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassain.

EL VEREDICTO COMPLETO EN .PDF Aquí.

ALEGATOS DEL 3ER.- JUICIO:  PATTI Y OTROS GENOCIDAS

ALEGATO FISCAL Causa 2046 “Campo de Mayo III”, documento Completo en PDF aquí

LA SENTENCIA COMPLETA DE LAS CAUSAS  2046 Y 2208 del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín

EL DOCUMENTO SE PUEDE DESCARGAR AQUÍ . PDF

LUCILA LARRANDART EXPLICA COMO SE LLEGO A LA CONDENA A PATTI

Y BRINDA SU VISION SOBRE LA MARCHA DE LAS CAUSAS CONTRA LOS REPRESORES

“En este juicio hubo realmente muchas pruebas”

Lucila Larrandart, la presidenta del Tribunal que condenó a Luis Patti a la pena de prisión perpetua.
Imagen: Rafael Yohai

La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín reseña el papel del ex policía en la represión y explica las pruebas fundamentales en su contra. También detalla las dificultades para hacer justicia más de 30 años después de los hechos.

> Por Alejandra Dandan

Lucila Larrandart es la presidenta del Tribunal que condenó a Luis Abelardo Patti a la pena de prisión perpetua por el asesinato de Gastón Gonçalves y los secuestros y torturas a otros seis militantes del PJ de Escobar durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, la jueza explica que el Tribunal probó durante el juicio que el ex intendente de Escobar no sólo actuaba como policía sino que desde ese papel operaba como hombre de Inteligencia al servicio del Ejército: “Conformaba grupos operativos a través de la Unidad Regional de Tigre, que dependía del Comando de Institutos Militares y manejaba a los hombres de Inteligencia”. Explica que eso sucedió “desde el ’74, o sea mucho antes del golpe de Estado”. En la entrevista, reseña por qué Patti nunca estuvo presente en la sala de audiencias y comenta sus impresiones ante el polémico ex camarista Alfredo Bisordi, devenido en abogado del represor. Larrandart también analiza la marcha de los juicios orales por causas de lesa humanidad.

La jueza tiene su carácter. Durante el juicio, su tono de voz inquietó más de una vez a los abogados de las querellas, pero también al propio Bisordi. Se decía que sus modos eran parte de un ritual que le permitía mostrarse fuerte en un escenario donde Bisordi alguna vez llegó a recordarle a los gritos que había sido su superior. Pero esos modos desaparecen fuera de la escena del juicio. Larrandart está en su despacho y, cigarrillo tras cigarrillo, dice que estas causas debían haberse juzgado hace treinta años, que con el paso del tiempo no sólo se pierden pruebas sino la posibilidad de condenar y de reparar, porque muchas de las víctimas también están muertas. “Si ante cualquier asonada como la de Semana Santa uno saca una ley para calmarlos (a los militares), estoy debilitando la democracia porque debilito la Justicia”, explica. Y señala que “uno no logra nada asustándose por la posibilidad de un golpe, porque con ese gesto se lo puede promover precisamente porque se demuestra que uno es débil. En cambio, si uno, asumida la democracia, reafirma el valor de la Justicia, esa democracia se fortalece”.

Larrandart quedó afuera de la Justicia con el golpe militar. En ese momento encontró un espacio de trabajo entre los organismos de derechos humanos que comenzaban con las primeras denuncias sobre la represión. Formó parte de quienes recogieron datos en el marco de la Conadep y, luego de una larga carrera judicial, ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, una de las cámaras encargadas de los juicios de la megacausa de Campo de Mayo. Por su pasado, usualmente ella es recusada por los represores. Se la nota acostumbrada a esas chicanas. Su tarea resulta legitimada por los tribunales de alzada.

–A más de treinta años de los hechos, ¿cómo evaluaron las pruebas en el juicio a Patti?

–Para nosotros, sean militares o no, estemos o no estemos ante crímenes de lesa humanidad, predomina el principio de inocencia o de duda con cualquier procesado. De modo que cuando damos una conclusión es porque hay muchas pruebas. Y en este juicio hubo realmente muchas pruebas. Ahora bien, es cierto que la apreciación de las pruebas en delitos de lesa humanidad tiene distintas características. Ante un delito común, yo tengo todas las pruebas más o menos a mano. Pero nosotros juzgamos delitos en los cuales hubo todo un aparato de impunidad, de no registro, de destrucción de pruebas que hace que la apreciación sea distinta. Siempre se hace de acuerdo con la sana crítica pero, aun así, un homicidio que sucede hoy no es lo mismo que uno que sucedió hace más de treinta años y donde el aparato del Estado encubrió todo y además destruyó la posibilidad del registro. Lo único que quedó –y ayudó bastante en el juicio– fueron los documentos de la ex Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), pero eran registros de la Inteligencia policial, ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas. Esto es como un bordado: hay que reconstruir las pruebas a partir de un montón de datos que las vayan demostrando.

A Patti se lo juzgó junto con otros cuatro represores. Omar Riveros y Reynaldo Bignone, jefe y subjefe del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Martín Rodríguez, que era torturador del centro clandestino de Campo de Mayo; y Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar. La relación entre Patti y Meneghini fue uno de los ejes de la condena. Desde el comienzo, las querellas habían pedido las mismas penas para ambos, al considerar que Meneghini era superior directo del ahora ex intendente. Sin embargo, el Tribunal planteó las cosas de otra manera: ubicó a Patti en cierto modo independiente de esa relación.

–A la luz de la sentencia, ¿cuál fue el rol que tuvo Patti en estos casos?

–Nosotros dimos por probado que Patti conformaba grupos operativos con el Ejército a través de la Unidad Regional de Tigre, que tenía hombres de Inteligencia. Eso sucedió desde el ‘75, mucho antes del golpe de Estado. La Regional conformaba los grupos con hombres de las comisarías de la zona. Hay procedimientos probados antes del golpe, Patti aparece en grupos operativos que reportaban a la Regional, y esos datos están en los registros de la ex Dipba. Meneghini llega a la comisaría a fines de enero de 1976; Patti ya estaba ahí: o sea que ya hay una actuación de él en forma independiente. Patti operaba desde antes con otro comisario y evidentemente eso demuestra que ya actuaba con la Unidad Regional.

–¿Eso explica por qué el Tribunal condenó a Meneghini a seis años y a Patti le dieron prisión perpetua?

–En un juicio penal hay que demostrar que una persona participó de un hecho dolosamente. Muchas veces en las acusaciones se usa la teoría de Roxin, que yo rechacé ya en 2005, sin demostrar ninguna conducta de la persona. Se dice por ejemplo que como tal persona tenía tal cargo, entonces debió dar las órdenes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso: no creemos que haya un autor mediato y otro inmediato que es fungible o intercambiable, como dice él. Para nosotros no eran fungibles los autores inmediatos: cada cual tenía su rol en esta maquinaria de exterminio. Y eran importantes todos los roles, no es que los de abajo eran fungibles.

En esta explicación, Larrandart alude tanto a Patti como a Meneghini. Según la teoría de Roxin, existen dos clases de autores de un hecho: un autor directo o inmediato, que sería el caso de Patti, y un autor mediato, que sería “el autor detrás del autor”, la persona que ejerce una conducta a través de otra persona. Ese sería para los querellantes el papel de Meneghini, pero el Tribunal le asignó un rol distinto. Larrandart explica que, en la causa, ese rol distinto se observa en el secuestro del delegado de la Ford, Osvaldo Ariosti. “Este caso demuestra la actuación de Patti, independiente de la comisaría de Escobar –señala–. A Ariosti lo levantan, lo llevan directamente al barco fondeado en el astillero de Villa Dálmine y no pasa por la comisaría, como sí sucedió con los otros casos de secuestro. Evidentemente hubo una independencia cuando se conformaron los grupos operativos. Su testimonio se incorporó por lectura, porque falleció. Y ésa es otra de las características de estos juicios: ha pasado tanto tiempo que uno tiene que incorporar por lectura lo que pasó, porque muchas de las personas murieron.”

–Durante el juicio, la fiscalía planteó la posibilidad de que Patti no sólo haya actuado como policía sino que, además, fue un hombre del Batallón 601 del Ejército. ¿Ustedes hicieron la misma lectura?

–Patti era oficial de calle. Como en ese momento no tenían un hombre de Inteligencia, él era quien hacía Inteligencia. Lo hizo desde 1974. No hay que olvidarse de que además la Unidad Regional dependía de Institutos Militares.

La salud de Patti

–El juicio empezó con Patti en una ambulancia. ¿Qué expectativas tenían sobre su participación?

–Nosotros hubiésemos fijado más días de audiencias a la semana, pero en función de la salud de Patti decidimos hacerlas sólo dos veces. Si hubiésemos hecho cuatro audiencias por semana, el juicio hubiese terminado tres meses antes. Pero para que Patti estuviera en la sala, decidimos hacerlo más espaciado; y eso terminó retrasándolo.

–A través de sus abogados, Patti dijo varias veces que no quería estar en las audiencias. Ustedes en general lo impulsaron a asistir, aunque le permitieron no estar en la sala y quedarse en la ambulancia. ¿En algún momento eso estuvo en duda?

–Fuimos firmes salvo cuando por dictamen médico nos decían, por ejemplo, que le había subido mucho la presión y que era riesgoso el traslado. El estuvo durante todos esos meses internado en el Fleni, que es una clínica muy buena en Escobar. Cuando el médico nos daba un diagnóstico, nosotros tomábamos la decisión. Y cuando lo trasladaban a la sala de audiencias, nunca entró: no quería estar en el juicio. Pese a todo, el TOF le pidió a Patti que estuviera presente en el último tramo del juicio. Por protocolo, los acusados deben decir personalmente si quieren o no quieren pronunciar unas últimas palabras antes de la sentencia. Y en cualquiera de las dos instancias –tanto si desean hacerlo como si no– deben pronunciarlo por sí mismos. Salvo cuando no están dadas las condiciones físicas o clínicas del imputado para hacerlo.

–Ustedes lo convocaron. ¿Cómo fue la decisión?

–Patti está siempre con un cuello ortopédico colocado, pero en realidad está muy bien de salud. Hace varios meses lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. El último informe médico que nos dieron en febrero decía que el máximo puntaje de la rehabilitación es 127. Cuando llegó al Fleni, estaba con 68 de inhabilidad y ahora había llegado a 109: es decir que adelantó mucho y se movilizaba perfectamente en la silla de ruedas, propulsándose por sí mismo. En función de eso, nosotros decidimos que concurriera sea como fuere para pronunciar sus últimas palabras. La defensa no quería. Pero, para hacerlo, nosotros nos basamos en el dictamen del médico; y el dictamen decía que había adelantado muchísimo.

–Patti continúa en el Fleni. Los querellantes pidieron el alojamiento en una cárcel común, como para el resto de los represores. ¿Ustedes evalúan el traslado?

–Vamos a ver en qué estado de salud está después de la lectura de los fundamentos de la sentencia, que sucederá a comienzos de mayo. En ese momento veremos en qué unidad puede continuar con su tratamiento, porque hay unidades con más infraestructura sanitaria que otras. Y como ha adelantado bastante, vamos a ver cuál es la unidad que está en mejores condiciones.

Fuente Pagina12

Juicio a Patti: un testigo dijo que “había mucho miedo en Escobar”

Se trata de Manuel Gonçalvez, hijo de una de las víctimas cuyo fallecimiento se investiga en la causa. Aseguró que mientras el ex comisario era intendente de esa localidad, se dificultó la tarea para la identificación de los restos de su padre

Juicio a Patti: un testigo dijo que había mucho miedo en Escobar

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín dio inicio este jueves a las audiencias de declaraciones testimoniales en el primer juicio oral contra el ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así, los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti comenzarron a escuchar a los testigos en el debate que juzga a Patti y a Santiago Omar Riveros, (comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77), Benito Reynaldo Bignone (jefe del Estado Mayor-segundo comandante de dicho Cuerpo durante el año 1977) y Juan Fernando Meneghini (quien en el período 1976/1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1ra de la localidad de Escobar).

Las declaraciones comenzaron con el testimonio de Manuel Gonçálvez, hijo de la víctima Gastón Gonçálvez, cuyo fallecimiento se investiga en la causa. Aseguró que cuando se identificaron los restos de su padre enterrado como NN en Escobar en la década del `90, “Patti era intendente  y era el que tenía el poder en la zona. Había mucho miedo en Escobar”.

Asimismo, dijo que “en esa época se dificultó mucho el trabajo para identificar los cuerpos”.

En tanto, Gonçalvez afirmó que “la identificación de mi padre fue posible porque él tenía un clavo ortopédico en su pierna, producto de un accidente de moto que tuvo en 1975”.

Más tarde, declaró Gastón Gonçalez, otro de los hijos de la víctima.  Aseguró que “a los seis meses de la desaparición de mi padre, un representante de la Iglesia Católica le dijo a mi madre que no lo buscara más, que nunca lo iba a encontrar”.

En el juicio intervienen como partes querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Manuel Goncalves y Gastón Goncalves -(en el caso 226 -patrocinados por la Dra. Oberlín, y Juana Muñiz Barreto -caso 246- y María Isabel D’Amico, ambas con el patrocinio de Pablo Llonto.
Los hechos

El objeto del juicio ha quedado conformado por una porción de los hechos que habrían tenido lugar en la Zona de Defensa IV bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares Campo de Mayo en los años 1976 y 1977, de acuerdo a la siguiente plataforma fáctica:

CASO 226: Privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo  de 1976, en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Habría sido visto el día 29 de marzo en un camión celular que se encontraba estacionado en la parte trasera de la Comisaría 1era de Escobar. Pocos días después, más específicamente el día 2 de abril de 1976, su cuerpo  fue encontrado sin vida en el Camino Río Luján de la localidad de Escobar, carbonizado. Imputados respecto de este caso Santiago Omar Riveros, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 246: Privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; habría ocurrido aproximadamente a las 18:00 horas del día 16 de febrero de 1977 en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Habrían sido trasladados por personal policial a la Comisaría de Escobar, y permanecido en dicha condición hasta las 17:30 horas del día 18 de febrero, cuando habrían sido derivados a otra dependencia policial -podría tratarse de la Unidad Regional o Comisaría 1era de la localidad de Tigre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-. Días después el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil marca Fiat modelo 128 en aguas del Río Paraná, en la Provincia de Entre Ríos.  Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por este hecho fueron acusados Santiago O. Riveros, Reynaldo Bignone, Juan F. Meneghini y Luis A. Patti.

CASO 290: 1) Privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, ocurrida presumiblemente el día 10 de agosto de 1976 por un operativo conjunto del Ejército y la Policía en la Estación de Trenes Garín, Partido de Escobar. 2) Privaciones ilegales de la libertad de Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, acaecidas el 10 de agosto de 1976, quienes habrían sido sustraídos de su casa de la calle Sulling 2089, en la localidad de Garín. 3) Privación Ilegal de la libertad de Osvaldo Tomás Ariosti, que habría ocurrido durante la madrugada del día 3 de abril de 1976 en su domicilio ubicado en la localidad de Garín. Finalmente habría sido trasladado a la Cárcel de Devoto y luego a la Unidad 9 de La Plata, para ser finalmente liberado el 28 de octubre de 1978. Por estos hechos resultan imputados Santiago O. Riveros y Luis Patti.

Informe: Constanza Chattah (Dirección de Prensa de la Corte Suprema de Justicia)

“Patti integró un plan criminal equiparable con un genocidio”

Aseguró que los acusados buscaron “el exterminio” de los militantes políticos considerados subversivos. El pedido de pena de prisión perpetua para el ex intendente de Escobar.
Las víctimas de las familias que represento sufrieron un genocidio”, manifestó ayer el abogado querellante Pablo Llonto al encarar su alegato en el juicio oral que se le sigue al ex comisario Luis Patti y al ex dictador Reynaldo Bignone por delitos de lesa humanidad. Al igual que la Fiscalía antes de la feria judicial, Llonto y Ana Oberlin pidieron prisión perpetua para toda la lista de acusados en representación de cuatro de las víctimas.

Además de Patti y Bignone, la lista de imputados la integran el ex comandante Santiago Omar Riveros, el ex comisario Juan Fernando Meneghini, y Martín Rodríguez, ex oficial de inteligencia del Primer Cuerpo del Ejército.
Llonto y Oberlin señalaron al Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que estos crímenes fueron cometidos dentro de un “plan criminal” equiparable a un “genocidio”. La audiencia comenzó poco antes de las 10 de la mañana y como en la mayor parte de los debates, Patti no ingresó al recinto y siguió los alegatos desde una ambulancia estacionada junto a la entrada del auditorio, aunque más tarde sufrió una descompensación por una baja de presión y le permitieron volver a la clínica Fleni de Escobar, donde permanece internado tras un accidente cerebrovascular.
“Los cinco acusados querían convertirse en participantes de una organización criminal que tenía un propósito común: el exterminio de todos los militantes políticos que ellos consideraban subversivos”, manifestó Llonto.
Los abogados representan a cuatro de las seis familias de las víctimas: a los hermanos Manuel y Gastón Gonçalves, hijos del militante montonero Gastón Gonçalves; los hermanos Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, hijos del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto, y a María Isabel D’Amico, hermana de Guillermo y Luis D’Amico.
Sobre los delitos cometidos, Llonto y Oberlin afirmaron que quedó demostrado durante los debates que Patti privó de la libertad de manera ilegal a seis personas cuando se desempeñó como oficial subinspector de Escobar, además de haber cometido tormentos agravados a Muniz Barreto, Gonçalvez y los hermanos D’Amico, y el homicidio de Gonçalvez.
Responsabilizaron a Bignone de todo lo ocurrido bajo su órbita de mando y pidieron que se lo condene por el homicidio de Muniz Barreto. Lo mismo sostuvieron sobre el ex oficial de inteligencia, Rodríguez, acusado de haber sido uno de los torturadores del ex diputado peronista secuestrado por Patti y, tras pasar varios días en Campo de Mayo, arrojado a un río dentro de su auto para simular un accidente.
Meneghini, único presente en la audiencia, fue acusado por los secuestros de cinco personas y por el asesinato de Gonçalvez, un militante montonero a quién Patti había amenazado en varias ocasiones y que el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, fue secuestrado y permaneció durante 20 años enterrado como NN.
En cuanto a Riveros, lo responsabilizaron como la máxima autoridad de la represión ilegal en Garín y Escobar, como comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. <
Fuente: Tiempo Argentino

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