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Alegato caso Carlos José FATECHE y Victorio DARGANZ

ALEGATO CASO Carlos José FATECHE y Victorio DARGANZ

27/12/2011 Vicente López

Como ya lo hemos enfatizado, queremos dejar de inicio expresada nuestra posición, como marco liminar y básico: a partir de 1975 en la Argentina:

1. No hubo absolutamente ninguna guerra.

2. No hubo, en modo alguno, dos bandos equivalentes enfrentados, o “dos demonios” enfrentados como algunas posiciones intencionadas pretenden sostener.

3. No existió ni existe causal legal que justifique los aberrantes delitos cometidos por el Estado, a través de agentes civiles, militares y de las fuerzas de seguridad. Que fueron ellos quienes subvirtieron el orden constitucional y se apoderaron de las instituciones. Ellos fueron los únicos y verdaderos subversivos.

4. Los aberrantes delitos cometidos valiéndose de la estructura del poder estatal, son y serán siempre perseguibles mientras vivan sus responsables. En el momento de su comisión ya formaban parte del concierto de delitos de lesa humanidad, comprendidos en el ámbito del ius cogens, y por lo tanto alcanzados por sus consecuencias jurídicas.

El caso ventilado en este juicio fue uno de los tantos perpetrados por el Estado terrorista a través de un plan sistemático de exterminio, implementado por un aparato organizado de poder, ya probado y pasado en autoridad de cosa juzgada en la Causa 13 de 1984. Este plan implicó el diseño por sus responsables de normativas explícitas que redefinieron mecanismos para hacer frente a lo que denominaron la lucha contra la subversión. Normas secretas y la implementación de una metodología paralela, no escrita, solo verbal, valida de un sistema de inteligencia, fueron medios que tuvieron como finalidad el secuestro de personas en centros clandestinos, la aplicación de tormentos, violaciones sistemáticas, homicidios y desapariciones de personas, entre otras aberraciones, cuyo objetivo no fue otro que el exterminio del opositor.

De dicho plan sistemático y aparato de poder formó parte la Zona de defensa IV con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, donde a cada una de sus Escuelas le correspondió un territorio determinado, que incluyó también la existencia de CCD, algunos de ellos funcionaban dentro de dependencias policiales.

Lo expuesto está probado y se desprende de:

1. Los Decretos 2770 2771 y 2772 (Consejo de Seguridad Interior) todos ellos del año 1975.

2. La Directiva secreta 404 del Consejo de Seguridad, que estableció como objetivo la eliminación física de aquello que se etiquetó como “subversivo”. Y, como se sabe, y se probó además en este juicio, “subversivo” era, en realidad, cualquiera que se opusiera al modelo económico y social que la dictadura cívico-militar intentó implementar.

3. La existencia de Manuales específicos de “lucha antisubversiva”.

4. La cuadriculación operativa de todo el territorio nacional, método típico para facilitar la persecución en zonas sitiadas.

5. La puesta en funcionamiento de un sistema de inteligencia interna.

6. La búsqueda de una capacitación específica para llevar adelante ese plan, puesto en evidencia por el documental “Escuadrones de la muerte – La escuela francesa”, ofrecido y admitido como prueba.

7. Lo que se desprende del libro “Campo santo – Los asesinatos del Ejército en Campo de Mayo”, también ofrecido y admitido como prueba.

8. El informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria que da cuenta de la relación y el rol que cumplieron las fuerzas policiales para la ejecución del plan antes aludido.

ENCUADRE JURÍDICO: CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Existe hoy en la doctrina y la jurisprudencia un consenso absoluto acerca de que los hechos acaecidos en nuestra última dictadura militar constituyen, de acuerdo al desarrollo del Derecho Internacional, crímenes de lesa humanidad, calificación que, sin dudas, compartimos.

Los hechos que aquí se juzgan son crímenes de Estado, cometidos por sus agentes en el marco de aquel plan sistemático. Es decir, constituyen delitos de lesa humanidad, en el marco del genocidio que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1976-1983 y reprochables como tales al momento de su comisión.

Los principios expuestos han quedado plasmados en el fallo dado en la causa “Arancibia Clavel”, donde se destacó que se está aplicando la normativa vigente al momento de los hechos en el derecho penal internacional, en el que claramente se consideraban delitos de lesa humanidad a los homicidios, desaparición forzada de personas, torturas, vejaciones, cometidos en el marco de un plan sistemático y de un ataque generalizado. Razonamiento este que fue enfáticamente reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Simón. Y que viene siendo reafirmado por los Tribunales Orales Federales de todo el país con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

No solo la conceptualización sino también la aplicación concreta de la costumbre internacional fue anterior a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Los primeros instrumentos normativos de carácter internacional que definieron el concepto de crimen de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad –como los Estatutos para los Tribunales de Nüremberg y Tokio- fueron anteriores a las dictaduras latinoamericanas, lo cual evidencia que la conciencia universal y la decisión de juzgarlos, para aquellos años, ya consideraba a este tipo de crímenes como aberrantes e imprescriptibles.

Adelantamos, para que no queden dudas, que la costumbre internacional es una fuente del Derecho Internacional y hasta la primera mitad del S XX fue la fuente por excelencia de dicho ordenamiento. Así surge del art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y es reconocida como creadora de derecho en un sinnúmero de fallos de tribunales internacionales y laudos arbitrales. Negarlo iría en contra de la normativa, jurisprudencia y doctrina unánime sobre el tema. Nuestra CN desde siempre reconoció a la costumbre internacional como fuente creadora de normas jurídicas: art. 102, actual 118. Al respecto debe destacarse que todos los juristas admitieron y admiten la incorporación automática de la costumbre al derecho local.

Que los hechos bajo análisis sean encuadrables como crímenes de lesa humanidad tiene como consecuencia que el Estado está obligado a investigar esos hechos y sancionar a los culpables, para que esos crímenes no queden impunes. La Corte Interamericana ha señalado en reiteradas oportunidades que “el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares” (conf. casos Castillo Páez, Serie C N° 43, párrafos 106 y 107, Loayza Tamayo, Serie C N° 42, párrafos 169 y 170, ambos del 27 de noviembre de 1998 y Almonacid Arellanos, Serie C N° 154, párrafo 110 y 111).

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES INTERNACIONALES

Es la humanidad entera la ofendida ante estos aberrantes hechos. De esta inteligencia, se derivan la universalidad de juzgamiento y su imprescriptibilidad; por eso, en modo alguno puede hablarse de que se estaría incurriendo en aplicación retroactiva de leyes penales, y ningún artilugio que tenga como fin la impunidad los puede exonerar de persecución, llámese amnistía, indultos, prescripción o normas que pretendan imponer a los jueces una determinada interpretación de los hechos. Si pretendieran introducirse, adolecerían de nulidad absoluta, la que puede ser declarada tanto por el mismo poder que ha instaurado la impunidad, como obviamente también por el Poder Judicial en su labor interpretativa de la CN, nulidad que implica, por último y como sabemos, la inexistencia de cualquier efecto, entre ellos el de oficiar como ley más benigna.

Asimismo, en el fallo “Simón”, se afirmó que:

“El castigo de los crímenes de lesa humanidad se deriva directamente de los principios del ius cogens surgidos del orden imperativo internacional y de su evolución, tienen jerarquía constitucional, y no los alcanza restricción o limitación derivada del derecho penal común, de modo que aspectos como la tipicidad o la prescriptibilidad deben ser considerados desde esa perspectiva. (CSJN, fallo «Simón, Julio Hector y otros; Poblete Roa, José Liborio y otros-causa n°17768 – recurso de hecho”, del año 2005)

LOS HECHOS DE ESTA CAUSA Y SU PRUEBA

Esta querella tiene por probado que el día 27 de diciembre de 1976, en horas de la mañana Victorio Derganz y Carlos José Fateche fueron secuestrados en la empresa Ford Motors Argentina ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco. Se encontraban allí a fin de buscar trabajo para Fateche. En el ingreso principal de la fábrica Derganz solicitó una audiencia con Pedro Müller, gerente de manufacturas, con el fin de recomendar a su amigo. Luego de completar el formulario de empleo, personal de seguridad les indicó que estacionaran el vehículo Fiat 600, propiedad de Fateche y así lo hicieron. En ese momento se acercaron dos policías de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos les solicitó sus documentos y los incautó. Revisaron el rodado y les dijeron que quedarían demorados por averiguación de antecedentes.

Tiempo después arribó desde el interior de la fábrica un camión del Ejército, y un suboficial les indicó que lo siguieran en el automóvil hacia el parque recreativo de la empresa. Permanecieron allí desde la 10 de la mañana hasta aproximadamente las 18,30 horas en que arribó un patrullero de la policía de la Provincia, conducido por los mismos uniformados que los habían identificado en la mañana. Derganz reconoció a uno de los policías de apellido Romano y apodado “Cárdenas”, respecto del otro sólo sabía que se domiciliaba en la localidad de Garín. De inmediato apareció un oficial del ejército que los hizo colocar cuerpo a tierra debajo del camión. Luego ordenó a los soldados que los subieran a la parte posterior y dos horas después les dijo en tono burlón que “iban a hablar con San Pedro”, dando la orden que si levantaban la cabeza les disparasen.

Alrededor de las 18 horas, fueron trasladados en un patrullero con la inscripción en sus puertas “Regional Tigre”, custodiados por un policía uniformado que portaba un arma larga, uno de civil y un oficial del ejército que tenía en sus manos una pistola y una granada, elementos con los que amenazaba a los secuestrados. Detrás iba el automóvil de Fateche, conducido por un soldado.

Al llegar a la dependencia policial fueron revisados y despojados de sus objetos personales por personal policial. A Derganz lo ingresaron en una dependencia destinada a cocina donde le ataron sus manos y lo encapucharon con una bolsa de nylon. En otro sector de la Comisaría se encontró con Fateche, a quien reconoció por su voz. A Derganz lo subieron por una escalera a otro sitio en el que había una mesa contra la que chocaba cuando le daban puñetazos en el estómago. También fue golpeado con una goma y recibió rodillazos en los testículos. Luego lo condujeron al sitio donde había estado con Fateche, a quien desataron y se lo llevaron. Cuando regresó le manifestó a Derganz que estaba reventado.

Luego de un tiempo llegaron al lugar varias personas que dijeron textualmente: al gordo hay que dejarlo “con éste no pasa nada, pero al otro – refiriéndose a Fateche- a la parrilla”. Entonces fue retirado del lugar y a Derganz lo alojaron en un pequeño depósito improvisado como calabozo ubicado debajo de una escalera de la dependencia policial. No volvió a ver ni a escuchar a su amigo.

El 17 de enero de 1977 Derganz fue revisado por un médico a efectos de constatar si tenía marcas en su cuerpo y el día 23 de ese mes fue liberado, previo a haber firmado un papel donde se asentaba que se iba en perfectas condiciones físicas. Lo dejaron en una parada de colectivos de San Isidro y le indicaron que no preguntara más por “Carlitos”.

Al día de la fecha Carlos Fateche se encuentra desaparecido.

Todo ello surge de las diversas constancias de esta causa que se detallarán, especialmente de las declaraciones testimoniales prestadas por Derganz incorporadas por lectura, obrantes a fs. 2/5, 56/7, 897/4, 897/899,1097/99 y 1104.

En cuanto a la prueba documental que acredita el plan sistemático y el tipo de crímenes cometidos durante la última dictadura militar, adherimos a lo expuesto por el Sr. Fiscal.

La valoración de la prueba testimonial y documental, que hace a este caso, se efectuará a continuación, al analizar la responsabilidad del procesado Luna.

VIII. EL IMPUTADO Y SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DESCRIPTOS

1. Algunas consideraciones preliminares sobre las fuerzas policiales bajo control operacional del Ejército durante la última dictadura cívico-militar.

Cabe señalar aquí que las funciones que cumplió la policía en la época de la última dictadura cívico militar fueron ampliamente probadas en las causas 13/84 y 44/85. Ello significa que los hechos aquí analizados, imputados al ex comisario Juan Demetrio Luna, no fueron aislados, cometidos por agentes policiales que de pronto decidieran por su cuenta violar la ley, sino que sus conductas formaron parte del plan sistemático de terrorismo de Estado, con responsabilidad en delitos de lesa humanidad, en el marco del genocidio que sufrimos los argentinos.

Así está probado, no solo históricamente en base a normas expresas como los Decretos 2770, 71 y 72 de 1975, Resolución 1/75, la causa 13/84, sino también en este juicio, que las fuerzas policiales fueron colocadas bajo el control operacional de las FFAA y particularmente del Ejército, quienes actuaron en conjunto y estrechamente.

También se encuentra acreditado que las comisarías eran asiento estable de los militares golpistas, donde tenían “áreas restringidas”. Por lo general los militares secuestraban personas y normalmente en primer lugar eran llevadas a las comisarías donde las interrogaban, torturaban y las sometían a condiciones inhumanas de detención.

Puntualmente para el caso que está siendo juzgado en este debate oral y público esta querella sostiene que la comisaría 1º de Tigre cumplió esas funciones. Esto surge entre otras probanzas de las declaraciones testimoniales de los policías José Norberto Ismael Maiolo, Ramón Fernando Soria, Osvaldo Berterreigts, José Andrés Ponce y Vícitor Pedro Rómulo Dengra que han sido incorporadas por lectura obrantes en el Anexo 3, causa Nº 26.144 del Juzgado Penal Nº1 de San Isidro. Además, en este juicio, declararon en similares términos, Santos Miño y Julio Arturo Peralta.

Quedó absolutamente probado que la Comisaría Primera de Tigre fue el lugar al que directamente fueron llevadas las víctimas luego de su secuestro en la fábrica Ford. La dependencia policial formaba parte de la comunidad de inteligencia creada en la Reunión Informativa celebrada en Campo de Mayo en 1975. También quedó demostrado que la Comisaría de Tigre realizaba operativos vinculados a la llamada “lucha antisubversiva”. En efecto, Norberto Ismael Maiolo comisario anterior a Luna en la 1º de Tigre, declaró que el propio Molinari impartía charlas “académicas” en las que remarcaba que la policía debía ser más eficiente en la lucha contra la subversión.

Esta querella lo tiene todo por probado, principalmente por las propias testimoniales del personal policial que ha declarado en el curso del presente juicio. En igual sentido el informe presentado a este Tribunal por la Comisión Provincial por la Memoria que identifica a través de la información obrante en el archivo de la ex DIPBA, que la comisaría de Tigre participaba activamente en la denominada lucha antisubversiva de manera conjunta con personal militar. A partir de la documentación obrante en el referido organismo se pone de manifiesto la participación de las fuerzas policiales de la provincia en el accionar represivo aún antes del golpe de Estado de 1976.

Esta querella sostiene que los militares golpistas se sirvieron para ejecutar su plan del conocimiento y control territorial de la bonaerense en la zona, que consistía en registrar la actividad gremial de las fábricas, el funcionamiento de CCD dentro de las dependencias policiales, el trabajo en operativos conjuntos, entre otras cosas.

Se encuentra debidamente acreditado en autos que Tigre, partido de la provincia de Buenos Aires, estaba sometida operacionalmente a la jurisdicción del Comando de Institutos Militares (Zona de Defensa IV) cuyo titular era Riveros. A su vez, la mencionada localidad bonaerense estaba sometida al Area 410, a cargo de la Escuela de Ingenieros.

Vayamos, ahora sí, al análisis particular.

2. La responsabilidad de Juan Demetrio Luna en particular.

Se encuentra plenamente probado en este juicio, por las diferentes constancias agregadas y producidas, que Juan Demetrio Luna al momento de los hechos prestaba servicios como titular de la Comisaría de Tigre 1ra. de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La conducta desplegada por el procesado Luna se presenta evidente, quien resultó ser también un eslabón imprescindible dentro de la cadena represiva, a tal punto que su accionar permitió, en los hechos que se le endilgan, que la estructura operativa implementada por las juntas militares lograra su cometido.

Es indiscutible su responsabilidad si tenemos en cuenta que en la Comisaría de Tigre fueron alojadas y torturadas las víctimas de esta causa, siendo Luna su titular.

Está también probado, como se dijo antes, que dicha fuerza se hallaba bajo la órbita de la Zona de Defensa IV, subordinada por ende a las directivas emanadas de las autoridades del Comando de Institutos Militares. Por ello sostenemos que Luna recibió las directivas de ese Comando, y puntualmente de la Escuela de Ingenieros, de alojar dentro de la dependencia a su cargo a Fateche y Derganz hasta tanto se decidiera el destino final de cada uno de ellos, conducta que aceptó y ejecutó. Las privaciones ilegales de la libertad fueron materializadas, en todos sus aspectos, al margen de la ley.

Las pruebas que sustentan tal imputación son las siguientes:

En lo que a la prueba documental se refiere citamos:

a) Fotocopias certificadas del recurso de Habeas Corpus interpuesto por Celia Josefina Buciga de Fateche, madre de la víctima, el día 6 de abril de 1979, fs. 5/9. Se reitera en su presentación las circunstancias de modo, tiempo y lugar del secuestro de su hijo, como así también su estadía en la comisaría 1º de Tigre por un espacio de por lo menos 3 días. A su vez, manifiesta que el auto de su hijo les fue entregado un día después de su secuestro junto con la documentación.

b) El Informe elaborado por la Comisaría de Tigre, de fecha 18 de febrero de 1980, en el que se comunica, luego de compulsar los libros de la comisaría, que no existen constancias que den cuenta que los ciudadanos Fateche y Derganz hayan estado detenidos en esa seccional de policía. Asimismo se informa sobre el registro en sus archivos del “hallazgo” de un automóvil rodado Fiat 600, color gris, patente B 1.153.282, propiedad de Carlos Emilio Fateche y de la entrega a su titular (fs. 12).

c) A fs. 895/6 obra la copia del libro de detenidos de la Comisaría al momento de los hechos y allí no existe constancia de la detención de las víctimas de esta causa.

d) Pedido de Informe al Jefe del Área 410 y su contestación a fs. 52/55. Se admite en la contestación del Jefe del área 410 (Esposito) al Juez de Instrucción militar que: efectivamente las víctimas de esta causa fueron detenidas en un operativo conjunto el día 27 de diciembre de 1976. Se afirma que luego de la detención fueron trasladados a la Comisaría de Tigre, para luego manifestar que tanto Derganz como Fateche fueron puestos en libertad. Por último, se deja constancia que la madre de Fateche fue varias veces a preguntar por su hijo al Jefe del Área y en una oportunidad al Comandante de IIMM.

e) Copia del informe realizado por el Juez de Instrucción Militar al Comandante de Institutos Militares, de fecha 27 de marzo de 1978, fs. 56/60. Se deja nuevamente por escrito que Carlos José Fateche y Victorio Derganz fueron privados de su libertad el 27 de diciembre de 1976 y trasladados a la Comisaría de Tigre. Este informe muestra a las claras la forma de proceder de las fuerzas represivas. Se procedió al secuestro, tortura y desaparición y luego en un procedimiento ante la justicia militar rodeado de una “supuesta legalidad” se dice con un total desprecio hacia los familiares, que la víctima se autodesapareció o se autosecuestró.

f) Informe del Ministerio del Interior de fs. 136, presentado el 17 de septiembre de 1982, en el que se informa de la presentación de Celia Josefina Buciga de Fateche ante ese organismo el día 29/12/76 a fin de dar con el paradero de su hijo, también se informa que las diligencias realizadas arrojaron resultado negativo.

g) Nómina del personal actuante en la UR de Tigre durante los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1976. (fs. 145/8).

h) Documentación presentada por Celia Buciga de Fateche al juez federal de San Martín el día 3/11/82 que obra a fs. 201/6 de esta causa. La misma contiene notas dirigidas, una a María Rosa Inacio por parte del Ministerio del Interior que refiere al resultado negativo de las diligencias a favor de Carlos José Fateche, y las otras notas son dirigidas a la madre de Fateche por parte de las autoridades militares en donde también se reitera el desconocimiento del paradero de su hijo.

i) Informe elaborado por la División Legajos y Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires respecto de Juan Demetrio Luna en donde consta que desde el 23 de junio de 1976 hasta el 20 de enero de 1977 se desempeñó como comisario de la Comisaría 1º de Tigre. Esta querella quiere destacar que la carrera del procesado fue en ascenso durante la LA ÚTLIMA DICTADURA MILITAR, asi luego de haber dirigido la comisaría de Tigre 1º, se desempeñó en la Unidad Regional Tigre desde el 25/11/77 hasta el 5/1/79, habiendo ascendido a Comisario Inspector en esa repartición el 1/1/78. Su retiro fue activo y voluntario con el grado de jefe de la Unidad Regional Morón en el año 1981 (fs. 444).

j) Acta de la inspección ocular llevada adelante en la Comisaría 1º de Tigre con fecha 17/9/84, con participación del procesado Juan Demetrio Luna, quien explicó cuál era el área restringida en la que se alojaban los detenidos por disposición de la autoridad militar, fs. 892.

k) Inspección ocular llevadas adelante en la Comisaría 1º de Tigre el 17/9/84, con participación de la víctima Derganz en la que reconoce los lugares de su cautiverio donde estuvo alojado junto a Carlos Fateche. En esa oportunidad explicó que el conocimiento se debió a que la bolsa que le colocaron en su cabeza al ingresar a la comisaria tenía un pequeño orificio que le permitía observar a través de ella.

l) Nota periodística del diario Crónica del 11 de septiembre de 1984 obrante a fs. 900, la víctima Derganz vuelve a reiterar con igual detalle los hechos de su secuestro y el de Fateche, como así también el paso de ambos por la comisaría de Tigre 1º.

m) Placas fotográficas de la inspección ocular realizada en la sede de la Comisaría de Tigre 1° de la Policía de la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 1984, fojas 980/1004.

n) Legajo N° 3 elaborado por la CONADEP correspondiente a los hechos padecidos por Carlos Fateche y Victorio Derganz junto con la copia de la sentencia mediante la cual con fecha 20 de noviembre de 1996 se declaró la ausencia por desaparición forzada del primero de los nombrados, fojas 1205/1227.

o) Fotocopias certificadas elevadas por la Comisión por la Memoria sobre los antecedentes que obran en el archivo de la ex D.I.P.B.A. respecto de Carlos Fateche y Victorio Darganz, de fojas 1300/1351. El legajo, confeccionado a partir del 10/1/77, está categorizado como “MESA DS” que significa DELINCUENTE SUBVERSIVO, según se desprende del informe elaborado por la propia Comisión en carácter de instrucción suplementaria. El legajo de la Dirección de Inteligencia de la bonaerse deja plasmado una vez más el secuestro y traslado a la comisaría de Tigre 1º de las víctimas de este caso.

p) Se adjunta copia certificada de los legajos CONADEP Nº 7691, 7688 y 7683, pertenecientes respectivamente a Manzano, Murúa y Sánchez. Estas personas son víctimas del Caso Nº 142, llamado comúnmente caso Ford, porque todas las víctimas eran o habían sido trabajadores de la fábrica Ford Motors Argentina y la mayoría de ellos fueron secuestrados en la misma planta de Pacheco siendo conducidos en 1º lugar al CCD que funcionó en instalaciones del campo de deportes de la fábrica, recordemos lo manifestado por Derganz en sus distintas declaraciones en donde refiere que fueron conducidos al parque recreativo de la fábrica. Otro elemento que esta querella quiere mencionar es que esos trabajadores de Ford fueron alojados en la Comisaría 1ra. de Tigre, que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante aquellos años. Si bien las fechas y las víctimas del caso Ford son diferentes a las de los hechos que aquí se juzgan, lo cierto es que pueden trazarse similitudes en cuanto al lugar de secuestro, participación de la empresa, de las fuerzas de seguridad del Ejército con asiento en Campo de Mayo y el personal de la referida Comisaría y lugares de cautiverio.

q) Fotocopia certificada del Expediente Nº 10.430 del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº de Zárate-Campana caratulada: “Fateche, Carlos José s/ declaración de ausencia por desaparición forzada”.

r) Legajo policial de Juan Demetrio Luna del que se desprende que efectivamente a la fecha de los hechos era el titular de la Comisaría 1ra. de Tigre.

s) Informe remitido por la Comisión Provincial por la Memoria sobre la creación, estructura y funcionamiento de la Unidad Regional de Tigre y de sus dependencias policiales. El informe presentado a este Tribunal rescata a través de la información obrante en el archivo de la ex DIPBA que la comisaría de Tigre participaba activamente en la denominada lucha antisubversiva de manera conjunta con personal militar.

A partir de la documentación obrante en el referido organismo se pone de manifiesto la participación de las fuerzas policiales de la provincia en el accionar represivo aún antes del golpe de Estado de 1976.

Esta querella sostiene que los militares golpistas se sirvieron para ejecutar su plan, del conocimiento y control territorial que la bonaerense tenía en la zona, que consistía: en registrar la actividad gremial y política en las fábricas, el funcionamiento de CCD dentro de las dependencias policiales, el trabajo en operativos conjuntos, el ocultamiento de pruebas, la negativa de dar información a los familiares, no registrar a las personas secuestradas, entre otras.

t) Fotocopias del Anexo Nº 3 del caso Nº 150 (Expte. Nº 26.144 del Juzgado Penal Nº1 de San Isidro caratulado “Testimonios del personal policial de la Comisaría de Tigre 1º), estos testimonios serán valorados a continuación.

u) Contestación de oficio por parte de Ford Motors Argentina que informa que Muller era gerente de manufacturas al momento de los hechos, fs. 1865.

PRUEBA TESTIMONIAL

1. Debemos hacer una referencia previa general al valor de los testimonios en este tipo de juicios en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad.

Los dichos de las víctimas directas y sus familiares, sus distintas declaraciones, presentaciones escritas y testimonios brindados en la causa principal, como también los prestados en este juicio ante el Tribunal y las partes, deben ser especialmente valorados como plenamente veraces y susceptibles de generar la más inequívoca convicción sobre las distintas circunstancias que cada uno de ellos abordó en sus relatos.

En este sentido, hacemos expresa referencia al criterio sustentado por la propia CorteIDH en el caso Velásquez Rodríguez, que reconoció importante valor probatorio a la prueba directa de carácter testimonial en estos casos, cuando de ellas se infiere su consistencia con los hechos.

La carga dramática puesta de manifiesto en cada caso, la coincidencia y consistencia con los hechos, su congruencia interna, solo puede atribuirse a la vivencia real que esos hechos pueden provocar, haciéndolos por completo creíbles. Todo ello genera una indudable convicción de veracidad, que esta querella solicita al Tribunal así lo considere y juzgue.

Valorarlo de otra manera, asignarle peso a contradicciones secundarias, olvidos intrascendentes, descartar referencias indirectas o exigirle a los relatos confirmaciones por datos objetivos, para descalificaros, sería perfeccionar judicialmente el objetivo que los represores buscaban mediante la clandestinidad del plan sistemático de terrorismo de estado en lo que respecta al ocultamiento de pruebas.

En cuanto a los testimonios de este juicio en particular, corresponde resaltar los dichos de Victorio Derganz (quien dio un detallado relato de su cautiverio, los tormentos y las condiciones inhumanas de detención sufridas en la Comisaría 1ra. de Tigre en sus distintas declaraciones). Nos remitimos a lo expuesto al momento de narrar los hechos objetos del proceso.

Celia Josefina Buciga de Fateche (madre de la víctima) prestó declaración testimonial en este juico el 18/11. Al comienzo de su exposición, cuando se le preguntó por las generales de la ley, señaló que a Luna lo conoció cuando fue a la Cárcel. A preguntas del Sr. Fiscal aclaró que se refería a la Comisaría de Tigre. Ello demuestra de manera evidente que esa dependencia policial funcionaba como un verdadero CCD.

La testigo dijo que su hijo desapareció el 26/12/1976. Que había ido en su Fiat 600 con su amigo Victorio Derganz a comprar juguetes y como no regresó, al día siguiente la testigo y demás familiares comenzaron su búsqueda. Fueron a los hospitales y comisarías de la zona y vieron el coche de su hijo estacionado en la Comisaría de Tigre, donde le negaron que estuviera allí detenido. Dijo que la atendió el comisario varias veces. Aclaró que a esa dependencia fue en 4 ó 5 oportunidades a preguntar por su hijo y que en vez de brindarle datos sobre su paradero, la interrogaban respecto del trabajo de Carlos y por qué iba a Buenos Aires, entre otras cosas.

Su hija Stella Maris le comentó que en la referida comisaría vio los objetos de Carlos, entre ellos el cinturón y su reloj. Luego de tres días le entregaron el auto de Carlos y la documentación tanto del auto como la de su hijo.

En cuanto al secuestro de su hijo Carlos, indicó que fue a la casa de Victorio Derganz quien le narró lo sucedido: que estaban en la fábrica Ford de Pacheco y los llevaron a la Comisaría de Tigre. Le manifestó que allí estaban encapuchados y que a ambos los habían golpeado mucho. Precisó que Fateche le dijo que estaba reventado por los golpes recibidos. La testigo señaló que Derganz estaba muy asustado cuando conversó con ella.

Detalló todos los trámites y averiguaciones que hizo para buscar a su hijo, siempre con resultado negativo. Precisó que fue a Campo de Mayo, a la Escuela de Ingenieros junto con su nuera (Marta Rosa Inacio) y fueron atendidas por Bignone y Riveros y que éste último las amenazó con ponerlas a disposición del PEN y, por supuesto, no les brindaron ninguna información.

Se le exhibió fs. 16 (acta de devolución de efectos) y reconoció su firma inserta allí.

Al final de su declaración, el Sr. Fiscal le preguntó a la testigo si recordaba el apellido del Comisario de Tigre que la atendió, e indicó que era Luna.

En esa misma audiencia, y con total coincidencia con la testigo anterior, prestó declaración Stella Maris Fateche (hermana de Carlos). Indicó que a la época de los hechos tenía 14 años y que el 26 de diciembre de 1976 su hermano Carlos salió en su auto Fiat 600 a comprar juguetes para luego venderlos junto con su amigo Victorio Derganz, ya que se casaría en el mes de marzo y necesitaba el dinero. Como Carlos no regresó al hogar, su familia comenzó a buscarlo. Sus padres, la declarante y la novia de Carlos, Marta Rosa Inacio recorrieron distintos lugares, fueron a todas las comisarías de la zona y al llegar a la comisaría de Tigre vieron el auto de Carlos estacionado en la puerta. En la dependencia, mientras su madre averiguaba respecto del paradero de su hermano, ella se quedó en la guardia y oyó que un oficial de policía le preguntaba a otro si ciertos objetos eran del detenido Fateche. Pudo identificar que esas cosas eran de su hermano. Luego aclaró que se trataba del cinturón y de la suma de dinero que llevaba Carlos. Esto se lo comentó a su madre.

Respecto del auto propiedad de su hermano dijo que después de un tiempo se lo devolvieron a su padre desde la Comisaría de Tigre.

Agregó que a su hermano lo agarraron con Victorio Derganz, que ambos eran amigos.

Su mama le comentó las visitas que realizó en otras instancias públicas, incluso que fue a Campo de Mayo.

Atento el fallecimiento del testigo Carlos Emilio Fateche (padre de Carlos José) se incorporó por lectura su declaración de fs. 91/92. Allí señaló las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que su hijo fue secuestrado (de manera absolutamente coincidente con los dichos de su esposa, su hija Stella Maris y Victorio Derganz). Dijo que se presentó en la Comisaría de Tigre donde le manifestaron que su hijo no estaba allí y que el rodado que usaba su hijo al momento del secuestro, había sido encontrado abandonado en la vía pública.

No podemos dejar de mencionar que el auto que conducía Fateche al momento de ser secuestrado, fue devuelto a su padre desde la Comisaría de Tigre, junto con los documentos del automotor y los personales de Carlos. Ello es coincidente con lo que declaró Darganz al respecto. Dijo que mientras iba con Fateche en el patrullero que los condujo a la Comisaría 1ra. de Tigre (recordemos que dijo que en esos momentos no estaban encapuchados), personal militar manejó el auto de Fateche hasta esa dependencia policial. Con ello también se prueba el alojamiento de las victimas en la comisaria de Tigre pues recordemos que se le entregó a los familiares los documentos personales que portaba Fateche al momento de su secuestro, por lo que es absolutamente mendaz que el auto haya sido encontrado abandonado en la vía pública.

Asimismo, se incorporó por lectura la declaración testimonial de quien era la novia de Fateche, Marta Rosa Inacio obrante a fs. 97/100. Detalló las conversaciones que tuvo con Derganz quien le explicó cómo sucedieron los hechos y dijo que el 28/12/76 observó junto a los familiares de Fateche el vehículo Fiat 600 estacionado en la puerta de la Comisaría 1ra. de Tigre. Además manifestó que cuando ingresó a la dependencia policial a preguntar por su novio un policía le dijo que efectivamente habían ingresado dos personas pero ni Fateche ni Derganz estaban en la lista de detenidos del Libro de la Seccional, todo ello concuerda con la documental de fs. 12 y de fs. 895/6 ya mencionada. Indicó que, dentro de la mencionada Comisaría, pudo ver y escuchar como un agente le preguntó a otro si los elementos que tenían en su poder eran del detenido Fateche, siendo estos un cinturón, un reloj pulsera y dinero en efectivo. Recordemos aquí, que Derganz manifestó que al ingresar a la Comisaría fueron requisados por personal policial y que a ambos les sacaron sus pertenencias personales, ello coincide con lo declarado en este juicio por Stella Maris Fateche. La testigo agregó que el Comisario Luna atendió a la familia y no les brindó ninguna información.

También contamos con el testimonio prestado por Rubén Oscar Fateche (primo de la víctima) incorporado por lectura, obrante a fs. 113/114, coincidente con los anteriores. Allí dijo que se enteró de la desaparición de su primo Carlos por comentarios de su tía y que los ayudó con la búsqueda del nombrado. Que pasados varios días de la desaparición de su primo, se encontró con Derganz, quien le informó que habían salido juntos y que a la altura de la fábrica Ford había un control de la policía que les pidió los documentos y los llevaron “detenidos”.

En la audiencia celebrada el 30 de noviembre declaró Juan Derganz, hermano de Victorio. Manifestó que se enteró del secuestro de su hermano y Carlos Fateche al día siguiente de ocurrido, por el relato que le hizo su padre que vivía en Escobar junto con Victorio. Inmediatamente fue a hablar con la madre de Fateche quien le dijo que habían presentado un habeas corpus y que en la Comisaria de Tigre estaba el auto de Fateche. El testigo fue allí y le dijeron que su hermano no se encontraba detenido en esa dependencia. Sin embargo, pudo ver el cinturón de Victorio. A preguntas de la defensa, señaló que lo reconoció porque no muchas personas lo usaban y era muy característico. Incluso mostró en la audiencia el cinturón que llevaba puesto ya que el de su hermano era como ese pero con la hebilla más grande. A esto se suma que Victorio en sus declaraciones incorporadas por lectura, refirió que en la Comisaría, entre otras pertenencias le sacaron el cinturón.

El testigo hizo un relato de los trámites que efectuó a fin de dar con el paradero de su hermano. Dijo que fue a las comisarías de la zona, puntualmente señaló que recorrió cielo y tierra para encontrarlo.

Indicó que su hermano trabajaba en una maderera de Tigre –COMINCO- y era delegado del gremio maderero y que de ese lugar habían desaparecido otros trabajadores. Que Fateche trabajaba en Dálmine y se iba a postular como delegado o lo había sido, no lo recordó.

Manifestó que según sus cuentas su hermano permaneció en condición de desaparecido durante 27 días y que una vez puesto en libertad lo notó cohibido, no se podía sentar a causa del dolor que tenía y le decía “Ojala no te hubiesen parrillado los huevos”.

Victorio le contó que estaba junto con Fateche en la fábrica Ford de Pacheco, donde los levantaron y que estuvieron en la comisaría de Tigre encapuchados. Que había sido picaneado, al respecto Victorio le explicó que eso consistía en atarlo a una cama de metal y pasarle corriente eléctrica.

Además señaló que su hermano fue a la comisaria de Tigre a hacer un reconocimiento y allí pudo ubicar los lugares donde estuvo secuestrado. Señaló el testigo que justamente allí había visto el cinturón aludido.

El testigo fue empleado de Ford y señaló que había militares adentro de la fábrica, en el parque recreativo y que “levantaban” a los trabajadores. Dijo que Victorio le contó que estaban en Ford porque quería hablar con Muller, que era el gerente general y representante en la Argentina y se conocían, cree que para conseguirle trabajo a Fateche

Como conclusión dijo que su hermano era perseguido políticamente y que era inocente, que se lo llevaron sin razón y sin justicia. La defensa le preguntó si sabía si su hermano había participado en actividades que el gobierno de facto calificó como subversivas, a lo que contestó que su hermano era delegado político y que él y 30000 personas más fueron víctimas y que eso le recordaba a la Alemania Nazi. Finalmente y con total acierto indicó que no hubo respeto por los derechos humanos.

A fs. 1095/6 obra la declaración testimonial brindada por Raúl Beltrán Romano que se incorporó por lectura, de fecha 26/08/1986. Para esa época era Sargento 1° de la bonaerense. Se le exhibió una fotografía y reconoció a Victorio Derganz, porque vivía en Villa Bote de Escobar, pero sólo sabía su apodo “Jacobo”, eran sólo conocidos del barrio. Indicó que desde el 06/06/1975 hasta la fecha de la declaración siempre prestó servicios en el Comando Patrullero de Tigre, perteneciente a la Unidad Regional XII. Sus tareas diarias era el patrullaje de la zona fabril de Gral. Pacheco (entre ellas Ford.). Dijo que en esa época, 1976 o 1977, recuerda que al efectuar la recorrida por la zona, al llegar a la planta Ford, puerta Uno, la vigilancia interna de la fábrica lo llamó para que identifique a dos personas que estaban en un coche, sólo recuerda que era un auto chico. Los fue a interrogar y les pidió los documentos. Una de las personas resultó ser “Jacobo” (es decir, Derganz), se saludaron porque se reconocieron y “Jacobo” le dijo que quería ver al director de la empresa Ford. Luego llegó la patrulla militar y el dicente les entregó los documentos. Nunca más los vio.

Contamos con las testimoniales del personal policial que prestó funciones en la época de los hechos en la referida Comisaría. Durante el debate declararon Julio Arturo Peralta y Santos Antonio Miño. Si bien esta querella observó una total reticencia en estos testigos, con sus declaraciones ha quedado reafirmada la responsabilidad penal del aquí imputado.

Puntualmente Miño, al principio de su declaración, dijo que no recordaba nada y a las preguntas que le hizo el Sr. Fiscal contestó negativamente. Se le exhibió su testimonial de fs. 1/3 del Anexo Nro. 3 del Expediente 26.144, reconoció su firma y comenzó a hacer algo memoria. Dijo que entró a trabajar en la comisaría de Tigre 1º en el año 1973 y que en el 76´ se desempeñaba allí como agente. Recordó la existencia de personas encapuchadas que llevaban los militares a esa dependencia policial y señaló que era él quien las custodiaba. Agregó que a los familiares que preguntaban por esos detenidos no se les permitía verlos. Indicó que eran alojados en las oficinas propias del personal policial, como la oficina de expedientes, el comedor de los oficiales y luego agregó la sala de radio, lugares en los que los militares llevaban y traían a las personas detenidas

El testigo hizo una diferenciación en cuanto a la calidad de los detenidos y dijo que a los presos comunes se los alojaba en los calabozos, los revisaba un médico y se los registraba en el libro. A los otros detenidos los alojaban en las oficinas de la comisaría, los traían golpeados y no se los registraba en los libros.

El testigo narró que los militares se manejaban con el personal jerárquico de la comisaría, señaló que se trataba del Comisario. Fue muy claro cuando dijo que ese personal jerárquico no podía desconocer que había encapuchados, citamos textualmente “cómo no lo van a saber si ellos estaban a cargo de la dependencia”. Resulta prueba contundente en cuando a la responsabilidad del aquí imputado.

Julio Arturo Peralta al ser preguntado por las generales de la ley dijo que conocía al procesado Juan Demetrio Luna. Reconoció haber prestado servicios en la Comisaría de Tigre en el año 1976. Inicialmente no recordaba nada de nada pero a lo largo de su declaración fue recobrando la memoria. Se le exhibió su declaración de fs. 7/8 del referido Anexo Nro. 3 y reconoció como suya la firma de fs. 8. Luego de ello recordó que el 24/3/76 se encontraba de guardia y que llegó a la Comisaría un grupo de militares. Dijo que luego del golpe del 76 las modificaciones en las actividades de la comisaría las cumplían los jefes, incluyendo al comisario desde ya.

Reconoció la existencia de un área restringida dentro de la Comisaría y que tenía ese carácter para todo el personal menos para los militares y jefes de la dependencia policial.

Peralta también distinguió entre detenidos comunes y detenidos por los militares, refirió que esos últimos eran presos políticos. Señaló en cuanto a los presos políticos que solo tenía acceso a ellos el personal jerárquico de la comisaría. Agregó que los detenidos comunes eran registrados en los libros de la comisaria pero respecto de los otros no sabe si eso se hacía.

Se le preguntó si había recibido órdenes por parte de autoridades militares y dijo que esas órdenes se las daban a los jefes de la Comisaría.

Por último recordó que fue a llevar sobres cerrados a Campo de Mayo, en época de la dictadura. Aclaró que esos sobres se los entregaba personal policial.

Han sido incorporados por lectura las declaraciones testimoniales de otros policías que prestaban funciones en la 1ra. de Tigre que se encuentran en el Anexo N° 3 Expediente 26.144 (José Norberto Ismael Maiolo Fs. 59/62, Ramón Fernando Soria fs. 3/4, Osvaldo Berterreigts fs. 10, José Andrés Ponce fs. 14, Víctor Pedro Rómulo Dengra fs. 21/22). Todos ellos señalaron que a partir del 24/3/76 la presencia de personal del ejército era permanente, que pertenecían a la Escuela de Ingenieros con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, correspondiente al Área 410, a cargo de CAMBLOR y como segundo jefe MOLINARI, de la cual dependían operacionalmente. Señalaron que los detenidos eran alojados en la Comisaría en las distintas oficinas y calabozos, que todos estaban encapuchados y eran torturados en los interrogatorios. Que esas detenciones no se anotaban en los libros de la dependencia policial y no daban información a sus familiares.

En particular Ramón Fernando Soria aclaró que unos meses antes del golpe, Molinari y otros militares ya iban a la Comisaría y a la Unidad Regional Tigre de vez en cuando, pero que a partir del golpe se quedaron permanentemente a las órdenes de Molinari. Dijo que el mismo 24/3/76 Molinari arribó a la comisaría con personal de ejército y con 30 detenidos aprox. que eran alojados en la oficina o en los calabozos, todos encapuchados, venían golpeados y los volvían a golpear en los interrogatorios que se hacían en la comisaría. Indicó que las torturas eran brutales y que a los detenidos que se llevaban de la comisaría los llevaban a Campo de Mayo, al área 410 y no volvían más. Que eso lo supo por comentarios del personal militar, que cree que dependían de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. Si iban los familiares a preguntar por ellos, tenían órdenes de no dar información. Recuerda que el comisario en esa época era Luna. Dijo que la Comisaría 1ra. de Tigre dependía directamente de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo.

Por su parte, el testigo fallecido José Andrés Ponce declaró que con motivo del Golpe de Estado se instalaron los militares en la comisaría 1º de Tigre. Que recuerda que los militares llevaban gente detenida a la comisaría y que estos se encontraban “en el aire”, lo que significa que no estaban registrados. Que recuerda a un militar de apellido Molinari, que dependía militarmente de Campo de Mayo. Agregó que muchos familiares se presentaban para averiguar por las personas detenidas, pero los policías tenían órdenes de no brindar ninguna información.

CALIFICACIÓN Y CONCURRENCIA

Los hechos descriptos y probados en el presente juicio son calificados por esta querella como: privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por el uso de violencia y amenazas, arts. 144 bis, inciso 1º y último párrafo (según ley 14.616) este en función del art. 142 inc. 1º (según Ley 20.642), en dos casos (Fateche y Derganz); imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos 144 ter, primer y segundo párrafo, según ley 14.616), en cuatro hechos, todos en concurso real, Art. 55 del C.P.

Los tormentos que sufrieron las víctimas mientras estuvieron alojadas en la Comisaría, con conocimiento de Luna y demás personal policial allí actuante, han quedado corroboradas con los diversos testimonios prestados por Victorio Deragnz y los familiares de las víctimas. Se suma a ello las testimoniales de los policías que prestaron funciones en la Comisaría 1° de Tigre. Esas pruebas ya han sido valoradas por esta querella, a lo que nos remitimos.

La circunstancia de que Fateche y Derganz estuvieron alojados en condiciones inhumanas de detención dentro de la Comisaría 1ra. de Tigre, que funcionó como un centro clandestino de detención, tal como lo detallara Derganz, implica un grave menoscabo físico y psíquico que debe ser equiparado a la imposición de tormentos.

Puntualmente dijo que durante su secuestro en la Comisaría 1ra. de Tigre, las víctimas fueron encapuchadas, les ataron las manos y fueron brutalmente torturados. Derganz narró en sus distintas declaraciones testimoniales que permaneció casi todo el tiempo en un depósito situado debajo de una escalera de pequeñas dimensiones, que debía agacharse para entrar a él. Que prácticamente no recibió comida ni aguda, le daban cada tres días y no lo asistieron en sus necesidades fisiológicas

Siguiendo el criterio de este propio Tribunal en la sentencia de la causa 2005, esta querella sostiene que el agravante de los tormentos por ser las víctimas perseguidos políticos no requiere la concreta filiación a un partido político, sino que la motivación de persecución política surge claramente de los propios informes oficiales (DIPBA), lo establecido por el Plan del Ejército. Ese agravante se configura con la conducta del autor del delito, más no con las características del sujeto pasivo.

Fundamos lo expuesto en que la propia víctima en sus declaraciones testimoniales de fs. 501 y 897/9 dijo que durante su cautiverio en la Comisaría 1ra. de Tigre lo interrogaron respecto de sus ideas políticas, le preguntaron si conocía activistas y le pedían nombres de subversivos. Señaló que le miraron las manos y le dijeron que él era un subversivo. Asimismo, en la oportunidad de participar de la inspección ocular efectuada en esa dependencia policial, Derganz manifestó que al momento de su liberación le dijeron que Carlitos (refiriéndose a Fateche) era subversivo y que no preguntara más por él (fs. 893/4). La víctima fue nuevamente secuestrada en el año 82 en una Comisaría de Capital Federal donde lo interrogaron respecto de sus actividades y le decían que Fateche era un subversivo.

En el Informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, se encuentra la descripción de la estructura de la policía de la Provincia de Buenos Aires, en el período 1975-1984, la que se regía por la ley Orgánica No. 8268, en vigor desde 1974 hasta diciembre 1976 y desde esa fecha rigió la Ley Orgánica No. 8686 del 28 de diciembre de 1976 hasta 1980.

Ambas leyes establecían que la policía debía actuar como auxiliar permanente de la administración de justicia y ejercer las funciones para proteger la vida, los bienes y los derechos de la población. La legislación citada disponía que los integrantes con estado y autoridad policial, en cualquier momento y lugar de la provincia, “deberán ejercer los actos propios de sus funciones de policía de seguridad y judicial, para lograr que se cumplan los requisitos exigidos por la ley”. Por último consagraba la referida normativa que es función de la policía “Asegurar la plena vigencia del orden constitucional y las leyes y el libre ejercicio de los poderes de la Nación, de la Provincia y de los derechos de los ciudadanos” (art. 7, inc. c) Ley 8268).

En el mismo informe se encuentra el análisis jurisdiccional de la Unidad Regional XII de Tigre, donde consta que las dependencias policiales que operaron al menos entre 1975/77 fueron, entre otras, la Comisaría 1º de Tigre.

Ahora bien, Luna siendo Comisario omitió sus deberes, tanto de vigilar lo que sucedía en la jurisdicción a su cargo, como lo que pasaba en su propia Comisaría. Su conducta fue precisamente haber sido parte de la cadena, en su rol de autor mediato, poniendo a disposición los medios necesarios, tanto materiales como humanos, precisamente sin obstaculizar su utilización para las privaciones ilegales de libertad y la imposición de torturas, es decir se trata de no sólo de una omisión de deberes dolosa, sino también, su participación activa, lo que aseguró la comisión de los hechos.

Todo esto es concordante con las declaraciones indagatorias prestadas por el imputado (obrantes a fs. 757/760 y 1474/1478) quien reconoció la existencia de un área restringida dentro de la comisaría, que era el sector de calabozos destinado al alojamiento de mujeres y que él mismo lo cedió a la autoridad militar para alojar a los detenidos que ellos traían, quienes no eran registrados de ningún modo. También refirió que recibió directivas generales sobre la colaboración a las FFAA en su quehacer para combatir la subversión y aclaró que dicha colaboración consistía en que ante la solicitud de los militares se le habilitaba personal policial, móviles entre otras cosas. Luna reconoció que en la época en que fue comisario la policía estaba subordinada a las FFAA y que la comisaría de Tigre estaba dentro del Área militar con asiento en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo.

Tal conducta constituye una autoría mediata en la privación ilegal de la libertad de Fateche y Derganz. Ello es así porque Luna facilitó los medios y el lugar donde se llevó adelante la estadía forzosa y clandestina de las víctimas. Respecto de los argumentos de la autoría adherimos a lo expuesto por el Sr. Fiscal a lo que nos remitimos.

En relación con los tormentos sufridos por las víctimas de esta causa, también consideramos que el imputado Luna es también autor mediato, pues tenemos en cuenta que se trataba del jefe de la dependencia policial, que no obstaculizó su aplicación, como tampoco intervino para hacer cesar o mejorar las graves condiciones en que se encontraban en la dependencia a su cargo, colaborando de forma necesaria en la imposición de tales tormentos.

Las víctimas fueron secuestradas en las inmediaciones de la fábrica Ford por fuerzas conjuntas (ejército y policía), luego de ser llevadas a instalaciones de la fábrica fueron conducidas inmediatamente a la Comisaría 1º de Tigre que funcionó como un verdadero CCD. Fateche y Derganz quedaron alojados en la dependencia a su cargo en la que fueron torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención, equiparable a la imposición de tormentos. Las víctimas estuvieron dentro de la dependencia con total clandestinidad, siendo el mismo Luna quien atendió en varias oportunidades a sus familiares, a quienes se les negó su presencia en la Comisaria.

Es decir, Luna recibió a los nombrados en la Comisaría de la que era titular –fueron conducidos mediante el uso de violencia y amenazas y con abuso de autoridad-, y los mantuvo en ella sin haber observado las formalidades básicas como la notificación al juez penal competente, autoridad militar y superioridad policial, fichaje de los detenidos, atención médica correspondiente, comunicación con sus familiares, etc. Así, toda la clandestinidad que tiñó los hechos que están siendo juzgados se hubiera evitado si Luna hubiese cumplido las formas básicas mencionadas, que el poder de facto imperante a la época de los hechos, no derogó.

Como se indicó, el procesado responderá de ese modo por la acreditación de estos hechos, con una atribución objetiva y subjetiva por haber tenido conocimiento y voluntad en la realización de esas acciones típicas, obrando con dolo directo en todos los casos

Finalmente los tipos penales detallados concursan materialmente entre sí, en los términos del art. 55 del C.P.

XI. PETICIÓN DE CONDENAS Y LAS PENAS PEDIDAS

Conforme los hechos precedentemente descriptos, y las responsabilidades indicadas, esta querella, expresamente pide al Tribunal que:

Se condene a Juan Demetrio LUNA, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por los hechos que le fueron requeridos, probados y calificados en este juicio, como autor mediato del delito de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional, agravada porque el hecho se cometió con violencia y amenazas, reiterada en dos casos, y tormentos reiterados en cuatro hechos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos (por las torturas sufridas por las víctimas durante su cautiverio en la Comisaría y por las condiciones inhumanas de detención que ambos debieron soportar, situación que debe ser equiparada a la comisión del delito de tormentos), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 144 bis, inciso 1º y último párrafo (según ley 14.616) este en función del art. 142 inc. 1º (según Ley 20.642) y 144 ter, primer y segundo párrafo (según ley 14.616) del C.P. a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación especial absoluta y perpetua, más accesorias legales, costos y costas del proceso.

FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS

La pena de prisión solicitada deberá ser de cumplimiento efectivo y en cárcel común.

FUENTE  http://www.sprensalibre.com.ar/index.php?id=4205

 

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